“Hoy ya no se justifica que la justicia funcione online”

• El abogado se refirió a la autonomía que requiere la entidad, dejando en claro
  que hasta hoy “ni este gobierno ni los anteriores nos han pasado a llevar”.

Alejandro Salazar carrera
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La autonomía institucional y la aplicación de la prisión preventiva son temas que siguen dando vueltas en la Defensoría Penal Pública, y que a juicio de su máximo representante deben encontrar pronta respuesta para optimizar una labor cada vez más reconocida y evaluada positivamente por parte de la ciudadanía.

El defensor nacional, abogado Carlos Mora Jano, llegó a Punta Arenas para participar del seminario que abordó los 20 años de la puesta en marcha en Magallanes de la Reforma Procesal Penal, instancia que calificó de provechosa por lo que significa sacar conclusiones acerca del trabajo que se ha venido realizando “con un sistema que ha sido ventajoso en relación al antiguo que era inquisitivo, pero también conversando sobre las cosas que se deben mejorar”.

En el caso de su institución, pone en relieve la especialización que se ha logrado en diversas áreas de atención. “Tenemos profesionales capacitados en responsabilidad penal adolescente, en género, defensores penitenciarios, para causas indígenas, y además en estos 22 años nos hemos preocupado de especializarnos en cada una de las etapas procesales, primeras audiencias, juicios orales, y especialistas en Cortes”.

Agrega que eso también lleva a que el resto de las instituciones que son parte del sistema judicial “estén a la altura, porque aquí lo que se busca es entregar un servicio más justo, de mejor calidad y por eso también hemos puesto énfasis en la necesidad de volver a las audiencias presenciales”.

Esta última mención, ha sido un punto que se ha venido discutiendo durante meses, luego que en el periodo de pandemia se instalaran las audiencias online que actualmente aún se mantienen en algunas regiones y en algunas instancias, como ocurre en Punta Arenas en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal.

Si bien el defensor nacional reconoce el aporte que este sistema tiene en casos “justificados” por la distancia o rapidez, sostiene que “apenas se pasó a nivel de bajo impacto (sanitario) señalamos que era importante que el 100 por ciento de las personas volviera al trabajo presencial. Hay excepciones menores relacionadas con problemas de salud o de algún tipo de cuidado familiar, pero en el caso de las audiencias online hay que entender que dificultan el trabajo porque nuestro sistema es acusatorio y se basa en principios como la oralidad, donde el defensor tiene que tener cercanía con su representado para efectos de darle a conocer claramente sus derechos, para conocer cuál es su justificación, para poder trabajar en la teoría del caso y, sobre todo, para que el usuario sienta que está protegido con la presencia de su abogado al lado. Esto igual pasa con la víctima, que también requiere estar junto al fiscal para que le informe lo que está pasando o con un juez para ver el contexto de lo que está ocurriendo. A nadie le gustaría ser juzgado por la tele, porque al final se le está hablando a una pantalla; es como estar haciendo cosas en la casa durante la mañana mientras se está siendo juzgado. Eso es extraño por decir lo menos”.

Mora admite que en pandemia “eso se podía justificar, porque la justicia tenía que seguir funcionando, y aunque no era lo ideal era lo que había, pero hoy ya no lo es, porque además hay audiencias a personas privadas en libertad que se toman desde la cárcel ocupando espacios que se utilizan para visitas, dificultando esto último. Eso ha pasado en algunas regiones y claro que no es lo adecuado”.

La autonomía pendiente

Institucionalmente, la Defensoría Penal Pública se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y si bien dicho vínculo no ha significado hasta el momento injerencia explícita de la autoridad en la toma de decisiones institucionales, constituye un riesgo siempre latente.

Por eso, para el defensor nacional se trata de un tema al debe que surge fundamental. “No sólo esta administración, también las anteriores, han abogado por una autonomía, a esta altura constitucional y legal, pero pasó que con el proyecto constitucional rechazado venía nuestra autonomía constitucional. Hoy en el sistema tenemos un Ministerio Público autónomo, con todas las críticas que se le puedan hacer; un Poder Judicial que también lo es y una defensa que litiga a la par del primero, pero que no tiene esa calidad. Aquí no se trata de que no nos guste ser controlados, lo que pasa es que no podemos seguir dependiendo siempre del gobierno de turno para tomar ciertas decisiones. Aunque en esto quiero ser claro: ni este gobierno ni los anteriores nos han pasado a llevar. Siempre han respetado nuestra independencia, pero no sabemos lo que pueda pasar más adelante”. 

