Justicia y la importancia del lenguaje claro

Recientemente se comunicó que el magistrado del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas, Luis Alvarez Valdés, fue designado como integrante de la Comisión de Lenguaje Claro del Poder Judicial. 

La noticia puede no parecer relevante, pero, ciertamente, lo es, pues el lenguaje y el uso correcto de las palabras y los conceptos juega un papel esencial a la hora de administrar justicia y de comunicar las actuaciones y resoluciones de las diferentes instancias del Poder Judicial.

Esto, quizás, ha adquirido mayor importancia con el cambio que ha tenido nuestro sistema, pasando de la escrituración a la oralidad. La nueva forma impone a jueces, fiscales, defensores y todos quienes están vinculados con la administración de la justicia a no sólo usar un lenguaje correcto, sino expresarse verbalmente en forma clara, simplificando y explicando a la ciudadanía y la prensa los términos jurídicos que sólo conocen y manejan los entendidos. 

Esto es especialmente crucial a la hora de crear las normas jurídicas, a fin de evitar malas redacciones, lagunas, contradicciones, entre otros problemas. 

La Comisión de Lenguaje Claro se creó en 2015 por decisión del pleno de la Corte Suprema, con la finalidad de promover la democratización de la jerga jurídica haciéndola entendible al interior de la entidad y establecer una instancia de reflexión respecto del rol que juega el lenguaje sencillo en el acceso a la justicia.

Para avanzar en tal sentido, se han dictado seminarios, talleres y lanzado concursos para lograr la redacción de sentencias en lenguaje claro y comunicaciones orales y escritas que sean comprensibles, especialmente en términos de las resoluciones y los fallos judiciales. 

El propio magistrado Alvarez ha puesto el acento en cuán importante es conformar dicha comisión a la hora de, por ejemplo, aplicar la perspectiva de género, hablar del real acceso a la justicia y atender a grupos vulnerables, como son los niños y las niñas, las personas mayores y gente con algún grado de discapacidad.

El desafío es usar un lenguaje más cotidiano, pero no por ello menos preciso y jurídicamente exacto.