HNH Energy recibe la recomendación de aprobación del Sea y su suerte se definirá el próximo miércoles

El “Proyecto Integral para la producción y exportación de amoníaco verde – HNH Energy”, la mayor iniciativa de su tipo proyectada en Magallanes, quedó a un paso de obtener su aprobación ambiental. El Servicio de Evaluación Ambiental (Sea) de la región recomendó aprobar su Estudio de Impacto Ambiental (Eia), en un informe cuya definición final quedará en manos de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) el miércoles de la próxima semana.

Se trata del segundo proyecto más grande ingresado en la historia de la institucionalidad ambiental del país. La iniciativa, presentada a evaluación en julio de 2024 por un consorcio europeo, contempla una inversión de 11 mil millones de dólares para instalar una planta de producción de amoníaco verde a partir de hidrógeno verde, en la zona de San Gregorio, al norte de Punta Arenas.

Además de la planta, el proyecto incluye una desaladora de agua de mar para la producción de hidrógeno, un parque eólico de 194 aerogeneradores, un puerto para almacenar y exportar el amoníaco -que también permitirá recibir las piezas y partes de la obra- y un campamento para los trabajadores. Según el expediente, la iniciativa tiene una vida útil estimada de 50 años y, al momento de su ingreso, proyectaba unos 2.446 puestos de trabajo en su etapa de construcción y 1.472 en la de operación.

El camino de la evaluación no ha estado exento de reparos. A fines de diciembre pasado, HNH Energy solicitó al Sea extender el plazo para responder a las 364 observaciones que había recibido hasta ese momento, entre ellas el levantamiento de áreas arqueológicas y la elaboración de un estudio de la ruta de carga sobredimensionada que requiere la obra. Precisamente esa ruta -la ampliación del camino internacional que atraviesa la Zona Típica Estancia San Gregorio- ha sido uno de los puntos de mayor tensión del proceso.

En efecto, el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) resolvió no dar su conformidad al proyecto en lo relativo al impacto sobre ese monumento histórico, al advertir que la ampliación de la ruta generará un “impacto significativo” en el conjunto patrimonial y podría provocar daños irreversibles en inmuebles en mal estado de conservación. El organismo reconoció, no obstante, los límites de sus facultades, ya que su pronunciamiento no obliga al Sea. El propio subsecretario de Patrimonio ya había relativizado en mayo esas observaciones, señalando que no comprometerían el avance de la iniciativa.

El proyecto también ha sido cuestionado por vecinos del sector. En la reciente audiencia ante el Tribunal Constitucional por la Ley de Reconstrucción Nacional, una habitante de la zona expuso que el estudio ambiental de la iniciativa habría consignado su vivienda como abandonada o inexistente, pese a que –afirmó- su familia habita y desarrolla ganadería en el lugar desde hace más de cuatro décadas.

Con la recomendación de aprobación ya emitida, el plazo para que los servicios públicos con competencia ambiental visen el Informe Consolidado de Evaluación vence el 24 de agosto. Dos días después, el miércoles 26 de agosto a las 15 horas, la Coeva de Magallanes -integrada por la delegada presidencial y los seremis de las carteras con competencia ambiental- tendrá la última palabra sobre el proyecto, que figura como único punto en la tabla de esa sesión.

Cabe recordar que, como reportó este medio en mayo, la delegada presidencial de Magallanes, Ericka Farías, indicó que se abstendría de la votación de esta y otros proyectos, dado su rol como gestora y ejecutiva en la industria del hidrógeno verde en los meses y años anteriores a asumir el cargo bajo el gobierno de Kast.