Enfatiza que es fundamental entender que se requiere que la Defensoría Penal Pública “esté fuera de cualquier tipo de opinión política e ideológica, porque somos una institución que tiene que defender a cualquier persona sin importar su color político o si es rico o pobre, y que si tenemos que dar una opinión lo hagamos sin determinado compromiso o que a la hora de defender a un usuario éste tenga la tranquilidad de saber que está siendo representado por un abogado independiente y autónomo”.

Otro punto que Carlos Mora pone sobre la mesa es el tema de recursos. “El problema siempre es el recorte presupuestario, lo que viene ocurriendo desde 2017. Eso trae consigo dificultades, porque si bien se viene escuchando que el Ministerio Público tiene problemas de dotación, bueno, la Defensoría evidentemente también los tiene. Afortunadamente, este año no tuvimos un saldo financiero negativo, terminamos con un 3% sobre y eso habla de una buena gestión, pero también de que todos los años nos vemos enfrentados a un desafío interno importante”.

Durante todo 2023 la Corte de Punta Arenas operará de
manera telemática

Durante todo 2023, específicamente hasta el 12 de diciembre del próximo año, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas resolvió que funcionará de manera telemática. Esta modalidad de operación fue definida por el Pleno del máximo tribunal regional.

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 bis del Código Orgánico de Tribunales y lo establecido en el Acta N°258-2022, Auto Acordado sobre criterios para la autorización del funcionamiento excepcional establecido en los artículos 47 D y 68 bis del Código Orgánico de Tribunales”, se escribe en el acuerdo N°194-2022.

“Aprobar el funcionamiento excepcional de esta Corte de Apelaciones por el periodo de un año a contar de esta fecha, en términos de realizar la vista de las causas sometidas al conocimiento de este tribunal de alzada, en forma remota, por videoconferencia, en razón del buen servicio y a fin de cautelar la eficiencia del sistema judicial para garantizar el acceso a la justicia y la vida e integridad de las personas”, plantea el acuerdo adoptado con la asistencia de la ministra presidenta, María Isabel San Martín, la ministra interina, Inés Recart, y el ministro suplente, Jaime Alvarez.

“Hay un abuso de la
prisión preventiva”

Otra preocupación latente que ha existido en la Defensoría Penal Pública es la aplicación de la prisión preventiva.

Mora expone que son muchos los factores que terminan con el uso y abuso de la más gravosa de las medidas cautelares que contempla la ley, uno de ellos es lo que califica de “populismo penal”. Al respecto, advierte y explica que “cuando hay una percepción de que la delincuencia va en aumento se presentan proyectos de ley que terminan creando nuevos criterios a efecto de que el tribunal pueda ordenar la prisión preventiva. Nosotros señalamos que hay que tener cuidado cuando se legisla, porque hay decisiones que se pueden pagar más adelante con un abuso de la prisión preventiva, y eso es lo que está pasando hoy”.

Añade que es evidente que esta medida debe existir, pero en su opinión debe estar limitada por las consecuencias que la privación de libertad trae para muchas personas que finalmente terminan siendo inocentes. “Lamentablemente, no hemos sido escuchados y hoy tenemos un ingreso que llega a 15 mil o 20 mil al año. Lo positivo es que existe una preocupación de los medios, de la academia y del gobierno con respecto a mejorar esta situación para terminar con el abuso de esta aplicación”.

También menciona que muchos casos responden a hechos mediáticos, seguidos por la opinión pública y donde se pueden ejercer ciertas presiones.

Finalmente, en cuento al tratamiento que la prensa le da a los temas judiciales, el defensor nacional señala que “nosotros entendemos que están haciendo la pega. El punto es cuando el ente investigador entrega toda la información afectando los derechos de los imputados; es ahí cuando se generan problemas, porque eso además trae consigo una opinión de la ciudadanía que muchas veces no guarda relación con lo que finalmente termina ocurriendo”.