Los cuestionamientos al uso de la prisión preventiva en Chile

– Las aprensiones de la abogada Gustava Aguilar sobre la medida surgen después de analizar dos casos llevados a juicio en Punta Arenas, donde luego de un largo encarcelamiento, los imputados al final terminaron siendo absueltos. Y es que estar privado de libertad por un delito que no se cometió o no se probó tiene múltiples y profundas consecuencias en la vida de las personas.

Mientras por un lado tanto la Defensoría Penal Pública como el Instituto de Derechos Humanos cuestionan el abuso y uso de la prisión preventiva para los imputados en Chile, el ciudadano común que ha sido víctima de un delito de connotación social, parte de la premisa que, por su seguridad y tranquilidad, el encarcelamiento del autor no merece discusión alguna, porque sólo así no hay espacios de impunidad.

En mayo del año pasado, un grupo de senadores de oposición presentó un proyecto de ley que busca modificar el uso desmedido de la prisión preventiva en Chile.

Conforme al Código Penal, en Chile, la prisión preventiva es la medida más gravosa de nuestra legislación y, conforme al derecho internacional, se caracteriza por su naturaleza excepcional.

Empero, un informe de Gendarmería reveló que de un total de 38.749 reclusos en el sistema cerrado, un 36,5% corresponden a personas que cumplen prisión preventiva, esto es un total de 14.127 personas, según revela un trabajo de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales.

Digamos que hoy, más de un tercio de internos tienen la calidad de imputados en alguna cárcel del país, en medio de un sistema penitenciario que exhibe preocupantes indicadores de hacinamiento, sobrepoblación y condiciones de habitabilidad. Adicionalmente, existen ciertos perjuicios, como los costos psicológicos de permanecer privado de libertad que no se han podido cuantificar debido a la dificultad de asignarles un valor monetario.

En recientes declaraciones a este medio, la defensora regional pública, Gustava Aguilar Moraga, afirmó que esto genera que estamos frente a una medida cautelar que frecuentemente es usada como pena anticipada en el proceso penal, al recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reiteradamente ha señalado que la regla general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal.

Las aprensiones de la abogada sobre la medida surgen después de analizar dos casos llevados a juicio en Punta Arenas, donde luego de un largo encarcelamiento, los imputados al final terminaron siendo absueltos.

Con ocasión de los presos de la revuelta social, la prisión preventiva ha estado en la palestra, pues hay quienes se encuentran cumpliendo dicha medida, en muchos casos, sin tener pruebas suficientes que la justifiquen.

Si bien la prisión preventiva tiene una afectación permitida al principio de inocencia que prima en nuestra legislación punitiva, estamos ante un fenómeno complejo, que abre una oportunidad para introducir mejoras sistemáticas significativas, en cuanto a racionalizar el uso de la cárcel, donde surge el monitoreo telemático para delitos de menor impacto, mecanismo de control que tiene un menor costo en comparación a la privación de libertad, utilizado en el mundo para disminuir el hacinamiento carcelario. Y, es que la probabilidad de que un inocente termine preso en Chile ha crecido en los últimos años, teniendo múltiples y profundas consecuencias en la vida de las personas.