Pobladores de la toma villa Las Etnias piden solución habitacional antes de enfrentar el desalojo

• La agrupación asegura que sus integrantes cuentan con años de ahorro habitacional y reclama que el Serviu reconozca su organización, asigne una entidad patrocinante y entregue una alternativa para las familias.

“Ahora nadie se acuerda de nosotros, pero cuando estábamos en elecciones, bien que iban a pedir el voto”, señala la dirigenta de la toma villa Las Etnias, Mónica Rivera, al denunciar que la municipalidad, la Delegación Presidencial, el Serviu y otras instituciones les han cerrado las puertas en la cara a la hora de pedir una solución habitacional para abandonar la toma villa Las Etnias, asentamiento emplazado en un terreno del Serviu que ocupan ilegalmente desde hace más de una década.

En conversación con La Prensa Austral, reclama que el gobernador Jorge Flies les había prometido casetas sanitarias en 2021, que las autoridades anteriores del Serviu les aseguraron que la erradicación vendría acompañada de soluciones habitacionales y que las actuales se “olvidaron de los subsidios de arriendo”. Cuestiona que, a menos de una semana de cumplirse el plazo fatal, aún existen vecinos que no saben qué hacer. Insiste en que no es fácil buscar un arriendo accesible en Punta Arenas y que sus vecinos defenderán hasta el final lo que construyeron, y que, si los desalojan, van a acampar en la cancha.

Mónica Rivera tiene presentado un recurso de protección en contra del director subrogante del Serviu para intentar detener el desalojo y obligar al servicio a dialogar. Junto a sus vecinos, asegura que en 2024 fueron declarados asentamiento precario y que deben ser trasladados a viviendas. Indica que varios de ellos llevan años esperando cumplir el sueño de la casa propia. “Tengo libreta desde hace 24 años”, expresa José.

La dirigenta de la toma recuerda que el Serviu, con recursos del Gobierno Regional, realizó en 2024 dos catastros, uno por $33 millones y otro por $88 millones, ejecutados por la Fundación Chay Austral. “Primeramente trabajamos con la señora María Luz Gajardo, que era la directora del Serviu y que asumió en 2022 y 2023. ¿Qué pasó? Que la señora hizo un acuerdo con nosotros para darnos vivienda, porque tenemos nuestras libretas de años para la vivienda. Nosotros no necesitamos casas regaladas, como dicen por ahí”, sostuvo Rivera, agregando que “hicimos un convenio en el que ella nos iba a dar vivienda y nos iba a sacar de a poco de la toma”.

Sin embargo, con la salida de María Luz Gajardo del Serviu y la llegada de Omar González, “él hizo oídos sordos porque no nos reconoce, porque él estuvo a cargo ese año del Serviu”. Rivera pide que el Serviu reconozca su agrupación de vivienda, la cual, según documentos presentados a esta redacción, está vigente hasta 2029, y que se les pueda asignar una entidad patrocinante para lograr obtener una vivienda. Añade que, en caso de que haya personas al interior de la toma que tengan otra vivienda, el Serviu haga la limpieza y asigne subsidios a quienes les corresponda.

¿Dónde están esos 70
o 100 arriendos?

“Tienen que darles una solución, no pueden sacarlos de la noche a la mañana. Dígame usted, ¿dónde vamos a encontrar tantos arriendos?”, expresa Mónica Rivera, quien detalla que en los arriendos que ha visitado no la aceptan debido a que tiene mascotas. “¿Dónde vamos a dormir? ¿Dónde están esos 70 o 100 arriendos que nosotros vamos a tener que conseguir? Nosotros no estamos pidiendo saltarnos la fila. Estamos pidiendo que trabajen con nosotros”, solicita la dirigenta.

“Nosotros no somos invisibles, nosotros estamos ahí. Nosotros solamente queremos soluciones”, insiste. Para destrabar el conflicto, pide que, mientras se concreta la solución habitacional, puedan seguir ocupando el terreno y se les instalen casetas sanitarias.

Desde la agrupación aseguran que en la toma siguen viviendo 70 personas y que un grupo ha sacado sus cosas de las casas, pero continúa durmiendo en la toma. Insisten en que van a defender lo que construyeron y que seguirán movilizándose a la espera de que el Serviu se siente a dialogar.

El anuncio de desalojo de dicho asentamiento se viene gestando desde abril pasado, cuando el ministro Iván Poduje, en conversación con La Prensa Austral y posteriormente en visita a la región, confirmó que esta toma, junto a la contigua denominada “Lautaro”, iban a ser desalojadas durante ese mes, periodo que se fue corriendo con el paso de los días, hasta establecerse como fecha límite fin de año.

La contigua toma Lautaro  fue desalojada en calma y sin emplear el uso de la fuerza. Se erradicaron 37 familias.

Las Etnias se encuentra mayoritariamente sobre terrenos pertenecientes a la empresa Salfa y al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Salfa hace un par de meses presentó una denuncia por ocupación irregular.

El origen del asentamiento se remonta a abril de 2016. En ese momento, un grupo de aproximadamente diez familias, organizadas a través de redes sociales, decidieron ocupar un terreno baldío ubicado en la prolongación de calle Enrique Abello. Con el paso de los días, el asentamiento creció hasta alcanzar cerca de 90 familias.