“Sólo pido una oportunidad”, clamó cubano que recurrió a la Corte para que no lo expulsen de Chile

“Mi sueño era llegar a esta ciudad y buscar un futuro mejor, porque en mi país la situación está muy dura”, dijo a La Prensa Austral Orlando Cairo Núñez.

Edmundo Rosinelli

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Por Facebook conoció a una magallánica. Dejó su Cuba natal porque la situación económica lo apremiaba muchísimo. Pasó muchas penurias para llegar hasta Punta Arenas, incluido un campo minado en Bolivia, y ahora que lleva más de un año asentado en nuestra ciudad el lunes la PDI lo notificó de la orden de expulsión del territorio nacional.

Es la historia de Orlando Cairo Núñez, de 32 años, nacido en Santiago de Cuba, que ingresó a Chile por un paso no habilitado, desde Bolivia, y que con el apoyo legal del abogado Pablo Galaz Saavedra, llegó hasta la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, donde interpuso un recurso de amparo.

Sólo pide una oportunidad. Tiene todas las ganas de seguir trabajando y hacer su vida al lado de su compañera magallánica que conoció por redes sociales.

En un largo y extenuante viaje, que inició en agosto de 2019, llegó primero a Guyana. De ahí tomó un bus a Brasil terminando en la Paz, Bolivia, cruzando a Chile por el complejo paso fronterizo Colchane-Pisiga, lugar que hasta hace poco tiempo contaba con minas antipersonales, con el consiguiente peligro de muerte. Un mes anduvo deambulando en el norte de Chile, prácticamente sin comer.

A pesar de esto Orlando logró sortear todos los obstáculos con un objetivo claro: “optar a una vida más próspera en nuestro país, sin cometer daño a nadie. Es más, con su trabajo beneficia a la economía de este país e incluso ayuda a la descentralización de la población ya que ha decidido quedarse en Punta Arenas”, expuso el abogado en su presentación judicial.

“Mi sueño era llegar a esta ciudad y buscar un futuro mejor, porque en mi país la situación está muy dura. Cuesta mucho encontrar un empleo y decidí trabajar acá para poder ayudar a mí madre y una abuela que está enferma”, declaró a La Prensa Austral Orlando Cairo.

Espera que Magallanes le dé la oportunidad que busca, ganándose la vida honradamente, porque jamás ha delinquido en su vida. “Busco que me den la posibilidad de salir adelante. Ya llevo más de un año en Punta Arenas y sólo espero que no me expulsen”.

Eligió esta ciudad porque conoció a su actual polola por Facebook. Más de tres meses mantuvieron contacto online, “entonces tomé la decisión de venirme luego de estar unos quince días en Viña del Mar”.

Argumentando la situación del estallido social, primero, y el Covid-19 posteriormente, le fue imposible acercarse a institución u organismo alguno a pedir orientación sobre su situación migratoria en el país, ya que desde un inicio su intención fue poder obtener una regularización legal.

“De manera incesante intentó contactarse con la Unidad de Extranjería de la Gobernación Provincial de Magallanes, a fin de regular su situación de ciudadano extranjero que había ingresado de manera ilegal al país”, indicó el abogado.

“Pero una vez que la situación del país se normalizó, pudo informarse acerca de los trámites necesarios para regularizar su situación y buscó la ayuda técnica para realizar esto, autodenunciándose en la Policía de Investigaciones, con fecha 25 de mayo de 2020”.

Después de esto el Departamento Regional de Extranjería le indicó que realizara una solicitud de regularización, trámite que realizó, incluyendo toda la documentación requerida, como copia simple del contrato de trabajo y certificado de antecedentes penales y de profesión legalizados en la embajada Chilena, copia de declaración jurada de expensas, entre otros.

La solicitud se envió a Santiago pero nunca tuvo respuesta para regularizar su situación migratoria en Chile.

“Además de todo lo señalado, Orlando no ha cometido ningún delito en el país. Ni tampoco lo realizó en el pasado en su país natal, lo que se acredita con los respectivos certificados, cuestión que nos demuestra que su intención para ingresar a Chile, no fue otra que ayudar económicamente a su familia, trabajando de manera honesta y respetando la legislación vigente de nuestra nación”, argumentó Pablo Galaz.

Recurso de amparo

Del recurso de amparo, presentado en contra de la intendenta Jennifer Rojas, depende su permanencia en Punta Arenas, porque el decreto de expulsión está listo para ser ejecutado, a la espera de lo que resuelva la justicia.

“La situación de la migración en Chile es precaria, porque la gente tiene pocos recursos, económicos e intelectuales, en relación a cuál es la tarea que ellos deben enfrentar. Tenemos esperanza porque en general las cortes del país han sido favorables para las personas que llegan sin antecedentes y que por razones humanitarias necesitan regularizar su situación”, expuso el abogado.

“El Estado de Chile, en vez de contestar de manera favorable, ahoga a los migrantes en un mar de papeles y tiempos de espera. Nosotros desde mayo que estamos tratando de ayudar a Orlando y hasta acá no habíamos tenido ninguna información más que el decreto de expulsión que notificó la Policía de Investigaciones”, concluyó el abogado Galaz.