Municipio de Porvenir paraliza obras en la Planta de Aguas Magallanes: proyecto no contaba con permiso de edificación

La Dirección de Obras Municipales (Dom) de la Municipalidad de Porvenir dispuso ayer la paralización de los trabajos que ejecuta en esta ciudad la empresa sanitaria Aguas Magallanes, por el considerable atraso en tramitar los derechos de edificación al interior del sitio de la Planta de Estanques y Tratamiento del Agua Potable de esta ciudad. De acuerdo a los antecedentes obtenidos, la sanitaria no habría presentado el Permiso de Construcción en su debido momento, antes de iniciar la ampliación en sus instalaciones.

Los trabajos, según lo que apreciaron los vecinos de calle Carlos Wood cuando vieron el transporte de contenedores y maquinaria llegar a la parte alta de la ciudad isleña, habrían comenzado a inicios de noviembre del año pasado en la Planta de Estanques, por lo que sin el permiso, también se ha eludido el pago de los respectivos derechos municipales desde esa fecha. No está claro si la deuda le corresponde directamente a la sanitaria, o a la Constructora Sur Romeral, la empresa contratista a la que mandató.

Lo concreto es que en la tarde de ayer un grupo de inspectores municipales concurrió al recinto donde se realizaban los trabajos, portando la notificación que disponía paralizar las obras hasta que no se regularice el permiso por derechos de construcción, como hace cualquier vecino, empresa o institución que ejecute alguna modificación en su propiedad.

Nunca se solicitó
el permiso municipal

En este caso nunca se habría cumplido la solicitud de permiso municipal antes de comenzar a construir, ni se habría presentando el proyecto respectivo a través de un profesional competente -y menos los pagos complementarios-, acumulándose 10 meses de trabajos irregulares, lo que también podría significar una multa (cuyo monto se desconoce) por estar fuera de todo plazo.

De acuerdo a una fuente de Aguas Magallanes, a nivel ejecutivo se habría alegado ante la municipalidad fueguina que, en primera instancia, este tipo de obras sanitarias no requieren permiso de edificación, de acuerdo a la Ordenanza de Urbanismo y Construcción. Una materia que deberá dilucidarse en los próximos días, ya que el plazo de regularización en la Dom se extiende sólo hasta este viernes, y se sabe que hoy Aguas Magallanes se referirá oficialmente al serio obstáculo que le impide seguir construyendo.

Otro aspecto que se conoció ayer respecto a la misma obra, es que la contratista de la sanitaria ocupaba una amplia área de la berma de calle Carlos Wood, frente a la Planta de Estanques, con su maquinaria, materiales y contenedores, para lo cual el alcalde Gabriel Parada le concedió permiso libre de costo, pese a que no se trata de un caso social. Esta ocupación del espacio público -dada su extensión- habría costado 12 millones de pesos mensuales, por lo que el municipio dejó de percibir en todo este tiempo $120 millones, de haberse cobrado ese derecho.

Revés a las esperanzas
de los parceleros

Fue así que antes de la noche de ayer se desocupó completamente el exterior y el interior del área de obras, desapareciendo la maquinaria y demás elementos de trabajo, e incluso no se vio más trabajadores ni cuidadores en el terreno de ejecución. No fue posible conocer la versión del alcalde de Porvenir, Gabriel Parada, quien estuvo inubicable.

La paralización del proyecto de ampliación, mejoramiento y potenciación del agua potable de Porvenir no sólo deja a la ciudad sin estos avances, ya que también -como se anunció el martes en Fueguinas- iba a significar que los sectores periurbanos de los loteos Selknam y Laguna de los Cisnes podrían contar con el vital líquido en un plazo menor a tres años.

El proyecto cuenta con intervención municipal, por lo que llama la atención que sea la misma municipalidad la que ordenó la paralización de faenas, aunque por otro lado, la Dom podría ofrecer a la compañía un plazo de regularización de 90 días. El “frenazo” a las obras -cuya resolución podría tardar meses en ser resuelto- diluye las esperanzas de los parceleros de tener agua potable, al menos “por tiempo indefinido”, como ocurrió años antes con el APR (Agua Potable Rural).