Violencia: un Estado ausente
El reciente ataque incendiario contra carabineros en Cañete, en la Región del Biobío, conmocionó profundamente al país, quizás porque tuvo como agravante el que se produjo en la jornada de conmemoración del Día del Carabinero.
Esta efeméride se vio enlutada por el triple asesinato y, como medida inmediata, el general director ordenó suspender toda celebración a lo largo del país y el Presidente decretó duelo nacional.
Los tres funcionarios se encontraban realizando un patrullaje en el sector de Quilaco Antiquina, fueron emboscados y un grupo les disparó. Luego, la patrulla fue incendiada y los carabineros fallecieron calcinados.
La horrible muerte del sargento 1º Carlos Cisterna y los cabos 1º Misael Vidal y Sergio Arévalo remeció al país y el general director de la institución se refirió a ello como algo no casual y lo calificó de crimen terrorista.
Lo paradojal no sólo se da por el marco del atentado -el 97º aniversario de Carabineros-, sino porque el máximo jefe institucional, Ricardo Yáñez, está enfrentando una inminente formalización de cargos (7 de mayo) por su responsabilidad en el delito omisivo de apremios ilegítimos y homicidio durante el estallido social. Desde el gobierno, se ha polemizado con aquello que se calificó como “criterio Tohá”, respecto de que la máxima autoridad policial debería dejar su cargo antes de enfrentar a la justicia.
“¿Qué ha hecho el Presidente?”, fue el reclamo popular que se escuchó ayer entre la gente sulfurada que llegó a la comisaría de Los Alamos.
Lo sucedido es visto como un desmadre del país en términos de seguridad. Es un claro recordatorio de los desafíos que enfrentan no sólo los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, sino el Estado, en general.
El ataque a carabineros no sólo representa un acto de violencia contra individuos específicos, sino también un desafío a la autoridad del Estado y a la seguridad de la sociedad en su conjunto.
El Estado tiene la obligación primordial de garantizar la seguridad de todos sus ciudadanos y de proteger a aquellos que están en la primera línea de defensa. Lo sucedido ayer es un nuevo recordatorio de que se está fallando en ese aspecto y que los tres poderes estatales están igualmente cuestionados en ese ámbito.
Es comprensible la indignación que este tipo de actos genera en la población. La inacción o falta de eficiencia de los organismos estatales para prevenir y responder a estos ataques y al crimen organizado sólo aumenta la sensación de vulnerabilidad y desamparo entre la ciudadanía. Es fundamental que el Estado actúe con firmeza y determinación para llevar a los responsables ante la justicia y asegurar que estos actos de violencia no queden impunes.
