Traslado de salmoneras a reservas sin plan de manejo: La fórmula del Gobierno para destrabar concesiones en Magallanes

La decisión del Ministerio del Medio Ambiente de permitir el traslado de concesiones salmonícolas desde parques nacionales hacia reservas marinas -incluso en ausencia de un plan de manejo vigente- se ha convertido en la definición más relevante para el sector productivo y ambiental en la Región de Magallanes. Amparada en un artículo introducido en la reciente Ley de Reconstrucción, la ministra Francisca Toledo sostiene que no es necesario esperar dicho instrumento técnico para habilitar relocalizaciones, argumentando que los objetos de conservación ya quedan definidos al momento de decretar el área protegida.

Frente a las aprensiones sobre el impacto de estas relocalizaciones en zonas como la Reserva Nacional Kawésqar, la secretaria de Estado enfatiza que cada movimiento deberá someterse obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, incluyendo participación ciudadana y consulta indígena cuando corresponda. A su juicio, la medida busca resolver un estancamiento de años en la tramitación de concesiones que responde a dilaciones del propio Estado y no a responsabilidad de los privados.
Esta determinación forma parte del paquete de medidas impulsadas bajo la administración del Presidente José Antonio Kast para agilizar la institucionalidad ambiental, en un escenario cruzado por complejos flancos en la zona austral. Entre ellos se incluyen la paralización del reglamento de sitios prioritarios debido a la pérdida de actas con firmas de la consulta indígena de la Ley sbap, la revisión de decretos retirados de Contraloría y los ajustes requeridos para concretar la donación del futuro Parque Nacional Cabo Froward.
Las definiciones de la titular de cartera se dieron en el marco de su primera gira oficial a Punta Arenas, oportunidad en la que encabezó la sesión del comité de evaluación ambiental para proyectos en la Antártica junto a la delegada presidencial Ericka Farías y el seremi Gonzalo Rosenfeld. Durante su paso por la zona, Toledo repasó los temas más sensibles de la agenda regional, reafirmando la urgencia de destrabar los procesos administrativos que mantienen congeladas diversas iniciativas en el territorio austral.

Su visita cerró una semana cargada para su cartera. El viernes 9, el Presidente promulgó la Ley de Reconstrucción, que según la propia ministra introdujo cambios a la Ley 21.600, que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (sbap). El lunes 12, un recuento de La Tercera mostró que 34 de los 43 decretos ambientales que el ministerio retiró de Contraloría en marzo aún no han sido reingresados. Y el miércoles 14, Sernapesca dio por terminada en Magallanes la contingencia por floración algal nociva en centros de Multiexport Patagonia, que dejó casi 918 toneladas de salmones muertos.

En la entrevista con El Magallanes, la ingeniera civil industrial y ex investigadora de Libertad y Desarrollo insistió en una idea: buena parte de lo que hoy está detenido en Magallanes se explica, según ella, por demoras del propio Estado.

Salmoneras y
Reserva Kawésqar

El plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar, la porción marina del territorio ancestral kawésqar, debía estar listo en 2021, según el gremio salmonicultor. Sin ese instrumento no pueden otorgarse nuevas concesiones dentro de la reserva, dado que define las actividades que se pueden realizar en la zona. Su borrador técnico está terminado, pero la consulta indígena sufrió diferentes dilaciones en su proceso. En paralelo, la industria busca mover sus centros de los parques nacionales: el presidente del gremio, Carlos Odebret, contó a comienzos de mes 19 procesos de relocalización iniciados en más de una década, frenados por la superposición con la reserva y por recursos judiciales

-Ministra, el plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar es clave. ¿En qué está y cuándo se haría la consulta indígena?

