Profesor termina condenado a una pena de 4 años por tráfico de drogas tras lo cual recobró su libertad

En horas de la mañana admitió responsabilidad en el delito de tráfico de drogas y por la tarde el profesor Sebastián Alejandro Robinson Uribe recobró su libertad.

Inicialmente la audiencia de este martes estaba convocada para revisión de la prisión preventiva, pero finalmente derivó en un procedimiento abreviado.

La fiscal jefa de Punta Arenas, Johanna Irribarra Alarcón, expuso los antecedentes policiales que llevaron a la detención de esta persona por Ley de Drogas 20.000.

Efectivos del OS-7 de Carabineros lograron establecer que desde el año 2025 el imputado era un proveedor de droga de consumidores locales. Lo hacía tanto vía “delivery” como ventas en su domicilio, de la villa Cardenal Raúl Silva Henríquez.

Fue una denuncia anónima la que dejó al descubierto el actuar del “profe Seba”. Los policías iniciaron vigilancias y seguimientos de la casa sindicada por vecinos. Pero no encontraron nada sospechoso. Sin embargo sí en el domicilio del acusado, donde registraron movimientos asociados a venta de droga.

Claro, la vigilancia policial los llevó a constatar que el delito como tal se estaba cometiendo en el domicilio contiguo, del mismo pasaje Sergio Troncoso, correspondiente a Sebastián Robinson.

Pudieron ver que un sujeto salía a la puerta de calle y realizaba lo que en jerga de venta de droga se conoce como “pasamano”.

A partir de ahí el OS-7 puso los ojos en la casa del acusado.

El docente hacía entregas en auto en diferentes sectores de la ciudad. Así lo pudieron constatar con los seguimientos a corta distancia.

La entrega que le costó quedar en prisión la hizo en su casa, el 16 de junio de 2026, donde finalmente Carabineros procedió a su detención.

En el allanamiento al domicilio del profesor encontraron un sistema de cultivo de marihuana “indoor”, con 4 plantas en proceso de crecimiento; además de 65 gramos de marihuana a granel, una pesa digital, 133 mil pesos en dinero en efectivo y los vehículos utilizados para el “delivery”.

La fiscal ofreció una pena única de 4 años de presidio y pago de una multa de 10 UTM.

El acusado aceptó los hechos de la acusación y la sanción, con la renuncia de ir a juicio, y el defensor pidió que el cumplimiento de la pena fuera en libertad. Entre otros argumentos, porque su representado no registra antecedentes penales.

La jueza Paula Stange accedió al no existir oposición del Ministerio Público. Y en horas de la tarde el condenado abandonó la cárcel de Punta Arenas.