El Everest del Drake y otros secretos que quiere proteger la ampliada reserva de la biósfera Cabo de Hornos

• Montes submarinos casi inexplorados, especies aún por describir y un ave que sólo vive en Diego Ramírez. Cientíicos de la Umag, el Chic y el municipio de Cabo de Hornos proponen ampliar la Reserva de la Biósferade 4,9 a 22,3 millones de hectáreas y llevar por primera vez su protección estricta al mar.

La Universidad de Magallanes, el Centro Internacional Cabo de Hornos (Chic) y el municipio proponen multiplicar por más de cuatro veces y media la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, que por primera vez tendría zonas de protección estricta en el mar y pasaría a llamarse Cabo de Hornos-Yagan Usi. El expediente vuelve este mes al Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas (SBAP), rumbo a la Unesco.

En isla Gonzalo, en el archipiélago Diego Ramírez, unos 100 kilómetros al sur del cabo de Hornos, vive un ave de apenas 16 gramos que no existe en ningún otro lugar del planeta. El rayadito subantártico (Aphrastura subantarctica) fue descrito para la ciencia en 2022, tras seis años de trabajo de investigadores del Chic. A diferencia de su pariente de los bosques patagónicos, que anida en cavidades de árboles, este rayadito vive en una isla sin árboles: anida en el suelo, entre los pastizales, y se le ha registrado incluso dentro del nido activo de un albatros de cabeza gris.

Esa isla es apenas un punto en el nuevo mapa que la Universidad de Magallanes (Umag), el Chic y la Municipalidad de Cabo de Hornos quieren dibujar para la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos. La propuesta de ampliación y rezonificación, coordinada por Francisca Massardo y Eduardo Barros, llevaría la reserva desde las 4.907.477 hectáreas que la Unesco reconoció en 2005 a 22.274.922 hectáreas. De ellas, 16.761.592 serían zona núcleo, la categoría de mayor protección.

El cambio de fondo está en el mar. Hoy la reserva no tiene ni una hectárea de núcleo marino: sus aguas figuran sólo como zonas tampón o de transición. Con la propuesta, la mayor parte de la protección estricta quedaría bajo el agua, mientras lo que se suma en tierra es comparativamente marginal.

Del Beagle al paso Drake

Desde 2005 el territorio cambió. En 2013 se creó el Parque Nacional Yendegaia, ampliado en 2016, y en 2019 se oficializó el Parque Marino Islas Diego Ramírez–Paso Drake, hoy Parque Nacional: 14,4 millones de hectáreas de océano que se extienden desde 12 millas náuticas al norte del archipiélago hasta el límite de la zona económica exclusiva, 200 millas al sur. Ninguno de los dos existía cuando se trazó el mapa original.

La propuesta los integra. Yendegaia pasaría a zona núcleo, salvo la franja de la ruta Vicuña–Yendegaia y una banda de amortiguación. También pasan a núcleo el Parque Omora, en isla Navarino, los islotes Ildefonso y el archipiélago Diego Ramírez, además de las aguas interiores de los parques Alberto de Agostini y Cabo de Hornos. El resultado es un continuo de conservación desde el seno Almirantazgo hasta el mar de Drake, con Puerto Williams como única ciudad dentro de sus límites.

La reserva cambiaría además de nombre. El pueblo yagán, “mediante una carta de apoyo, pone a disposición su sabiduría ancestral y solicita el cambio de nombre”, explica el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández. El territorio forma parte del Area de Desarrollo Indígena yagán, un pueblo que, recuerda el expediente, habita la zona desde hace más de 7.000 años.

El Everest del Drake

Bajo la superficie está la parte menos conocida del mapa. Al sur de Diego Ramírez el fondo cae a más de mil metros de profundidad y, según los informes del equipo, allí todavía se describen especies nuevas para la ciencia, en buena medida porque la zona casi no se ha estudiado. En ese sector se levanta un conjunto de montes submarinos. El mayor es el monte Sars, que se eleva desde unos 4.000 metros de profundidad hasta quedar a cerca de 100 metros de la superficie; los investigadores lo apodaron “el Everest del Drake”. En su cima plana se han registrado animales vivos y restos fósiles.

“La Armada ha desarrollado campañas oceanográficas intensas (…) y resulta necesario planificar nuevas expediciones, aunque son costosas”, señala Barros en respuestas enviadas a La Prensa Austral.

