ONG ecologistas exigen al gobierno implementar recomendación Onu para frenar la salmonicultura

• Más de un centenar de organizaciones socioambientales y comunidades indígenas urgieron la aplicación una moratoria sobre la expansión de la industria.

• La acuicultura del salmón “es una de las principales amenazas para el medio ambiente en la Patagonia”, advirtió David Boyd, relator de Naciones Unidas, que visitó Chile el año pasado.

Más de un centenar organizaciones ciudadanas, movimientos socioambientales, científicos independientes y comunidades costeras y de pueblos originarios exigieron al gobierno de Gabriel Boric que implemente las recomendaciones de Naciones Unidas para detener la expansión de la salmonicultura.

En una reciente presentación ante el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, el abogado canadiense David R. Boyd, relator especial de la Onu sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, expuso sus conclusiones y recomendaciones sobre la situación de Chile, las que elaboró tras la visita de 10 días que realizó el año pasado.

Entre otras materias, abordó la industria del salmón, sobre la cual relevó que “en los últimos decenios ha aumentado de forma llamativa su producción y su huella marina en Chile”, al punto de convertir a nuestro país en el segundo mayor productor a nivel mundial.

En su reporte, puntualizó que en nuestro país existen “más de 1.200 concesiones en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes”, y que “en los últimos 30 años, la industria ha sostenido una tasa de crecimiento medio del
117 % anual, lo cual ha causado daños ecológicos a ecosistemas situados a menudo en territorios indígenas”.

En ese contexto, advirtió que “la salmonicultura es una de las principales amenazas para el medio ambiente que enfrenta la Patagonia, especialmente el Parque Nacional Kawésqar, que es importante para la conservación de diversas especies y ecosistemas, entre ellos 32 especies de cetáceos”.

Asimismo, recalcó que “la industria del salmón ha contribuido al aumento de los desechos industriales en las playas, el agua y los fondos marinos”.

El relator especial también visitó el estuario de Reloncaví, donde observó algunas instalaciones de la salmonicultura; y “se le informó de la reciente instalación de una nueva salmonera en Hualaihué, que pone en peligro un humedal cercano”, apuntó en su informe.

En este escenario, Boyd recomendó al Estado de Chile que “fomente los alimentos saludables y producidos de manera sostenible” por la vía, entre otras, de establecer “una moratoria sobre la expansión de la acuicultura del salmón a la espera de un análisis científico independiente de los impactos ambientales adversos”.

Denuncias y lucha
socioambiental

Mediante un comunicado, las organizaciones y comunidades locales destacaron que “el informe del relator especial de la Onu corrobora las denuncias y respaldan la lucha socioambiental de más de cuatro décadas que realizan las organizaciones ciudadanas, comunidades locales y los pueblos originarios del sur de Chile contra la destructiva expansión productiva y territorial de la mega industria salmonera transnacional”.

En ese marco, aludiendo “al autodenominado ‘gobierno ecologista’ del Presidente Gabriel Boric”, lo emplazaron a implementar la recomendación de Naciones Unidas, así como “la presentación inmediata de un Plan de salida de la industria de todas las áreas protegidas”.

Los “pasos
positivos” de Chile

En su reporte, Boyd constató que “en la actualidad, un 21% de la superficie terrestre del país se encuentra en parques nacionales u otras zonas protegidas, y nada menos que un 42% del territorio marino está protegido”.

“Sin embargo -alertó-, la mayoría de las zonas protegidas carecen de planes de gestión y los recursos para acciones de conservación son limitados”.

De todos modos, el relator valoró que “un paso positivo es el establecimiento, por el recientemente creado Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas, de un sistema nacional de áreas protegidas, que integra todas las áreas protegidas de Chile, tanto marinas como terrestres, que actualmente están gestionadas por distintos ministerios”.

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