Parlamentarios y ex autoridades arremeten contra Marcel por afirmar que PGU se legisló sin financiamiento

Ex ministros, ex subsecretarios e incluso parlamentarios, salieron a desmentir y reprochar los dichos del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien aseguró ayer que la Pensión Garantizada Universal (PGU) -que se legisló durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera-, se hizo sin financiamiento. 

“La PGU se legisló en enero-febrero del 2022, en los últimos días del gobierno anterior, quedó sin financiamiento para el 2022. Nosotros dentro de todo el ajuste del gasto que tuvimos que hacer, tuvimos además que generar financiamiento para la PGU, pero al año siguiente, para este año 2023, cuando preparamos este presupuesto, sólo para financiar el efecto año completo de la PGU con el aumento de cobertura y reajustes que había tenido en el camino, eso absorbió la mitad del espacio fiscal que teníamos en el 2023”, reveló en conversación con Mesa Central. 

Karla Rubilar, quien fue ministra de Desarrollo Social en la administración pasada, calificó como “grave” que el secretario de Estado “falte así a la verdad”. 

Según precisó a través de Twitter, “la PGU quedó completamente financiada, el Congreso veló por ello. Sala cuna también tiene informe financiero y mecanismo propio. ¡Basta ya! Requerimos un debate serio de un ministro que se supone serio”. 

En la misma línea, Máximo Pavez dijo que como “ex subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cuya función es colaborar con el trámite de proyectos de ley, afirmó que el ministro Mario Marcel falta a la verdad y a la buena fe, diciendo que la PGU se aprobó sin financiamiento”.

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (Udi) señaló en tanto, que el titular de Hacienda “no tiene la razón y no puede tener la razón. Yo fui parte de ese proyecto y hay un informe financiero, o sea, como Congreso no podemos, estamos constitucionalmente impedidos de aprobar una ley sin financiamiento y el financiamiento estaba. Yo me acuerdo que parte de ello era el término de exenciones tributarias”. 

Por último, el diputado Frank Sauerbaum (RN) sostuvo que “es decepcionante escuchar al ministro Marcel mentir ante todo el país con esta liviandad. Cuando nosotros aprobamos la Pensión Garantizada Universal antes de que terminara el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, se mandó un proyecto para aumentar tributos, se aumentó un 2% a los bienes de lujo, se terminaron una serie de exenciones mineras. Además, se puso una sobre tasa a todas las vivienda que tenían un avalúo fiscal mayor a 900 millones de pesos y se agregó Iva a una serie de servicios que se consideran no esenciales, por lo tanto, la PGU actual tiene financiamiento. Lo que no tiene financiamiento es la promesa del Presidente Boric de aumentar a 250 mil pesos la PGU”. 

Frente a las críticas emitidas hacia al ministro Mario Marcel, el Ministerio de Hacienda señaló que dos entidades autónomas de la época alertaron que la PGU no estaba financiada en su totalidad. 

La cartera compartió el estudio realizado por “Larraín Vial” que expone que “tan sólo la mitad del costo del proyecto PGU se financia con ingresos recurrentes. El financiamiento que se propone es incompleto y la generación futura de ingresos no cubriría la provisión para financiamientos comprometidos”. 

La cartera también compartió el estudio “Análisis del Consejo Fiscal Autónomo sobre el financiamiento de la PGU” del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). En el documento, el CFA indica que “al realizar proyecciones de largo plazo, es deseable que los escenarios consideren hipótesis suficientes y adecuadas para evaluar el régimen de acuerdo con sus objetivos, y que sean coherentes con las perspectivas demográficas, sociales y económicas del país”. Y agrega: “En cuanto a los efectos en las variables fiscales del gasto en PGU financiado con el menor aporte al FRP, ello implicaría un mayor déficit estructural anual de 0,1% del Pib, por cuanto no existe una contraparte de mayores ingresos permanentes asociados. A la vez, la deuda neta aumentaría, debido a que la modificación implica un menor flujo de ahorro destinado al FRP, al reducir su aporte mínimo anual a la mitad”.

Emol