Un terminal que requiere seguridad y atención

Las denuncias de locatarios, trabajadores y pasajeros del Terminal de Buses Mina Loreto de Punta Arenas reflejan una situación preocupante que las autoridades no pueden seguir desatendiendo.

Un recinto destinado a facilitar la conectividad de numerosos sectores periurbanos y rurales de la comuna se ha convertido, según sus usuarios habituales, en un lugar donde las incivilidades, las amenazas y los hechos de violencia forman parte de la rutina.

La gravedad de lo denunciado queda de manifiesto en las más de 400 firmas reunidas para solicitar una intervención de la Municipalidad de Punta Arenas. No se trata de una inquietud aislada, sino de una demanda respaldada por vecinos y dirigentes de sectores como Río Seco, Barranco Amarillo, Río de los Ciervos, Llau Llau y Monteverde, entre otros.

Los testimonios recogidos resultan inquietantes. Locatarios que han debido refugiar a personas perseguidas, enfrentamientos con armas, amenazas y agresiones son parte de los episodios relatados. A ello se suman denuncias sobre consumo de alcohol y drogas en las inmediaciones, una cámara de vigilancia que no estaría funcionando y respuestas policiales que, según los afectados, llegan cuando los incidentes ya han terminado.

Particularmente preocupante es que estas situaciones afecten a estudiantes, adultos mayores y trabajadores que utilizan diariamente el transporte público para desplazarse entre sus hogares y el centro de la ciudad. Para ellos, el terminal no constituye un espacio recreativo ni un lugar al que puedan optar por no concurrir. Es parte de sus necesidades cotidianas de movilización.

Tampoco puede ignorarse el impacto sobre quienes desarrollan allí una actividad comercial. La inseguridad ahuyenta clientes, perjudica las ventas y expone a los locatarios a situaciones que no les corresponde enfrentar por sus propios medios.

El carácter público del recinto no puede transformarse en una excusa para la inacción. Por el contrario, obliga a reforzar su resguardo y a establecer una coordinación efectiva entre la administración municipal, Seguridad Pública y Carabineros. La instalación y mantención de cámaras, los patrullajes preventivos y una presencia efectiva en los horarios de mayor afluencia son medidas básicas que deberían evaluarse con urgencia.

También corresponde distinguir entre situaciones de vulnerabilidad social y conductas que amenazan la integridad de terceros. La presencia de personas que requieren asistencia no constituye por sí misma un problema de seguridad, pero tampoco puede justificar la tolerancia frente a agresiones, amenazas o consumo de sustancias en espacios utilizados por la comunidad.

La Municipalidad de Punta Arenas tiene aquí una responsabilidad directa como administradora del terminal. Las más de 400 firmas representan un llamado concreto a hacerse cargo de un problema que, de acuerdo con los testimonios, lleva demasiado tiempo sin solución.

No debería ser necesario esperar una tragedia para adoptar medidas. La seguridad de quienes trabajan y viajan desde este recinto es una obligación pública que exige respuestas visibles, oportunas y sostenidas.