Expulsiones de turistas irresponsables desde el Paine
El incendio que a fines de 2011 y comienzos de 2012 arrasó con más de 17 mil hectáreas del Parque Nacional Torres del Paine, marcó un antes y después, pues a partir de este devastador siniestro se establecieron drásticas medidas para quienes enciendan fuego en un lugar no habilitado lo que está sancionado por ley, acampar en propiedad privada y el uso de cocinillas.
Un reciente informe emanado de la Conaf Magallanes, reveló que desde 2012 a 2022, han sido expulsadas desde esta área silvestre protegida, 123 personas, y que sólo de lo que va desde 2023, han corrido la misma suerte 18 visitantes.
Aquel incendio desató una profunda controversia en torno a la falta de un control más rígido a la actividad turística en los parques nacionales y las bajas sanciones a las que se exponen quienes cometen actos atentatorios contra el medio ambiente.
Pero más allá de la normativa punitiva, está la forma en que se evitan y combaten emergencias de este tipo.
El valor medio ambiental del Paine, su riqueza natural, y la creciente actividad turística constituyen elementos claves al momento de definir una estrategia preventiva. La emergencia declarada hace más de una década, sirvió, además, para que se mejorara la gestión del Parque, al disponerse de un sistema de vigilancia aérea con un helicóptero, al menos durante el verano, aeronave que también cumple el servicio de rescate ante la ocurrencia de un accidente.
Los turistas deben asumir que cuando ingresan a un parque nacional lo hacen como invitados. Por lo tanto, deben adecuarse a la normativa y respetarla. Es decir, tienen que pensar que el tiempo que permanecen dentro de un área protegida es un privilegio que se les otorga. En resumen, no se trata de hacer y deshacer por el solo hecho de haber pagado el valor de la entrada.
