Unas 700 casas de Punta Arenas aún conservan techos con asbesto y Serviu contrató consultora para el catastro oficial

• -Un catastro municipal proporciona dicha cantidad de viviendas que aún conservan techumbres de asbesto cemento, un material prohibido en Chile desde 2001. Mientras el Serviu afina la cifra -un estudio que recién concluye en diciembre-, tres reparticiones del Estado discuten quién financia el recambio y el costoso traslado de los desechos fuera de la región. La medicina entrega una respuesta incómoda: el mayor riesgo no está en vivir bajo esos techos, sino en cómo sacarlos.

Lucas Ulloa Intveen
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En Punta Arenas hay cerca de 700 viviendas que todavía conservan planchas de asbesto cemento en sus techumbres. La cifra no es una estimación gruesa: es el resultado de un catastro que la Dirección de Obras Municipales (Dom) viene levantando desde al menos 2021, apoyado en el repositorio de planos y proyectos de la ciudad. “Nosotros tenemos catastradas 700”, confirmó a este medio el alcalde Claudio Radonich. Es el número más preciso que existe sobre un problema que la ciudad arrastra hace medio siglo y que pocas veces se nombra voz alta.

El asbesto cemento -esas planchas grises de “pizarreño” que cubrieron buena parte de la construcción social chilena- está prohibido en el país desde 2001, cuando el Decreto Supremo 656 del Ministerio de Salud vetó su producción, importación y uso en la construcción por su comprobado efecto cancerígeno. Pero la prohibición no es retroactiva: lo que ya estaba instalado siguió donde estaba. Tanto en Magallanes como en el resto del país e incluso alrededor del mundo, ese “donde estaba” son cientos de techos que hoy tienen cuatro décadas o más.

El foco público se encendió en la última sesión del Concejo Municipal, cuando los concejales Carla Jiménez y Germán Flores pusieron sobre la mesa unas 40 viviendas de la villa Cardenal Raúl Silva Henríquez que llevan más de 25 años esperando el recambio de sus techumbres. Pero ese caso es apenas la punta visible.

“Todas las urbanizaciones que se efectuaron durante los años 90 -población Raúl Silva Henríquez, Manuel Chaparro, Aves Australes, Loteo del Mar- se construyeron con planchas de asbesto cemento, porque la normativa de esa época lo permitía”, explica Alex Saldivia, director de Obras Municipales. Desde la Dom, dice, el catastro “se ha venido haciendo hace bastantes años; no es un tema nuevo”, y arroja aproximadamente 700 viviendas que aún mantienen el material en su techumbre.

Sobre ese trabajo municipal se montó, además, el esfuerzo del propio Estado central. Según Saldivia, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) contrató a una consultora que hoy trabaja dentro de la Dom, sobre ese mismo repositorio de planos, para afinar el número.

Consultado por este medio, el Serviu detalló su método: para seleccionar los sectores “se consideró principalmente la antigüedad de las poblaciones, tomando como referencia los años en que fue más frecuente el uso de asbesto cemento”, y desde ahí la consultora “ha realizado visitas a terreno para identificar la materialidad de las viviendas, apoyándose también en registros con drones”, además de cruzar información con distintas instituciones y revisar antecedentes históricos.

Catastro oficial a fin de año

Aquí aparece la primera tensión del caso. Mientras la Dom habla con seguridad de sus 700 viviendas, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) responde con cautela. En un comunicado enviado a este medio, la cartera informó que la Seremi de Vivienda desarrolla “un estudio tipo catastro” iniciado durante el primer semestre de este año, para determinar la cantidad, ubicación y necesidades de intervención de estas viviendas. Y respecto de las 40 casas de la Silva Henríquez mencionadas en el Concejo, fue tajante: “Actualmente no contamos con antecedentes que permitan confirmar esa cifra”.

El mismo comunicado fija los plazos que hoy ordenan todo: el estudio “finalizará en diciembre de 2026”, y recién entonces se podrán “iniciar intervenciones de mejoramiento a partir de 2027”. Es decir, el Estado central admite que aún no tiene su propia cifra oficial -aunque su consultora la esté construyendo sobre los datos que el municipio ya maneja- y no comprometerá obras antes de dos años.

El riesgo está
en manipularlo

¿Qué tan peligroso es vivir bajo uno de esos techos? La respuesta de la medicina es más matizada de lo que sugiere la alarma. El doctor Diemen Delgado, neumólogo especialista en salud ocupacional y PhD en Ciencias de la Salud en el Trabajo, parte por un dato clave: las enfermedades asociadas al asbesto —asbestosis, placas y engrosamientos pleurales y, en el extremo, el mesotelioma— tienen una latencia larguísima y suelen aparecer 40 o 50 años después de la exposición.

Pero su punto central desactiva el pánico y, a la vez, ilumina el verdadero problema. “Si la persona vive en una casa donde se ha identificado fibrocemento, ya sea en el techo, en las paredes, en los baños, no debería haber ningún tipo de riesgo”, señala. El peligro se activa al manipular el material -perforar, ampliar, demoler-: ahí la fibra se libera al aire y puede ser inhalada. Aplicado a Punta Arenas, su conclusión es contraintuitiva: con las cerca de 700 techumbres catastradas “no habría ningún inconveniente (…) salvo que las manipularan”.

