Delincuencia, tráfico de drogas e ingreso ilegal de migrantes

Migrar es un derecho. Desde que el hombre está en la tierra, el trasladarse en busca de mejores condiciones de vida ha sido una práctica tanto de sobrevivencia como de tener mayor confort. Ello, porque la gente se desplaza para buscar trabajo o nuevas oportunidades económicas, para estudiar y para reunirse con sus familiares. Pero, también las personas salen de sus naciones debido a conflictos internos, el terrorismo, las persecuciones y la práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos.

Según las estadísticas de la Onu, el número de personas que hoy viven fuera de su país de origen es mayor que nunca. Sólo en 2019 se estimaba que había 272 millones de migrantes en todo el mundo.

Magallanes no ha estado ajeno a este fenómeno y, sobre todo en la última década, ha ido recibiendo a personas de distintas nacionalidades, principalmente de países sudamericanos, que han llegado hasta estos lares para buscar una vida mejor.

Gran parte de ellos han sido un verdadero aporte a nuestra comunidad, pero también han estado ingresando personas que han venido a delinquir y a internalizar prácticas de violencia y tráfico que nos eran ajenas.

Especial preocupación debe despertar el continuo paso de extranjeros por los tribunales debido a controles de detención y/o formalizaciones por distintos delitos. Un número no menor ha estado involucrado en delitos de tráfico de drogas.

No se trata de estigmatizar a los migrantes, pues son sólo unos pocos los que se desenvuelven con prácticas antisociales y serán las policías, el Ministerio Público y los tribunales los que tendrán que operar.

Pero, en este reducido grupo se ha observado un hecho que es de suyo inquietante: la condición de indocumentados y, lo que es peor aún, de ingreso no registrado, ya sea por pasos legales o clandestinos.

Sólo en la víspera, en virtud de un operativo nocturno, pasaron a un control de detención tres colombianos, dos de ellos indocumentados. El agravante es que la mujer involucrada no sólo no tenía la documentación requerida, sino que su ingreso no estaba registrado.

¿Qué está pasando en nuestros pasos fronterizos? ¿Cuánta gente con prontuario delictivo en otros países y/o integrante de bandas delictivas internacionales puede estar ingresando ilegalmente a Magallanes? ¿Cómo se puede poner atención y limitar estos casos? ¿Cuándo se implementará un control de la llegada de personas vía aérea?

La migración es un derecho. Pero también los magallánicos tenemos derecho a que la institucionalidad funcione y a acoger en nuestra tierra a todos cuántos vengan a aportar, a la vez que también debemos tener la prerrogativa de prohibir el ingreso a aquellos extranjeros que constituyan un riesgo objetivo para la convivencia social, nuestra tranquilidad y seguridad.