Informe de inteligencia advierte “evento crítico” con Argentina por el primer zarpe de Punta Arenas a las Malvinas/Falkland

Informes de inteligencia chilena advierten que el primer viaje de la ruta comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas/Falkland podría derivar en un “evento crítico” con Argentina, según reveló ayer la unidad de investigación de BioBioChile. El escenario principal descrito en esos reportes es que el buque sea interceptado o retenido por la Prefectura Naval o la Armada argentina, una vez que deje el estrecho de Magallanes y entre en el mar territorial de ese país.

De acuerdo con el medio, que cita fuentes que pidieron reserva, los informes fueron remitidos por canales institucionales al Ministerio de Defensa, que a su vez los traspasó a la Cancillería y a la Presidencia. No se precisa qué organismo los elaboró ni su fecha. Defensa y Cancillería declinaron referirse al tema por su carácter reservado, aunque una fuente del Ejecutivo citada por BioBioChile reconoció que “es un tema que nos ocupa”.

Consultado por La Prensa Austral, el gerente general de Easter Island Naviera, Pablo Pacheco, señaló que la empresa no emitirá declaraciones sobre el supuesto informe.

La ruta será operada por el Danstar, un buque de carga de bandera chilena, de 72 metros de eslora, que unirá Punta Arenas con Puerto Stanley a través del estrecho de Magallanes, en un trayecto de unos 900 kilómetros. La naviera proyecta el primer zarpe “a más tardar” a comienzos de diciembre y descartó navegar por el paso Drake. Según BioBioChile, la fecha exacta se mantiene en reserva y no se contempla escolta militar.

El gerente comercial de la empresa, Luis Cisternas, había afirmado que no tienen “que coordinar nada con las autoridades argentinas” y que se trata de “un negocio entre privados para el abastecimiento insular”. Hoy las islas se abastecen desde Montevideo, a unos 2.000 kilómetros, en un comercio que el alcalde Claudio Radonich estima en unos US$20 millones al año.

El nudo del decreto 256

El punto de conflicto es el decreto argentino 256, de 2010, que exige autorización previa de Buenos Aires a los buques que se dirigen a las islas o provienen de ellas atravesando aguas que Argentina considera jurisdiccionales. Ese mismo año se interrumpió la ruta que existía entre Punta Arenas y el archipiélago: la última recalada fue la del portacontenedores Anja, el 15 de mayo de 2010.

En septiembre, el diputado Alejandro Riquelme anunció que oficiaría a la Cancillería para cuestionar esa norma, que a su juicio vulnera la Convención del Mar y los tratados limítrofes. En paralelo, el secretario de Malvinas de la provincia de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, anunció un proyecto de ley para sancionar económicamente y prohibir el uso de puertos argentinos a las empresas que operen en las islas sin autorización provincial. El canciller argentino, Pablo Quirno, sostuvo que “esperamos que se respeten los tratados”.

El martes, la Cámara de Diputados realizó una sesión especial sobre la soberanía en el estrecho, con los ministros de Defensa, Fernando Barros, y de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna. El debate se centró en las declaraciones de militares argentinos y en el decreto 457 de 2021, que define el estrecho como un “espacio compartido”. “No somos ingenuos. Pero estos asuntos se resuelven con prudencia”, dijo el canciller.