Soberanía en el estrecho

Realizadas en medio de la polémica con Argentina,

las maniobras tácticas y de fuego real del denominado “Navy Day”, encabezadas personalmente por el Presidente José Antonio Kast a bordo de la fragata Capitán Prat -y acompañado por sus ministros del Interior y de Defensa-, pueden interpretarse como una señal clara.

Aunque desde el propio Ministerio de Defensa se haya insistido reglamentariamente en que este despliegue forma parte de un “plan permanente” de la Armada de Chile y que “no guarda relación con la situación coyuntural” que tiene tensionado el vínculo bilateral, es innegable que ver al Jefe de Estado liderando maniobras militares en el estrecho de Magallanes en este preciso momento resulta tan oportuno como necesario. Frente a las pretensiones expansionistas latentes en sectores de la vecina república, el Estado chileno ha recordado, de forma práctica, dónde se ejerce y se vigila la soberanía nacional.

Este despliegue de disuasión y control operativo se complementa con la firme postura del ministro de Defensa, Fernando Barros, cuyas declaraciones públicas han venido a marcar un límite indispensable. Al señalar categóricamente que “el estrecho de Magallanes es chileno y es soberanía no compartida”, la autoridad despeja de plano cualquier intento de revivir la fantasía geopolítica de una “administración conjunta”. Esta firmeza discursiva es fundamental, especialmente cuando se da en el contexto de la persistente vigencia del Decreto 457, dictado por Argentina en 2021, un polémico mapa de navegación que de manera inaceptable califica a las aguas del estrecho como una zona de “control” o “explotación conjunta”.

No obstante, la diplomacia y la defensa nacional no pueden sostenerse indefinidamente sobre la base de discursos tranquilizadores o llamadas telefónicas de cortesía. Si bien el ministro de Defensa argentino se comunicó directamente con su par chileno para atenuar la polémica y ratificar el reconocimiento de la soberanía nacional sobre el paso interoceánico, los tratados internacionales y el respeto mutuo no se garantizan con promesas verbales, sino con realidades jurídicas plasmadas en el papel.

La información oficial confirma que un documento que rectifica el controvertido Decreto 457 se encuentra actualmente en la Casa Rosada, listo “para la firma del Presidente Milei”. Un texto que supuestamente subsana el “error” de la administración transandina anterior y que, según confía el Ejecutivo chileno, debería resolverse de manera rápida.

Sin embargo, el propio ministro Barros ha admitido que el Gobierno de Kast aún no conoce el tenor exacto de dicho documento. En este escenario, la cautela debe primar por sobre el optimismo apresurado.

A diferencia de lo afirmado ayer por Kast en Punta Arenas, este tema no está zanjado. El país y nuestra región exigen un gesto claro, definitivo y formal por parte del Presidente Milei que derogue de manera efectiva las disposiciones del Decreto 457.

Mientras esa firma presidencial no se estampe en el documento oficial, cualquier declaración de hermandad seguirá bajo la sombra de la desconfianza. La soberanía chilena sobre el estrecho de Magallanes, consagrada de forma definitiva en los tratados de 1881 y 1984, no es negociable ni admite dobles lecturas. Es momento de que Buenos Aires pase de las palabras a los hechos.