Seis meses: gobernar es convocar

Ángel Roa
Seremi de Gobierno
Región de Magallanes y de
la Antártica Chilena

Hace algunas semanas, la Comisión de Seguridad del Senado sesionó en Punta Arenas para revisar el avance de la Escuela de Formación de Carabineros. En la sala había autoridades de distintos sectores políticos -el Gobierno Regional, la Delegación Presidencial y los senadores convocados- junto al alto mando de Carabineros.

Nadie preguntó por militancias, porque el problema que los había reunido tampoco las tenía: somos la región con menor dotación policial del país y la de mayor extensión territorial. Formar carabineros acá no es un capricho local, sino una necesidad.

Esa escena explica estos primeros seis meses de Gobierno mejor que cualquier enumeración de logros. Chile avanza más cuando somos capaces de trabajar con quienes piensan distinto. No se trata de borrar diferencias ni renunciar a las convicciones, sino de entender algo sencillo: los problemas de las personas no preguntan por quién votaron.

El Presidente lo planteó en Valdivia al cumplirse el semestre. Buena parte de los avances de estos meses ha requerido colaboración, pero también discusión con el Parlamento y los gobernadores. Y cuando esa discusión busca soluciones, enriquece. El proyecto de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social requirió votos más allá del oficialismo, mientras Modo Empleo se articula con gobernadores y municipios.

En Magallanes lo vimos durante la reciente visita presidencial. La disposición del gobernador regional a trabajar con el Gobierno se expresó en el anuncio del Convenio Minvu–Gore 2027-2032, que proyecta 7.500 soluciones habitacionales, financiadas mayoritariamente por el Ministerio de Vivienda con aporte del Gobierno Regional.

Cuatro mil estarán destinadas a sectores medios y emergentes. No es un detalle menor: Magallanes es la única región donde el déficit habitacional de la clase media supera al de los sectores vulnerables. Son familias que trabajan, quedan fuera de los programas tradicionales y tampoco pueden resolver por sí solas el acceso a una vivienda. Frente a eso, sirve poco competir por quién tiene la razón. Sirve sentarse a resolver.

La Escuela de Carabineros sigue la misma lógica. Ya existe un terreno desafectado en Río de los Ciervos y hay estudios en curso. Cuando se concrete, permitirá formar entre 60 y 90 carabineros al año en nuestra región. Y cuando hay un problema real delante, importa bastante menos quién obtiene el crédito que lograr que la solución avance.

También hay señales positivas en empleo. La última medición del Ine situó la desocupación regional en 5,9%, una de las dos tasas más bajas del país, frente al 9,5% nacional. Hoy hay casi 100 mil personas ocupadas en Magallanes, cerca de tres mil más que hace un año, y 96 empresas de la región han postulado al subsidio a la contratación por 238 trabajadores.

Pero quedan desafíos. La informalidad regional subió a 21,1% y la economía de Magallanes se contrajo en el primer trimestre. No basta con crear empleo: necesitamos empleo formal y estable, acompañado de una economía regional que vuelva a crecer. Reconocer lo que todavía no funciona no debilita a un Gobierno. Le recuerda para qué está.

En seguridad es donde más claramente percibo un cambio de mano, y lo digo como alguien que recorre esta región todas las semanas. El Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados registró 472 víctimas durante el primer semestre, 41 menos que el año anterior: una caída de 11,5% que deja los homicidios en su nivel más bajo desde 2022.

No son cifras para conformarse. Cada homicidio significa una vida perdida y una familia golpeada. Pero sí muestran que avanzamos en la dirección correcta.

Y ese avance tampoco consiste en sostener que todo comenzó el 11 de marzo. La tendencia ya venía descendiendo, y reconocerlo no nos quita nada. Gobernar también significa tomar aquello que funciona, profundizarlo y poner la seguridad entre las primeras obligaciones del Estado, con una agenda que avanza en el Congreso porque distintos sectores entendieron que frente al crimen organizado las trincheras sirven de poco. Una política pública correcta no deja de serlo porque haya comenzado bajo otra administración. El Estado pertenece a Chile, no al Gobierno de turno.

Ese mismo ánimo se nota fuera del Estado. Entre enero y julio se constituyeron en Chile más de 140 mil nuevas empresas y sociedades, el mayor registro para ese período desde el inicio de la serie. Detrás de cada una hay alguien que decidió arriesgar, formalizarse y, en muchos casos, contratar.

En su primera Cuenta Pública, el Presidente lo resumió con una frase: “Aquí no compite la derecha con la izquierda, compite Chile contra el estancamiento”.

Esa idea importa porque detrás de cada discusión política existen personas esperando respuestas. Más de 940 mil chilenos buscan trabajo y no lo encuentran. Hay familias esperando una vivienda y barrios que exigen mayor seguridad. Frente a ellos, el Estado no puede preguntar cuál fue su voto antes de actuar.

Por supuesto que seguiremos discutiendo. Habrá diferencias profundas y ocasiones en que no llegaremos a acuerdo. Así funciona una democracia. Lo que no podemos permitir es que la disputa se convierta en una excusa para no avanzar, porque mientras la política discute quién gana, quienes esperan son las personas. Quienes estamos temporalmente en el servicio público no podemos perder ese norte.

Seis meses es poco tiempo. Pero alcanza para reconocer una forma de gobernar. Tener convicciones firmes no impide conversar. Llegar a acuerdos no significa renunciar a ellas. Y gobernar no consiste únicamente en tener razón: también exige convocar a otros para resolver los problemas del país.

Porque cuando Chile está primero, trabajar juntos no es una concesión. Es un deber.