La prueba ética del Servicio de Salud Magallanes

La reciente publicación del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 26 por parte de la Contraloría General de la República volvió a poner en la mira al Servicio de Salud Magallanes (SSM).

El organismo fiscalizador detectó 162 licencias médicas de funcionarios regionales vinculadas a viajes al extranjero durante 2025, posicionando a la institución en el quinto lugar nacional entre todas las reparticiones públicas y convirtiéndola en el único servicio de salud del país que integra el ranking.

A primera vista, la lectura de las cifras permite un respiro institucional: el registro regional muestra una reducción del 79% en dos años, tras registrarse 763 casos en 2023 y 501 en 2024. A nivel nacional la tendencia es similar, con una caída del 63% atribuida de forma directa al efecto disuasivo de los informes del ente contralor.

Sin embargo, considerar que el problema está resuelto a partir de este descenso sería una apreciación apresurada.

La persistencia de la mala práctica, incluso tras la exposición pública de los antecedentes, revela una grieta profunda en la ética de la función pública. Los datos nacionales confirman que 1.299 funcionarios salieron del país con licencia médica después de que los casos se hicieron públicos y 566 reincidieron a lo largo de tres años.

En el plano local, los involucrados pertenecen a establecimientos esenciales para la comunidad: el Hospital Clínico de Magallanes, los hospitales de Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, el Samu y la red de Salud Mental.

El principal desafío para la administración del director subrogante Ricardo Contreras Faúndez radica en la capacidad de respuesta sancionatoria del sistema. El nuevo informe llega cuando el servicio aún no logra cerrar el proceso disciplinario heredado del reporte previo (CIC N° 16), el cual comprometió a 586 funcionarios de la red asistencial.

Hasta marzo de este año, el SSM registraba 626 sumarios administrativos pendientes, de los cuales solo el 46% (286 casos) se encontraban cerrados, acumulando 62 destituciones resueltas y dejando 340 investigaciones aún abiertas a cargo de un equipo de apenas cinco abogados.

La notificación del nuevo consolidado obliga a abrir investigaciones adicionales. Si los procedimientos se dilatan excesivamente por sobrecarga administrativa, el mensaje que se transmite a la ciudadanía corre el riesgo de bordear la percepción de impunidad.

El uso de una licencia médica para realizar viajes que van desde localidades fronterizas hasta destinos distantes en Europa, el Caribe o el Sudeste Asiático no es una mera infracción administrativa. Es un perjuicio directo a los recursos públicos del Estado y una afectación al derecho de los pacientes magallánicos a recibir una atención continua y oportuna.

La fiscalización de la Contraloría ha demostrado ser una herramienta eficaz para marcar un límite, pero la erradicación definitiva de esta conducta exige que el Servicio de Salud Magallanes agilice la resolución de sus sumarios, aplique las sanciones que correspondan y entregue garantías de transparencia a la comunidad.

La caída en el número de casos indica que el control funciona; ahora corresponde demostrar que la justicia administrativa llega a tiempo.