Probidad, una palabra olvidada
La administración del Estado debe estar al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, siendo imperativo atender las necesidades de la gente y fomentar el desarrollo de nuestro país.
En los momentos que vive Chile y también respecto de situaciones que, por lo menos, deberían ganarse el calificativo de escandalosas, vale la pena recordar qué dice la egislación sobre conceptos como probidad, responsabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia, entre otros.
En cada gobierno, quienes alcanzan la presidencia por la voluntad popular se comprometen a defender aquellos principios y valores que deben guiar la administración pública y siempre se ha usado el recurso de endilgar a los antecesores conductas reñidas con dichos preceptos, obviamente cuando se asume el cargo con alternancia de las coaliciones políticas. Esto se da también a nivel de las municipalidades.
Quizás situaciones como el “caso fundaciones” han permitido a la oposición ser más brutalmente inquisidora, pues involucra a parlamentarios y funcionarios de un gobierno que rasgó vestiduras al hablar de corrupción, prácticas reñidas con la probidad y que asumió el poder con una arrogancia inusual y haciendo alarde de una supuesta superioridad moral.
Pero, mientras se desgrana el caso, esta verdadera caza de brujas que ha iniciado la derecha puede ser un boomerang. Si se pudiera saber qué ha pasado con las fundaciones, corporaciones, contrataciones de toda índole , asesorías y un sinnúmero de procesos licitatorios nos quedaría más que claro que la corrupción y falta de probidad no es cosa de un solo gobierno, alcalde, parlamentario, partido político o coalición.
Por ello es que resulta tan importante la labor de los funcionarios públicos, pues ellos tienen el poder, muchas veces, de frenar actos reñidos con la ley, arbitrariedades y vulneraciones de todos aquellos principios que deben guiar la administración del Estado, tal y como se indica en la norma ad hoc que habla de la probidad y la responsabilidad administrativa.
La labor de control y la fiscalización van de la mano y estos funcionarios deben cuidar en todo momento no apartarse de la ley, las regulaciones y los dictámenes que buscan dar un marco legal suficiente para guiar los desempeños y procesos.
Desatender aquello, aunque sea producto de fuertes presiones, resulta grave y nunca debe ser visto como algo futil.