-“En este momento estamos en una situación como en transición. ¿Por qué? Porque actualmente todo lo que es parque nacional y reserva, y por ende los planes de manejo asociados, están bajo la responsabilidad de Conaf, porque sigue todavía ahí. Es en marzo del próximo año que se hace el traspaso ya formal de las áreas protegidas (…) al sbap, y en ese momento el sbap toma ya la titularidad y liderazgo de estos procedimientos. En este momento esto está radicado en Conaf. Hoy estamos en conversaciones, porque es un procedimiento administrativo que está todavía en curso, se está realizando, todavía no está finalizado (…), y a partir de marzo del próximo año el sbap va a ser el responsable de la elaboración finalmente de este plan”.

-De aquí a entonces, ¿habrá concesiones sin plan de manejo, como ha propuesto la industria?

-“Hay que tener claro que el plan de manejo es algo absolutamente de responsabilidad del Estado, y aquí quiero hablar de Estado, porque esto ha sido un atraso de largo aliento. El plan de manejo es el que te da como las normas de cómo se va a operar adentro de esta área protegida, cuáles van a ser las actividades que se pueden realizar, dónde se pueden realizar; no solo las actividades, sino que también dónde se puede habilitar infraestructura, por ejemplo, para turismo. Entonces son bien amplios, pero también son muy poderosos. Mientras esos planes de manejo no estén, de alguna forma queda como detenida, congelada esa zona”.

“Ante ese escenario, en la Ley de Reconstrucción, que el Presidente firmó la semana pasada, se incorporó un artículo para hacernos cargo de esa dificultad, que no es de responsabilidad de los privados, sino que ha sido una demora de parte del Estado. Se permite, haciendo una interpretación amplia de varios artículos de la Ley 21.600, que concesiones de salmonicultura que actualmente están en parques puedan trasladarse y salir de los parques, que ha sido un sentir real de mucho tiempo, y puedan moverse hacia reservas (…) sin la necesidad de que exista un plan de manejo. De alguna forma facilita ese movimiento, que es algo que las industrias han planteado, pero no han podido hacerlo porque faltaba este tema administrativo”.

-¿Esos traslados hacia la reserva pasarán por evaluación ambiental?

-“Absolutamente. Cuando tú haces una declaración de un área de algún interés turístico, de algún interés de biodiversidad y protección, cuando tú haces la declaración en decreto, tú dices ‘esto me interesa por ciertos objetivos’. Y el plan de manejo lo que hace es un detalle, eso lo lleva como a una cosa más operativa. Entonces ya hay un reconocimiento previo de qué es lo que te interesa, lo que quieres proteger con esa figura de protección. Entonces lo que se hizo con el artículo de ley es que permite este movimiento, solamente decir ‘usted puede trasladarse, aunque no haya plan de manejo, porque yo ya definí cuáles son esos objetos de protección que quiero resguardar.

“Pero tiene que tener evaluación ambiental, tiene que pasar por evaluación ambiental, y en evaluación ambiental se van a ponderar todos los temas y se va a oficiar a todos los organismos públicos que tengan que emitir opinión. Y si aquello corresponde, que tenga participación ciudadana, va a tener participación ciudadana. Y si amerita consulta indígena, va a tener consulta indígena”.

-Para la reserva ya existe un borrador técnico del plan de manejo. ¿Se tomará en cuenta o el proceso partirá de cero?

-“Eso es algo, insisto, que en este momento está dentro de la esfera de las atribuciones de Conaf”.

Sitios prioritarios
y firmas perdidas

Los sitios prioritarios quedaron en pausa a días del cambio de gobierno, cuando el ministerio suspendió el proceso que la administración anterior había iniciado con 99 áreas, entre ellas una propuesta en el canal Fitz Roy objetada por los salmonicultores. Su reglamento es uno de los tres de la Ley sbap cuya consulta indígena el ministerio busca invalidar; los otros dos son el del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el de Concesiones y Permisos. La Resolución Exenta 4158, del 27 de julio, constató que la lista original de firmas del acta final se perdió y que, de los 101 representantes presentes en la última sesión, solo se recuperaron 53 firmas.

