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Obras en Puerto Edén: contratista demanda al Gobierno Regional en más de $150 millones y acusa incumplimiento y actuar negligente

Martes 17 de Noviembre del 2026

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La resolución del contrato por incumplimientos y el pago de una indemnización de daños y perjuicios demanda judicialmente la empresa contratista que ejecutó las obras de construcción de pasarelas en la aislada localidad de Puerto Edén, al norte de la provincia de Ultima Esperanza.

La acción de carácter civil interpuesta por Juan González Agüero, en contra del Gobierno Regional de Magallanes, representado por Jorge Flies Añón, se produce en medio de acusaciones de irregularidades emanadas desde el Consejo Regional por proyectos que se ejecutan en Puerto Edén, insertos en el Plan de Zonas Rezagadas, y que contemplan obras de alcantarillado, una planta de tratamiento de aguas servidas, agua potable rural, energización, conservación de la Escuela Miguel Montecinos y la construcción de pasarelas. Para tal efecto se fijó para este martes 17 de noviembre la sesión de interpelación del gobernador Flies sobre esta materia.

El demandante corresponde al contratista que ejecutó las obras de reposición de pasarelas, en una extensión de 2.132 metros aproximados del sector alto de la localidad de Edén. El contrato consideraba, además, la intervención del mirador con nueva cota de accesibilidad universal, acceso a la Posta de Salud y la reposición de accesos al inmueble del Gobierno Regional.

Las obras están contenidas en la Resolución Nº565, de fecha 9 de diciembre de 2024, del Gobierno Regional de Magallanes, que a través de la División de Infraestructura y Transportes, llamó a licitación pública a los interesados para que, en estricta sujeción a las bases contenidas en dicha resolución, formulen sus propuestas para la construcción de pasarelas peatonales.

Según se desprende del mandato, las partidas de obras contratadas consideraban todos los costos asociados a transporte, alojamiento, alimentación, implementos de seguridad, vestuario apropiado, herramientas, impuestos y otros.

Como contrapartida, todos los materiales, maderas, elementos de fijación, protecciones para maderas, así como otros elementos para la construcción eran entregados por el mandante, siendo responsabilidad de quien resulte adjudicado, asumir los costos que signifiquen retirar estos materiales desde el terminal portuario y trasladarlos hasta el lugar de la obra, tales como fletes, arriendo de embarcación y mano de obra.

El contrato con la empresa Obras Juan Armando González Agüero E.I.R.L., fue suscrito con fecha 11 de febrero de 2025. El monto presupuestado para la contratación de la mano de obra, en el tramo Nº2 Ruta Verde adjudicado a dicha empresa, que comprendía 573 metros aproximados de longitud, fue de $159.078.000 impuestos incluidos. 

El plazo de ejecución de los trabajos constaba de 150 días corridos, a contar de la fecha de entrega de terreno, hecho ocurrido el 15 de marzo de 2025.

Realizada la supervisión al contratista de las obligaciones del contrato, en el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2025 al 12 de junio de 2025, con un avance de 76,1 metros lineales de ejecución del contrato, se concluye por la Inspección Técnica del contrato, un 50% de ejecución de la construcción del tramo adjudicado, por causa no imputable al contratista debido a la falta de materiales que globalizan la estructura de barandas en toda su sección. 

Incumplimiento a las bases

En la demanda se plantea que dicho incumplimiento a las bases administrativas del contrato implicó el retardo en el avance de los trabajos, por quedar a la espera de la llegada y entrega en Puerto Edén de los materiales de construcción que eran por cuenta del mandante.

En el intertanto, se añade, el contratista debió seguir asumiendo los costos de pago diario de remuneraciones de su personal de trabajo, lógicamente sin cumplir labores, así como, de alojamiento y alimentación de sus trabajadores por el aislamiento de la localidad en donde se realizaba la faena.

“Dicha merma que no estaba contemplada para el contratista resultó ser más agraviante aún, atendido la modalidad de la contratación”.

En efecto, al tratarse únicamente de la prestación de servicios de mano de obra, la utilidad o ganancia para el contratista estaba dada con la ejecución total del contrato, el que resultó interrumpido, cuando se identifica por trabajadores del contratista, en el Tramo N°2 adjudicado-Ruta Verde, la presencia de especies arbóreas nativas (coihue y canelo) entre los puntos 31 y 35 del trazado.

El Gobierno Regional se amparó para justificar dicha suspensión, en lo establecido en la cláusula décimo primero del contrato.

En este escenario, el contratista acusa que “en cuanto a la intervención del terreno en donde se pensó reponer y ampliar las pasarelas, y atendido el material a emplear en la construcción de las mismas, ameritaba la tramitación del estudio técnico y del correspondiente plan de manejo de corta y reforestación del bosque nativo ante la Corporación Nacional Forestal, previo al llamado a licitación y de adjudicación, y no una vez de iniciado los trabajos de mano de obra por el contratista, por tanto, se trata de un impedimento que no es por causa imputable a la demandante, sino de absoluta responsabilidad del mandante que debió antes precaver”.

Para la pequeña empresa la paralización prolongada de la obra, “ha causado serios perjuicios, pues, con lo que va de tiempo ya transcurrido desde la suspensión del contrato, resulta económicamente inviable para el contratista retomar la reanudación en su ejecución”, decidiendo de este modo iniciar vía judicial la búsqueda de la reparación de los perjuicios que ha experimentado por “el actuar negligente de la demandada”, en este caso el Gobierno Regional, respecto del cual exige sea condenado al pago a título de indemnización de perjuicios a la suma de $68.960.000.- por daño emergente; y a la suma de $95.094.535.-, por lucro cesante. La demanda se tramita ante un Juzgado de Letras de Punta Arenas.

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