Fracturación hidráulica en San Gregorio: el Estado cuestiona cómo Enap protegerá los acuíferos y exige evaluar impactos sinérgicos con HNH Energy

El proyecto con el que Enap Magallanes busca perforar y fracturar hidráulicamente 115 pozos de hidrocarburos en la comuna de San Gregorio enfrenta un examen exigente. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) emitió el 14 de septiembre el Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones (Icsara) a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, con 125 observaciones de los servicios públicos. Enap tiene plazo hasta el 14 de octubre para responder mediante una adenda, prorrogable si lo solicita.

El bloque abarca 27.341 hectáreas, de las cuales Enap proyecta intervenir 315: 165 en plataformas de hasta ocho pozos cada una y 150 en caminos. Como es un proyecto de exploración genérica, la ubicación exacta de las obras aún no está definida. La construcción se extendería entre 2027 y 2042, y la operación y el cierre hasta 2053.

Una de las exigencias que más pesa en la evaluación es el cruce con otro proyecto. El bloque colinda con el proyecto de amoniaco verde de HNH Energy, aprobado ambientalmente el 8 de septiembre. El SEA ordena a Enap evaluar los impactos acumulativos y sinérgicos entre ambas iniciativas y descartar que en conjunto generen efectos significativos. Si no logra descartarlos, una DIA ya no sería suficiente y el proyecto debería someterse a un Estudio de Impacto Ambiental, un proceso más largo y exigente.

Qué está en
juego bajo tierra

Buena parte de las observaciones apunta a los acuíferos. Un acuífero es una capa de roca o sedimento bajo la superficie que almacena agua y permite que circule; de ella se abastecen pozos, norias y vertientes de la zona, incluida la ganadería. En la fracturación hidráulica se inyecta agua con arena y químicos a alta presión para romper la roca profunda y liberar gas o petróleo. Entre el pozo y el acuífero, lo que impide que esos fluidos escapen es una barrera de acero y cemento.

Por eso el SEA exige precisar cómo se verificará la integridad de cada pozo antes de fracturarlo y qué separación existirá con las capas de agua. También objeta que Enap proponga revisar la cementación al terminar todos los pozos de una plataforma: según el informe, eso “anularía capacidad de prevención”, porque si el primer pozo quedara mal cementado, el acuífero podría estar siendo afectado mientras se perforan los siguientes. La autoridad exige un control inmediato pozo por pozo, con umbrales mínimos antes de fracturar.

Además, cuestiona que sólo haya dos puntos de monitoreo de agua subterránea, uno fuera del área de influencia, y que no se monitoreen las aguas superficiales. Pide evaluar el riesgo de sismicidad inducida considerando el sistema de fallas Magallanes-Fagnano.

El proyecto usaría unos 563.500 metros cúbicos de agua industrial, a razón de 4.900 por pozo. El SEA pide demostrar con proyecciones climáticas que el recurso no se verá afectado durante toda la vida útil del proyecto.

Patrimonio, fauna
y ganadería

El informe arqueológico de la propia DIA reconoce una sensibilidad “Alta”: hay 63 sitios y hallazgos registrados dentro del bloque por proyectos anteriores. El SEA observa que Enap no los inspeccionó en terreno y exige verificarlos y delimitarlos durante la evaluación. Además, antes de cada obra, Enap deberá esperar la conformidad del Consejo de Monumentos Nacionales.

En fauna, la autoridad considera insuficiente un muestreo de 784 hectáreas para un bloque de 27 mil. Advierte que el cauquén colorado, En Peligro, no fue detectado pese a registros recientes a menos de 1,5 kilómetros. La DIA identifica al menos 18 especies en categoría de conservación, entre ellas el ñandú y la lagartija magallánica. El SEA pide además analizar los efectos sobre la ganadería, “principal sustento económico” del área, y aclara que un acuerdo con los propietarios “no es un fundamento técnico ni ambiental”.

Hay también un reparo territorial: el área disponible para obras incluye casi por completo la “Ex-Reserva Cora N°9”, un predio fiscal destinado al Ministerio de Defensa.