-Otro tema son los sitios prioritarios, entre ellos el del canal Fitz Roy, que toca a la salmonicultura. ¿Se retomará ese proceso?

-“La ley del sbap, en un artículo octavo transitorio, disponía que los sitios que estaban previamente definidos o detallados en las estrategias regionales de biodiversidad y estrategia nacional tenían que entrar al marco normativo de esta nueva ley. ¿Qué es lo que pasó? La administración anterior hizo un procedimiento, y hubo mucho cuestionamiento, generó bastante ruido a nivel nacional. Eran 99 sitios, y hubo cuestionamiento porque sitios que estaban en tal estrategia no quedaron consignados, o se cambió el polígono; sitios que quedaron más amplios de lo que estaban inicialmente, que afectaban zonas que estaban fuera. Ahí parte la discusión: ¿por qué 99 y por qué no 105, por qué no 180, por qué no 50?.

“La ley también establecía que la declaratoria de sitios tenía que requerir un reglamento previo que estableciera la metodología y las reglas previas, y eso derivó en que se activaron mociones que iban a esa línea, y también en la Ley de Reconstrucción quedó un artículo que vincula que estos procedimientos de sitios tienen que tener primero este reglamento. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento, trabajando en ese reglamento. Porque primero tenemos que ponernos de acuerdo en las reglas y tenemos que conversarlas entre todos, tener claridad de cuáles van a ser los criterios, porque si no resolvemos esas reglas antes, siempre va a estar abierta la duda.

“Esto, que es un instrumento de la ley, que es relevante, no es una figura de protección, sino que de alguna forma es como que se demarca y dice ‘este sitio tiene un valor’, pero no es equivalente, por ejemplo, a una reserva o un parque nacional, que son mucho más intensivos en las obligaciones y restricciones, sino que es simplemente una declaratoria”.

-¿En qué está ese
reglamento?

“Con ese reglamento, lamentablemente, estamos pendientes un poco, porque es parte de los tres reglamentos que fueron parte de un proceso de consulta indígena (…) en que se perdieron las actas finales con las firmas de las comunidades que participaron en el encuentro nacional. Entonces, a raíz de eso, nosotros llegamos, hicimos una revisión completa de todos los expedientes; ya cuando tuvimos certeza de que no estaban, hicimos levantamiento, reconstrucción de expedientes, iniciamos un procedimiento de invalidación, porque es lo que correspondía. De esto tuvimos hace un mes el procedimiento de audiencia, donde recibimos a las comunidades a aportar su antecedente. Estamos terminando de realizar eso y con eso ya vamos a resolver cómo seguimos.

“Tenemos que robustecer esto, porque está la eventualidad de que haya un reclamo judicial después, que podría pasar, porque ya hubo cuestionamientos, recursos de protección de comunidades que tenían dudas con el procedimiento, con la participación, la consulta al pueblo indígena. Dado que eso es un escenario que puede pasar, lo importante es que el procedimiento esté lo más ordenado posible, y ese es el foco que nosotros hemos tenido: asegurarnos de que los procedimientos estén bien para poder tener la más pronta aplicación de los decretos, reglamentos, etcétera”.

Normativa antártica

En la Antártica, la normativa también está pendiente. La Ley Antártica rige desde marzo de 2021 y encarga a este ministerio cuatro de sus nueve reglamentos. Uno de ellos, el que regula las actividades que requieren autorización previa del Instituto Antártico Chileno (Inach), como el ingreso a zonas especialmente protegidas, la toma de fauna o la introducción de especies, fue uno de los decretos retirados de Contraloría el 12 de marzo.

-Los reglamentos antárticos son un tema de interés para los operadores. ¿Cuál es su situación?

-“Ya hemos terminado una revisión global de los reglamentos, porque sabemos que hay mucho interés de esto. Vamos probablemente a hacer un par de ajustes y esperamos también poder continuar su tramitación lo antes posible”.