Ajunji alerta por eventual impacto en la red pública de salas cuna en Magallanes

La discusión del proyecto de Ley de Sala Cuna Universal genera reparos entre los trabajadores de la educación parvularia de Magallanes, principalmente por el riesgo de que una nueva modalidad de financiamiento termine debilitando la red pública existente. Así lo planteó el presidente regional de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Ajunji), Jaime Pinto, quien sostuvo que la región dispone actualmente de una oferta pública amplia y con capacidad para recibir a más párvulos.

El dirigente valoró que la iniciativa busque terminar con la discriminación establecida en el artículo 203 del Código del Trabajo y ampliar el acceso a sala cuna, pero sostuvo que el objetivo debe ir acompañado de un fortalecimiento de la educación pública.

“Los trabajadores apoyamos la idea de terminar con la discriminación que hoy establece el artículo 203 del Código del Trabajo, en el sentido de que la sala cuna sea realmente universal, y que considere y amplíe la oferta de educación parvularia existente”, anotó.

El dirigente remarcó que, para Ajunji, la universalización debe estar vinculada a una mayor capacidad de la red estatal. “Este avance es necesario y es justo, sin embargo ese objetivo debe lograrse sin poner en riesgo la continuidad y disponibilidad de los servicios de la red pública de sala cuna y sin tener que trasladar el financiamiento a los trabajadores, y usuarias”, afirmó.

La principal preocupación está relacionada con el riesgo de que la aplicación de la iniciativa termine generando una mayor expansión de la oferta privada en desmedro de la red pública. Pinto sostuvo que el proyecto podría generar en la práctica dos sistemas de educación inicial distintos y separados: una red pública financiada por el Estado; y una red privada, con menores exigencias en términos de estándares educativos, y financiada con las cotizaciones de todos los trabajadores, y potencialmente con recursos de los bolsillos de las familias, como consecuencia de copago, en el caso que la bonificación no sea suficiente”.

En el caso de Magallanes, la capacidad existente permitiría incluso aumentar la cobertura. “Hoy en Magallanes la oferta es amplia; con la capacidad incluso de incorporar a un número aún mayor de párvulos, todo ello a través de la oferta pública existente en la región… Sin embargo la proliferación de la ley de sala cuna tal y como está definida, puede provocar una merma para la oferta pública, beneficiando iniciativas privadas, con un menor estándar de calidad y con una alta posibilidad de instalar un copago”.

Desde esa perspectiva, planteó que el proyecto debería considerar la realidad territorial de la región y apuntar a consolidar los servicios que ya existen. “En tal caso creemos conveniente potenciar y robustecer esa red pública de educación Parvularia”.

La situación de las comunas apartadas también forma parte de las consideraciones que, a juicio de Ajunji, deberían incorporarse a la discusión. Para Pinto, una política de sala cuna debe responder a las características propias de cada territorio. “A nuestro juicio para ello debería fortalecerse la oferta y red pública de educación Parvularia, con pertinencia cultural, atendiendo las particularidades de cada territorio”, señaló.

Respecto de las condiciones mínimas que debería garantizar una política de sala cuna, el dirigente insistió en que la universalidad debe ir acompañada de calidad y de un fortalecimiento de la red pública existente. “Que sea realmente universal, en el sentido que pueda satisfacer las necesidades de educación inicial de todos los niños y niñas, y sus familias, a través del fortalecimiento de la red pública ya existente; tendiendo siempre a la calidad de la educación Parvularia”, expresó.