Delgado enmarca el asunto en una escala mayor. Chile, recuerda, es de los pocos países de la región que no solo prohibió importar y producir el material, sino que regula su manipulación con permiso sanitario, personal acreditado y vigilancia médica de los trabajadores expuestos bajo la Ley 16.744. Y advierte que es un problema global y de alto impacto en salud pública, que golpea con más fuerza a los sectores más vulnerables.

Sellado, embalado y
fuera de la región

Esa distinción -el material quieto es seguro; el material intervenido, no- es exactamente la que convierte el recambio en un problema mayúsculo. Y la ciudad ya tiene una muestra de lo que implica: en la demolición del antiguo Hospital Regional, el hallazgo de asbesto obligó a frenar las obras y significó un sobrecosto cercano a los $500 millones, según ha consignado este medio.

Hina Carabantes, jefa de la División de Infraestructura del Gobierno Regional de Magallanes, describe el procedimiento que debió seguirse y que grafica por qué retirar el material es caro y lento. Primero una consultoría especializada detecta el asbesto y un laboratorio certifica su presencia; la empresa elabora planes de manejo que la autoridad sanitaria debe aprobar y autorizar. Recién entonces empieza el retiro: se sella todo con látex para que no se levanten partículas, se desmonta el material lo más íntegro posible y se embala en maxisacos herméticos rotulados como residuo peligroso, que salen en un transporte autorizado.

El cuello de botella es que en Magallanes no existe un sitio de disposición final para este residuo. Todo debe salir de la región y, como no puede cruzar por Argentina, viaja en transbordador hasta recintos autorizados en el centro del país -Carabantes menciona Hidronor y Volta, en Chillán-. “Es una experiencia nueva” para el Gobierno Regional, reconoce. Del lado municipal, Saldivia apunta a la misma carencia: la Cámara Chilena de la Construcción explora crear un centro de reciclaje de materiales de construcción, idea nacida tras el terremoto de 2010.

¿Quién paga las 700?

Con el diagnóstico claro, la pregunta de fondo sigue sin dueño: quién financia el recambio de cientos de techumbres y, sobre todo, el traslado de sus desechos. Ahí las tres reparticiones del Estado se miran entre sí.

El municipio se ofrece como articulador, pero no como pagador. Radonich anunció que invitará al director del Serviu al Concejo -hacia octubre- para que explique a los vecinos cómo postular a los subsidios de mejoramiento, y exigió “una segunda línea de financiamiento” destinada al material de desecho, no solo al cambio del techo. El alcalde subrayó, además, la paradoja de origen: “El mismo ministerio en su momento lo usó para las soluciones habitacionales en los 70 y en los 80”.

El Minvu, por su parte, reconoce que dispone de programas de mejoramiento, pero advierte que las intervenciones con asbesto cemento “presentan condiciones particulares en Magallanes” por el manejo especial y el traslado de residuos fuera de la región, “lo que implica costos adicionales”. Su propuesta es incorporar la materia al nuevo Convenio de Programación con el Gobierno Regional, buscando que los recursos sectoriales “puedan ser complementados mediante cofinanciamiento del Gobierno Regional”. Traducido: el ministerio empuja parte de la cuenta hacia el Gore.

Ninguna de las tres reparticiones ha comprometido, por ahora, un monto ni un plazo para las cerca de 700 viviendas. En rigor, ninguna está legalmente obligada a hacerlo: como la prohibición de 2001 no es retroactiva, el enorme stock ya instalado quedó en tierra de nadie. El resultado es una paradoja, pues lo más seguro para las familias, hoy, es no tocar el material; pero la única solución que el Estado les ofrece -cambiarlo- es justamente el proceso caro, complejo y sin destino final en la región que todavía nadie sabe cómo costear. Mientras tanto, el reloj oficial marca diciembre para el catastro y 2027 para las primeras obras.

Retiro del asbesto de la torre de cinco
pisos del exhospital comenzará  Mañana

La renovación del ex Hospital Regional de Punta Arenas entra en su última etapa de manejo de asbesto. La torre de cinco pisos -una de las edificaciones más recientes del antiguo recinto- es el tercer y último bloque cuyo material debe ser retirado antes de avanzar con la demolición, y sus residuos serán trasladados hasta Talcahuano, en la
Región del Biobío, según detalló Hina Carabantes, jefa de la División de Infraestructura
del Gobierno Regional de Magallanes.

El antiguo hospital reunía edificaciones de distintas épocas -las más antiguas, de la década de 1940, correspondientes al antiguo Hospital Lautaro Navarro-, lo que obligó a revisar cada bloque según su data. En ese examen apareció el asbesto, y no solo donde se esperaba: en las dos alas antiguas de medicina y cirugía, el material estaba en el pegamento del piso de flexit instalado años después. A solicitud de la empresa constructora, se licitó la detección, una consultoría especializada tomó las muestras y un laboratorio certificó su presencia y la cantidad a retirar.

Con esos datos, la constructora elaboró tres planes de manejo -remoción, embalaje, traslado y disposición final-, uno por cada bloque: las dos alas antiguas, el consultorio externo y la torre de cinco pisos. La autoridad sanitaria los revisó y autorizó de manera consecutiva. El asbesto de las dos alas ya fue retirado y llevado a destino; el del consultorio externo, correspondiente al segundo plan, también fue autorizado y removido. Queda pendiente la torre, cuyo retiro es la etapa final del proceso y comienza este lunes.