En tierra, el trabajo científico ya suma un cuarto de siglo. Desde el año 2000, el Parque Omora mantiene un programa mensual de anillamiento de aves de bosque que, según el expediente, es el más prolongado del hemisferio sur. Hoy la Red LTER-Cabo de Hornos opera cuatro sitios -Yendegaia, Omora, isla Hornos e isla Gonzalo- con 25 estaciones y 129 instrumentos que registran clima, gases de efecto invernadero, crecimiento de árboles, contaminación lumínica y el desplazamiento de aves y murciélagos. La red se financia principalmente a través del Chic, centro con fondos estatales de la Anid, con apoyo de la Umag.

“Puerto Williams se reafirmaría como un laboratorio natural frente al cambio climático, siendo el nodo de monitoreo más cercano a la Antártica”, sostiene el alcalde.

Nueve años de trámite

La ampliación responde a una recomendación que la Unesco hizo a Chile en 2017: presentar un expediente que integrara las áreas protegidas creadas después de 2005. ¿Por qué tardó casi una década? Barros explica que primero hubo que elaborar el informe para crear el parque Diego Ramírez; luego, el estudio para rezonificar, considerando que la Contraloría había establecido entre 2013 y 2014 que las porciones marinas de los parques Alberto de Agostini y Cabo de Hornos forman parte de esas áreas protegidas. Después, la nueva ley de gobiernos regionales obligó a rearmar los comités de la reserva, lo que se resolvió con un convenio entre el Gobierno Regional y Conaf. Reactivado el Comité Local de Puerto Williams, presidido por el alcalde, el expediente se socializó y fue aprobado.

El siguiente paso depende del Estado. La municipalidad, como Secretaría Ejecutiva del Comité Local, reingresará este mes el expediente al Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas (SBAP), hoy punto focal del Programa Hombre y Biosfera (MAB) de la Unesco; el servicio debe remitirlo a la Cancillería y esta, a París. “Se espera que el proceso avance durante octubre, aunque la decisión corresponde a las instituciones públicas del Estado de Chile”, advierte Barros. El SBAP, en plena implementación, está además recibiendo de Conaf la administración de las áreas protegidas que forman los núcleos de la reserva.

La Ley 21.600 incorporó por primera vez la reserva de biósfera a la legislación chilena como instrumento de gestión, con comités de participación local. Para Barros, ese comité puede ordenar un problema conocido en los territorios: “la existencia de múltiples instancias de gobernanza con pocos actores, lo que genera una sobredemanda o exigencia hacia ellos”.

Conservar sin excluir

Una reserva de biósfera no es un parque: su modelo combina núcleos de protección estricta con zonas donde conviven conservación y actividad económica. La propuesta, sin embargo, toca dos puntos sensibles.

El primero es la pesca artesanal dentro de los nuevos núcleos marinos. Barros lo funda en el dictamen 41.121 de la Contraloría, de junio de 2014, que reconoció la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal y la propia actividad como “situaciones jurídicas consolidadas”. Y en un argumento de fondo: las prácticas tradicionales pueden compatibilizarse con la conservación, “superando esta dicotomía entre preservación y economía”.

El segundo es la pesca industrial de bacalao de profundidad, merluza y congrio que opera junto al parque Diego Ramírez, a la que el expediente ofrece “certeza jurídica”. “La certeza jurídica es que en esa zona no se establecerá un área de conservación que excluya dicha actividad”, precisa Barros, quien subraya que se trata de pesquerías reguladas y fiscalizadas desde hace décadas.

La convivencia tiene tensiones. Un informe técnico financiado por el Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura sobre el parque, que el propio equipo cita, consignaba que en 2018 la subsecretaría de Pesca clasificaba al bacalao de profundidad como agotado y en fuerte sobrepesca, y que en 2015 la flota de arrastre reportó 772 albatros de ceja negra capturados incidentalmente, cifras que tendían a bajar gracias a cambios en las artes de pesca. Dentro del polígono de la reserva, asegura Barros, no existe ninguna concesión acuícola.

Lo que está en juego

Para Fernández, la ampliación “es un gran paso hacia la consolidación de un trabajo histórico desarrollado en Magallanes” que, añade, “reafirma la soberanía chilena en los mares australes”. No es un detalle menor: la circulación del mapa debió ser autorizada por la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado, y el expediente remarca que el área sur es espacio marítimo bajo jurisdicción chilena.

¿Y si la Unesco no la aprueba? “Nos enfrentamos a una pérdida de la credibilidad ambiental por parte de la comunidad científica internacional”, responde el alcalde, a lo que suma quedar expuestos a las presiones del desarrollo: la ruta a Yendegaia, el muelle para cruceros en construcción y la ampliación proyectada del aeropuerto de Puerto Williams.

En isla Gonzalo, mientras tanto, el rayadito sigue anidando entre el pasto, a la espera de que el expediente llegue a París.