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Juzgados de Familia ordenan retenciones por más de $13 mil millones a deudores de alimentos

Miércoles 18 de Noviembre del 2026

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Los juzgados de Familia de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Cabo de Hornos han ordenado retenciones por más de $13 mil millones a deudores de pensiones de alimentos, desde la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deudas de Pensiones de Alimentos, en noviembre de 2022.

Así lo informó el Poder Judicial, al cumplirse cuatro años de la implementación de la Ley N° 21.484, que estableció mecanismos para hacer efectivo el cobro de las pensiones adeudadas. Según las estadísticas consolidadas entre el 18 de noviembre de 2022 y el 17 de noviembre de 2026, los tribunales de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas han ordenado pagos por un total de $13.079.036.533, mediante dos procedimientos.

El primero corresponde al procedimiento especial, que permite retener fondos disponibles en cuentas bancarias e instrumentos financieros de los deudores. Por esta vía, los juzgados magallánicos han ordenado pagos por $1.059.265.189.

En tanto, mediante el procedimiento extraordinario, que contempla el uso de fondos de capitalización individual provenientes de las cotizaciones obligatorias en las AFP, se han dispuesto pagos por $12.019.771.344. Esta última modalidad concentra la mayor parte de los recursos recuperados, con más de $12 mil millones.

En paralelo, durante el mismo período, los cuatro tribunales con competencia en materia de Familia de la región realizaron 9.588 inscripciones en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. De estas, 3.287 permanecen vigentes, mientras que 6.301 fueron canceladas.

Al evaluar los resultados de la normativa, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, destacó la importancia del pago oportuno de las pensiones para garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. No obstante, advirtió que la legislación, aunque apunta en la dirección correcta, requiere medidas adicionales para resguardar los derechos fundamentales.

La máxima autoridad judicial también reconoció el trabajo de los funcionarios de los tribunales de Familia y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quienes han debido asumir las nuevas exigencias legales sin contar con los recursos necesarios, compatibilizando estas tareas con sus demás responsabilidades.

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