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– Juan Antonio Bustamante López

– Nancy Miranda Lagos

“El Estado de Chile no puede negar el aumento explosivo de la prisión preventiva”, acusó el ministro Luis Cordero

Lunes 22 de Abril del 2024

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  • La idea es que los actores del “sistema de justicia penal” tengan en consideración el número de internos, capacidad y condiciones de las distintas cárceles del país al momento de decretar una condena o medida cautelar.

Tras visitar a inicios de la semana las obras de construcción del nuevo edificio central del Servicio Médico Legal, el ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió al oficio que desde su cartera enviaron a Gendarmería, solicitándole informar mensualmente a jueces y fiscales el número de internos, capacidad y condiciones de las distintas cárceles del país.

Según informó El Mercurio, con esa medida el Ministerio busca que todos los actores del “sistema de justicia penal” tengan a la vista estos datos y se hagan responsables de la situación penitenciaria, en un contexto en que sólo en 24 meses se pasó de cerca de 40 mil internos a poco mas de 50 mil a nivel nacional. La idea es que los magistrados y fiscales tengan en consideración aquello al momento de decretar una condena o una medida cautelar.

“Es simplemente un tema de información, por una razón relativamente simple. El número de personas privadas de libertad en el país ha aumentado en los últimos 24 meses cerca de aproximadamente un 40%. Yo de esto vengo hablando hace un año. El lunes hice una exposición en la comisión de Derechos Humanos del Senado, donde dije que este era uno de los temas de derechos humanos, combinados con seguridad, más complejos que tienen frente al país. Chile mantiene su número de plazas desde hace aproximadamente una década”, explicó Cordero.

El secretario de Estado dijo que si bien distintos gobiernos han tratado de generar inversión pública para mejorar la situación, “al no aumentar el número de plazas, en muy pocos meses el sistema penitenciario tiene una sobrepoblación muy significativa”.

“Esto en algunos lugares es muy relevante, porque supone que las segregaciones se hacen más ineficientes, pero, en segundo lugar, hay condiciones de seguridad que se complejizan. Es una recomendación internacional que el sistema de justicia tenga pleno conocimiento de la capacidad que tiene el sistema penitenciario y cuál es la actual situación de sobrepoblación, pero además cuáles son las obras proyectadas”, esgrimió.

No hay conciencia de la capacidad real

Pese a que en la página web de Gendarmería se exhiben estadísticas penitenciarias, el Ministerio de Justicia “se ha podido percatar que no hay conciencia de la capacidad total de los establecimientos y lo que implica la sobrepoblación, y eso ha sido muy evidente por los informes de jueces de garantía y fiscales judiciales que nosotros hemos recibido”.

“El propósito (del oficio) es que el sistema de justicia en su totalidad tenga la información. Si eso tiene relevancia o no tiene relevancia para efectos de la prisión preventiva, el Ejecutivo no tiene ese propósito. (…) ¿Sabe lo que sucede? Hay muchas personas que opinan sobre la cárcel, hay muchas personas que quieren cárcel, pero esas personas nunca han ido a una cárcel y tampoco quieren una cárcel cerca de sus casas, de sus barrios o de sus comunas. Entonces, yo creo que es coherente”, sostuvo Cordero.

No se puede negar la realidad

Consultado sobre si la medida podría traducirse como un llamado a la atención a los fiscales y magistrados ante el aumento de prisiones preventivas, el ministro dijo que “esa pregunta encierra una paradoja”, ya que “pareciera que preferiríamos no saber, cuando la realidad al interior de esos penales es muy evidente”.

“El Estado de Chile no puede negar el aumento explosivo de la prisión preventiva. ¿O preferiría que yo me quedara callado? Y si el día de mañana sucede algo dentro de un establecimiento penal, ‘el Estado no dijo nada’. A mí me parece una cuestión de responsabilidad elemental entregar esa información a quienes forman parte del sistema de justicia (…). No sacamos nada con que tengamos las visitas de fiscales, judiciales y jueces de garantía en su interior, y los jueces no sepan entonces cuánta es la capacidad máxima que tiene el establecimiento”, cuestionó.

La Tercera