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EDITORIAL

Fiscal nacional y propuesta de reforma constitucional

Por La Prensa Austral Domingo 4 de Diciembre del 2022

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Complicado ha sido para el gobierno el proceso de elección del nuevo fiscal nacional, luego de que el Senado rechazara la nominación de José Morales propuesta por La Moneda.

Ante el fallido paso y la renuncia de Rodrigo Díaz en plena carrera, la Corte Suprema anunció que definirá dos nuevas postulaciones para la quina de candidatos a dicho cargo.

Cabe recordar que el jefe del Ministerio Público de Magallanes, Eugenio Campos, y el fiscal nacional (s), José Agustín Meléndez estuvieron postulando a tal designación, pero no contaron con los votos del máximo tribunal.

El Presidente Gabriel Boric ha señalado que el traspié sufrido en la Cámara Alta no es una derrota para su gobierno y planteó que lo importante aquí es cómo se fortalece la persecución penal en el país y cómo se afianza el rol de la Fiscalía Nacional.

En medio de este álgido debate, el senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, presentó un proyecto de reforma constitucional para que la máxima jefatura del Ministerio Público rinda cuentas y sea ratificado en el cargo a la mitad de su periodo legal de ocho años. De aprobarse tal enmienda, dicha ratificación se alcanzaría con 1/3 de los senadores en ejercicio.

Actualmente, la Constitución establece que dicha autoridad sólo puede ser removida por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.

Esto redunda en que no existen instancias que permitan obtener resultados para mantenerse en el cargo, dado que no se encuentra sujeto a ninguna evaluación posterior a su nombramiento. 

La enmienda propuesta no quiere, en ningún caso, vulnerar la autonomía e independencia del Ministerio Público, sino velar por un desempeño eficiente, idóneo y adecuado. 

Por ello, el proyecto presentado por Kusanovic ha tenido buena acogida, siendo ésta transversal y se presenta como una iniciativa que aporta a que haya una revisión de la referida gestión, ya que los mecanismos constitucionales son insuficientes para asegurar que el fiscal nacional cumpla adecuadamente con sus funciones.