La encrucijada del edificio consistorial

La discusión sobre la construcción del nuevo edificio consistorial de Punta Arenas reabre un debate urbano y político insoslayable sobre el modelo de ciudad, la dignidad de la atención ciudadana y la efectividad en la gestión de la inversión pública. Por un lado, la iniciativa impulsada por el Gobierno Regional, encabezado por el gobernador Jorge Flies a través del programa de Zonas Extremas, busca emplazar el recinto municipal en los terrenos del ex-hospital regional. Por otro lado, diversos actores técnicos y patrimoniales advierten sobre los riesgos de desplazar el centro cívico fuera del casco histórico. Sin embargo, detrás de este contrapunto de visiones subyace una severa inconsistencia en la administración local que no puede ser soslayada.

Las objeciones planteadas por destacados urbanistas y cartas de la comunidad resultan plenamente legítimas y fundadas. Como ha advertido el Premio Nacional de Urbanismo, Sergio Baeriswyl, las ciudades más emblemáticas del mundo preservan su edificio consistorial en el corazón del casco histórico, donde articula la red de servicios públicos y dinamiza la economía local. Sacar la casa municipal de su ubicación tradicional significa despojar al centro de Punta Arenas de su principal hito urbano en un momento de evidente fragilidad patrimonial.

En tanto, la propuesta regional del ex-hospital responde a una urgencia real: dar dignidad laboral a los funcionarios, mejorar la atención a los vecinos y recuperar un terreno fiscal abandonado que ha generado problemas de insalubridad y seguridad en el Barrio Prat78.

El nudo crítico de esta controversia no radica en la existencia de posturas divergentes, sino en que la administración municipal no haya sido capaz durante tantos años de estructurar, formular y defender un proyecto propio, con sustento técnico y presupuesto concreto, para renovar o reconstruir el consistorio en el casco histórico.

Criticar la localización propuesta por el Gobierno Regional sin presentar una alternativa viable equivale a perpetuar el hacinamiento de los trabajadores municipales y la dispersión de las dependencias consistoriales. La gestión edilicia no puede limitarse a la negativa o al reparo conceptual cuando es el propio municipio el que padece el déficit de infraestructura.

El alcalde, ya en su tercer período, ha contado con la coyuntura favorable de gobernar con administraciones nacionales afines a su sector político -tanto durante los mandatos del expresidente Sebastián Piñera como en la actual administración del Presidente José Antonio Kast-.

Tener sintonía con el nivel central constituye la ventana idónea para apalancar recursos vía el Fondo Común Municipal o sectoriales de Ministerios como Vivienda o Desarrollo Social y asegurar el financiamiento de una gran obra de infraestructura cívica en el centro de la capital regional. Habiendo dispuesto de condiciones políticas idóneas para concretar una solución municipal soberana, la incapacidad para levantar una propuesta financiada deja en evidencia una severa falta de visión y gestión de proyectos.

Punta Arenas no puede quedar atrapada indefinidamente entre un proyecto regional que despierta dudas urbanísticas razonables y una postura municipal que se opone sin ofrecer soluciones reales. La construcción del edificio consistorial es una obra que impactará a las próximas generaciones de puntarenenses.