Catorce funcionarios de la Superintendencia de Educación se unieron a paro nacional

Los conflictos en educación dan cuenta que el año escolar y académico ya comenzó. Una serie de denuncias que a su juicio no han sido solucionadas, llevaron a la Asociación de Funcionarias y Funcionarios de la Superintendencia de Educación, Asume, a desarrollar un paro de actividades. Algunas situaciones se refieren a hechos puntuales, ocurridas en regiones como la Metropolitana, O’Higgins, Maule y La Araucanía, pero otras son generales, como falta de dotación, trabajadores pendientes de mejoras, problemas de clima laboral, exclusión de participación del gremio en la confección de soluciones internas, contrataciones directas pese a objeciones manifestadas a la jefatura superior, entre otras.

Con estas denuncias, la asociación envió una carta al Presidente electo Gabriel Boric, para solicitarles la designación de una nueva jefatura superior, a partir del 11 de marzo, “con la finalidad de contar con un interlocutor válido que dé respuesta oportuna a nuestras demandas y que tenga la voluntad de trabajar colaborativamente con Asume, fortaleciendo de esta forma el trabajo conjunto de la Superintendencia de Educación”, justificaron en un comunicado, donde piden la salida del cargo de Cristián O’Ryan Squella, nombrado en 2019 por el Presidente Sebastián Piñera.

En la oficina regional, catorce funcionarios se unieron al paro nacional. El dirigente regional, Eliecer Bahamóndez Mansilla indicó que “lo que visualizamos y nos afecta tanto a nivel regional como nacional, es que estamos en una dirección nacional que se ha caracterizado por una relación conflictiva con el gremio y en general, con los funcionarios y funcionarias. Ha sido una gestión deficiente en términos del rol que debe cumplir la Superintendencia de Educación, y fundamentalmente, que afectan en términos del desempeño laboral, en el sentido de que ha sido una gestión excesivamente centralista, con pocas posibilidades de desarrollar la institución desde el punto de vista descentralizado que requiere un servicio de esta naturaleza. Lejos de cumplir con la misión, que es el resguardo de los derechos de la comunidad educativa, de alguna manera, estamos percibiendo de hace bastante tiempo, que se ha preocupado más de mantener un status quo en vez de cumplir a cabalidad con su rol de fiscalizador que esta institución tiene por mandato legal, y creemos que hay que darle una vuelta de tuerca, por así decirlo y que la Superintendencia se transforme en la herramienta que la educación necesita para los desafíos de hoy día”, manifestó el ex seremi de Educación del gobierno de Ricardo Lagos.

Es así como aseguran que el superintendente nacional dejó de ser un interlocutor válido para ellos, porque según su visión, “no ha sabido escuchar ni tomar en cuenta los planteamientos que los funcionarios y funcionarias han hecho a través de su asociación gremial, y por eso pedimos su renuncia”, porque además, su gestión, “ha respondido a las características propias del desempeño gubernativo que ha tenido este gobierno, es decir, ineficiente, incapaces de solucionar los problemas y con muy malas relaciones en término con los trabajadores de la educación”, reprochó Eliecer Bahamóndez.

De esta crítica excluye a la directora regional, Safira Ivelich, “con quien no tenemos grandes inconvenientes”, indicó el dirigente, puesto que “todas las decisiones se toman a nivel central y hay poco espacio para la autonomía regional y eso deviene en problemas de gestión e inmediatez de las respuestas que, como organismo público, debemos dar”, finalizó.