Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos y sus consecuencias para el moroso
El Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos comenzó a regir el 18 de noviembre de 2022. Se trata de un empadronamiento electrónico cuyo objetivo es visibilizar a los/as deudores, y articular diversas medidas legales con el fin de promover y garantizar el cumplimiento de las pensiones de alimentos.
Los morosos que pueden ingresar a este registro son aquellos que adeuden total o parcialmente al menos tres mensualidades consecutivas o cinco discontinuas.
La última cifra actualizada sobre esta manera, permitió conocer que en cuatro meses de la vigencia de la normativa, los morosos a nivel nacional superan las 50 mil personas, con un monto involucrado de 65 mil 100 millones de pesos. En el plano regional, en tanto, los deudores suman 426, con 99 millones 110 mil pesos por cobrar.
Las consecuencias de pertenecer a esta lista, son bastantes y vienen a estimular al deudor que efectivamente pueda pagar. Es el caso que cuando el moroso haga gestiones para obtener su licencia de conductor, el municipio tiene la obligación de revisar este registro, y no dar curso a su solicitud, lo mismo con el pasaporte. También regirá la retención de la devolución de impuestos y detener hasta un 50% de los fondos de un crédito que pida el deudor por 50 UF o más. Además, si el deudor vende un vehículo o un inmueble, se puede impedir la inscripción de la compraventa. Igualmente se aplica la retención de ciertos bonos estatales, y de remuneraciones, honorarios, ciertas pensiones e indemnizaciones por términos de relación laboral, además del embargo de bienes.
Esta herramienta legal no hace más que terminar con el peregrinaje de miles de mujeres que se venían convirtiendo en verdaderas investigadoras para perseguir los recursos para pagar deudas de alimentos.
El no cumplimiento del pago de alimentos es un problema que vulnera los derechos y condiciones de vida de niños, niñas y adolescentes y constituye violencia económica para las mujeres madres, considerando que apenas un 15 por ciento de las demandas por alimentos llegan a pagarse.
