Serviu pide a la Corte rechazar recurso por desalojo de la toma y exige a familias hacer abandono voluntario del terreno

• Abogado Omar González insta a evitar que se deba llegar a la instancia de requerir el auxilio de la fuerza pública.

“Por resultar carente de fundamentos”, el Servicio de Vivienda y Urbanización solicitó a la Corte de Apelaciones rechazar el recurso de protección que interpuso Mónica Rivera Opazo, en representación de los pobladores de villa Las Etnias, quienes tienen como fecha máxima para desalojar los terrenos el próximo lunes 19 de octubre.

La acción judicial está dirigida en contra del director (s) del Serviu Homero Villegas, donde se argumenta que ellos, hace más de una década, de- bido a la “discriminación, burocracia, escasez de recursos económicos y falta de subsidio habitacional”, se vieron en la necesidad de asentarse en “un terreno que no nos pertenecía”. Y sostienen que se encuentran reconocidos por la Municipalidad de Punta Arenas como junta de vecinos y están dentro del catastro de asentamientos precarios.

Principalmente piden frenar el desalojo. En el recurso solicitaron una orden de innovar para detener la medida, pero la Corte de Apelaciones no dio lugar a dicha pretensión, pero si acogió a trámite la presentación.

Los pobladores califican de “arbitrario e ilegal” el desalojo. En caso de no prosperar la solicitud piden un plazo adicional de 6 meses para abandonar la toma.

Serviu

El abogado del Serviu, Omar González, respondió al tribunal de alzada el recurso, pidiendo el rechazo del mismo, por tratarse de un asentamiento precario denominado villa Las Etnias, conformado por aproximadamente 102 viviendas, de las cuales 83 se encuentran incorporadas en el catastro de campamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en un inmueble de dominio del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Magallanes.

Entre los argumentos, se recuerda que la secretaria regional ministerial de Salud de Magallanes declaró “zona de riesgo sanitario al sector correspondiente al campamento Lautaro, villa Las Etnias y áreas colindantes de la población Cardenal Raúl Silva Henríquez, comuna de Punta Arenas”.

Lo anterior se adoptó como parte de las medidas ordenadas por la misma Corte de Apelaciones, “al acoger el recurso de protección presentado por la presidenta de la junta de vecinos Nº35 “Silva Henríquez”, atendido los graves efectos a la salud que se estaban generando en la zona.

En el sector se constató la existencia de rebalses y escurrimiento de aguas servidas provenientes de sistemas particulares de las viviendas emplazadas de forma ilegal, empozamientos, presencia de residuos y escombros, “así como la inexistencia de las correspondientes autorizaciones sanitarias para la disposición de aguas servidas y abastecimiento de agua potable”.

La autoridad sanitaria estableció que “esto genera focos de insalubridad y constituyen un riesgo para la salud de las personas que habitan el sector y sus áreas colindantes, disponiendo además la adopción de medidas destinadas a mitigar riesgos sanitarios”.

Por ello el centro de atención de salud y el jardín infantil colindantes tuvieron que suspender su atención de forma indefinida, “afectando a todos los residentes que hacían uso de esos servicios públicos y a la comunidad en general hasta el día de hoy”.

Desalojo

En base al grave riesgo sanitario que existe, que afecta no sólo a los habitantes de la villa Silva Henríquez sino que a los actuales ocupantes de la toma, incluyendo adultos mayores y niños; y la suspensión de los servicios públicos señalados, “el desalojo del asentamiento precario villa Las Etnias se encuentra dentro de los procesos priorizados en el marco de la Mesa Interministerial de Desalojos, correspondiendo a la Delegación Presidencial Regional liderar las gestiones y coordinaciones necesarias con los distintos organismos públicos competentes para la materialización del procedimiento”.

Atendida la condición de riesgo sanitario existente en el sector, fue que se inició el procedimiento administrativo de restitución correspondiente en base al DFL 22 de 1959, para materializar el desalojo del asentamiento precario Las Etnias, “procedimiento en el cual deben adoptar medidas necesarias para su adecuada ejecución, disponiendo del auxilio de la fuerza pública, de ser necesario, según resolución 582 de 4 de septiembre de 2026 de la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena”.

“De esta forma, el oficio emitido el 16 de septiembre por nuestro servicio tiene como único objetivo, que los ocupantes irregulares desalojen el terreno de manera voluntaria y con anticipación, evitando que en el procedimiento que se lleva a cabo según la resolución antes citada, se deba llegar a la instancia de requerir auxilio de la fuerza pública”, concluye el escrito del exdirector (s) del Serviu, Omar González, actual asesor jurídico.