“Que transcurran diez años bajo distintos gobiernos sin soluciones concretas revela una deuda ética que no podemos seguir naturalizando”

El obispo de Punta Arenas, Oscar Blanco Martínez, cuestionó la falta de soluciones concretas para las familias de la toma villa Las Etnias, señalando que su permanencia durante diez años en terrenos privados y del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) evidencia una deuda ética de las autoridades. En una carta titulada “Una deuda con la dignidad: mirar de frente la realidad habitacional”, la máxima autoridad eclesiástica sostuvo que el desalojo de aproximadamente 70 familias genera tensión institucional y un profundo drama para quienes buscan vivir con dignidad.

El líder católico planteó que el aumento de tomas y campamentos durante la última década ha dejado en evidencia falencias en las políticas públicas y en la capacidad del Estado para prevenir e intervenir oportunamente. A su juicio, en el caso de villa Las Etnias pareció primar el cálculo del costo político o la intención de delegar el problema al gobierno siguiente, en lugar de actuar con responsabilidad.

En su reflexión, Blanco describió las consecuencias sociales de una década de incertidumbre para las familias, cuyos integrantes han debido destinar sus escasos recursos a resolver necesidades básicas de alimentación y vivienda. “Llevar una década en la irregularidad es vivir en un eterno limbo. Son diez años donde los inviernos magallánicos se vuelven más fríos no sólo por el clima sino además por el abandono; diez años donde las familias invirtieron sus pocos recursos en pan y techo, donde los niños crecieron y los adultos envejecieron en la incertidumbre”, escribió.

También advirtió que, durante ese periodo, los niños crecieron y los adultos envejecieron sin certezas sobre su futuro, mientras que la falta de gestión afectó a los vecinos del sector, deteriorando las áreas verdes y el tejido social.

“Que transcurran diez años bajo distintos gobiernos sin soluciones concretas revela una deuda ética que no podemos seguir naturalizando”, expresó el obispo, quien recordó la frase de San Juan Pablo II “Los pobres no pueden esperar”, pronunciada durante su histórica visita a Chile en 1987.

Sin embargo, el prelado también fue enfático en señalar que las ocupaciones ilegales no constituyen una vía legítima para acceder a la casa propia ni para construir una convivencia comunitaria armoniosa. Por ello, sostuvo que el Estado debe actuar de manera preventiva y ofrecer soluciones humanas antes de que estas situaciones se consoliden, en lugar de limitarse a ejecutar desalojos.

Finalmente, la máxima autoridad de la Iglesia Católica en Magallanes llamó a impulsar una acción pública que permita aliviar la situación de las familias afectadas y abrir espacios de diálogo entre las autoridades y los vecinos. Según planteó, el encuentro, la escucha y la voluntad política son fundamentales para construir soluciones dignas, viables y justas.

Seremi de Vivienda: “No voy a responder nada de la toma”

Quedando menos días para que se cumpla el plazo fatal para el desalojo definitivo de la toma villa Las Etnias, emplazada en terrenos del Servicio de Vivienda y Urbanización, cuestión que, si no es acatada por los pobladores, implicará hacer uso de la fuerza pública, aún existen una serie de interrogantes sobre cuántas personas siguen viviendo en el sector, qué se hará con los menores de edad, qué sucederá con aquellas personas que aún no encuentran arriendo, cuál será el rol de los servicios de Desarrollo Social o si el llamado al diálogo y la compasión realizado por el obispo Oscar Blanco ha surtido efecto.

Estas interrogantes no fueron respondidas ayer por el seremi de Vivienda, Rodolfo Guajardo, quien fue consultado durante una pauta de prensa relativa a la extensión de la calle Capitán Juan Guillermos sobre el desalojo, el cual fue incluso validado por la Corte de Apelaciones, que rechazó el recurso de protección interpuesto por dirigentes de la toma. Sin embargo, señaló: “No voy a responder nada de la toma”.

Al ser interpelado nuevamente por los medios de comunicación, añadió, en tono exaltado: “No van a pautear la actividad que estoy haciendo ahora acá porque ya lo han hecho en otras ocasiones”, a lo que una profesional de un canal le contestó: “La contingencia del día a día debería contestar”.

Guajardo indicó, además, que no iba a hablar de la toma “porque no voy a ensuciar el tema de Capitán Guillermos con el tema de la toma. Mañana, si quiere, hablamos”. “Del tema de la toma yo ya hablé y no voy a hablar más de eso”, cerró.

Distinta fue la reacción del seremi de Gobierno, Angel Roa, al ser consultado sobre el tema en la pauta semanal realizada en la Torre de Gobierno, donde aseguró que el desalojo se llevará a cabo con “los resguardos necesarios por los niños, niñas y adolescentes y adultos mayores, pero se ha dado el tiempo correspondiente”. Explicó que, en un comienzo, el procedimiento se iba a realizar en abril, pero que, debido a las complejidades climáticas del invierno, se postergó hasta esta fecha. “Nosotros estamos también en un proceso de ir conversando cada uno de los casos para que obviamente sea una salida ordenada”, expresó.

Al ser consultado sobre la intervención del obispo de Punta Arenas, monseñor Oscar Blanco Martínez, indicó que “como gobierno estamos abiertos a escuchar las posiciones que pueda tener el señor obispo, pero tenemos también un compromiso como gobierno que hemos asumido con la ciudadanía a lo largo de todo Chile, que es la erradicación de los campamentos”.

“Sí estamos abiertos a poder ayudar a las personas a buscar todas las posibilidades que actualmente entrega el Estado”, dijo, agregando que los subsidios se evaluarán caso a caso. “El sector de la toma pertenece a privados, pertenece a Serviu, hay distintos actores involucrados, pero se va a generar un cierre perimetral una vez que las personas no estén en el lugar”, cerró al ser consultado sobre cómo se evitará que el terreno sea tomado nuevamente.