Alcaldesa Tatiana Vásquez acusa irregularidades en contratos que involucran a nuevo director de Sernatur

La oficialización del exintendente de Magallanes y militante Udi, Mauricio Peña y Lillo, como director regional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), tras ganar un concurso por Alta Dirección Pública, desató en horas de la tarde de ayer la emisión de un duro comunicado por parte de la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, denunciando la existencia de irregularidades detectadas por Contraloría durante el tiempo en que Peña y Lillo ejercía como administrador municipal de dicha comuna en la anterior administración de la también gremialista Sabina Ballesteros.

En el comunicado, Vásquez explica que la Contraloría detectó graves irregularidades en la contratación de dos asesorías comunicacionales y estratégicas en 2023 y 2024, en la administración de Ballesteros, ambas asignadas a la empresa Antarcticactiva Consultora SpA, propiedad del exgobernador Claudio Flores Flores. Cuestión que fue catalogada por el ente fiscalizador como una “infracción altamente compleja”.

La alcaldesa de la rural comuna insistió en que reveló estos detalles para instalar el debate “ciudadano sobre los estándares de probidad e idoneidad requeridos para encabezar reparticiones estratégicas del Estado en la región”.

La Prensa Austral revisó la investigación citada por la actual autoridad comunal.

Según el informe, las bases administrativas exigían experiencia en gestión municipal como requisito técnico de carácter excluyente. Sin embargo, la propia comisión evaluadora asignó cero puntos a la consultora en ese ítem, al no acreditar experiencia institucional propia, ya que los documentos presentados correspondían a personas naturales y no a la empresa. Pese a ello, la oferta -única presentada en ambos procesos- fue declarada admisible y adjudicada, primero por $7 millones 497 mil en 2023 y luego en condiciones similares en 2024.

Contraloría estableció que Peña y Lillo tuvo un rol determinante en todo el proceso, debido a que reconoció ante el ente fiscalizador haber sugerido personalmente la contratación a la alcaldía y, en la licitación de febrero de 2024, emitió y firmó un certificado municipal para intentar validar la experiencia de la consultora. Posteriormente, como responsable de la Unidad Técnica y Ejecutora del contrato, validó mensualmente los informes de avance y firmó las recepciones conformes que autorizaron pagos públicos por cerca de $15 millones, en circunstancias en que debía fiscalizar la legalidad del mismo contrato que había impulsado.

Contraloría constató vínculos laborales previos entre Peña y Lillo y Miguel Andrés Schweitzer Fernández, socio de la consultora adjudicataria, con quienes coincidió en cargos públicos entre 2013 y 2019, además de antecedentes de apoyo político mutuo. El organismo advirtió sobre el incumplimiento del deber de abstención establecido en la Ley sobre Probidad y Prevención de Conflictos de Intereses.

A raíz de estos hallazgos, Contraloría confirmó la apertura de un sumario administrativo instruido directamente por su nivel central.

La Prensa Austral contactó sin éxito a Mauricio Peña y Lillo para obtener su versión.