Organizaciones esperan mantener criterios tras fallo contra Novaustral

Satisfechos por la decisión, que resolvió anular la Resolución de Calificación Ambiental a dos centros de cultivo de salmones de Novaustral, se manifestaron las organizaciones que presentaron la alegación ante el Tercer Tribunal Ambiental, asegurando que seguirán atentas a cualquier eventual irregularidad que pueda presentarse dentro de los procesos ligados a la industria del salmón.

Fueron las comunidades kawésqar y los habitantes de la Región de Magallanes, junto con las organizaciones Greenpeace, Aida y ONG Fima, las que alegaron que se trataba de centros de cultivos incompatibles con los objetos de protección de la Reserva Nacional Kawésqar, los que poseían evaluaciones deficientes que impiden descartar impactos en el medio marino, paisaje y turismo, y omitían la consideración del territorio como ancestral y de relevancia para las comunidades.

La representante de los Grupos Familiares Nómades del Mar, Leticia Caro, manifestó que la decisión significa “una lluvia de alegría y esperanza, pues luego de mucho tiempo y trabajo, de buscar indagar y exigir que los procesos se cumplan según lo dictamina la ley, la invalidación de estos permisos no hace más que demostrar que lo que decimos es real, que nuestro territorio no es compatible ni lo será con la industria salmonera y que nuestros antiguos hoy nos ven desde las memorias del territorio”.

“Puntapié inicial”

Por su parte la abogada de ONG Fina, Macarena Martinic, resaltó que “el fallo es un avance en la protección de la Reserva Nacional Kawésqar, ya que derechamente anula dos RCA de dos centros de Novaustral que forman parte de la estrategia de la empresa de relocalizar los centros de cultivo que hoy enfrentan diversas sanciones y demandas por el daño ambiental que causaron en el Parque Nacional Alberto de Agostini. Esperamos esto pueda ser un puntapié inicial para la prohibición de la salmonicultura debido a la incompatibilidad de la actividad con la Reserva Nacional Kawésqar”.

Asimismo la abogada de Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (Aida), Florencia Ortúzar, indicó que “celebremos la decisión del Tribunal Ambiental que reconoce la ilegalidad del fraccionamiento, que impide evaluar los impactos sinérgicos, que son más complejos que la suma de todos los impactos”.

Quien también se manifestó acerca de la decisión fue Greenpeace, que a través de su director nacional, Matías Asún, calificó de “anularle estos permisos es una importante victoria del trabajo conjunto con comunidades, pero también un llamado de atención para que de una buena vez las autoridades eviten esta invasión en los fiordos patagónicos de nuestro país”.