Royalty a la Gran Minería y regiones

Un paso importante dio el proyecto de Royalty a la Gran Minería al comenzar su análisis y votación en particular al interior de la Comisión de Hacienda del Senado. De hecho, este grupo dio su venia al artículo primero de tal iniciativa, el que establece la creación de un impuesto de royalty a la minería.

Esta votación comenzó luego de que el Ejecutivo ingresara el último paquete de indicaciones, las que se relacionan con la obligación de informar los estados financieros por parte de las empresas a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la inclusión de los gastos de organización y puesta de una inversión como costo para el cálculo de la renta imponible operacional minera ajustada (Rioma), los incentivos a la expansión de los proyectos, la extensión a diez años de compromisos de aportes a regiones y comunas, la condición de una carga tributaria potencial máxima de entre 45,5% y 47% dependiendo del volumen de ventas y la revisión de tasas para la mediana minería.

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó ayer los incisos primero y segundo del Artículo 1, que establecen el impuesto específico y las definiciones de aquellos aspectos que se consideran para su cálculo: explotador minero, producto minero, ventas, ingresos operacionales mineros, Rioma y margen operacional minero.

La votación en particular del resto del articulado será retomada la semana del 8 de mayo próximo.

Este proyecto, de ser aprobado, traerá muchos beneficios a regiones, pues, entre otros aspectos, establece la distribución de recursos por US$450 millones a los gobiernos regionales y municipios en todo el país. 

Esta recaudación proyecta que se destinará a tal fin permitirá aumentar las capacidades financieras y de gestión de los gobiernos regionales y comunales, a través de tres mecanismos: Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (US$225 millones); Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial (US$170 millones) a favor de las comunas vulnerables que presentan mayor dependencia del Fondo Común Municipal; y Fondo Comunas Mineras (US$55 millones) para aquellos municipios que mantengan dentro de sus territorios relaciones directivamente con la actividad minera.

En el caso de Magallanes, esto se traduciría en una inyección adicional de recursos que haría crecer el presupuesto magallánico en 12%. Se trata de un monto significativo que permitirá avanzar en la necesaria equidad territorial.