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  • – Bernardita del Rosario Ojeda Vargas

“El no tener un instrumento actualizado de zonificación del borde costero es una pérdida para la región”

Jueves 6 de Noviembre del 2025

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Una dura derrota enfrentó Axel González Lasa, jefe de la División de Planificación Regional, quien anteriormente había salido victorioso en la gestión del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas, el cual, en un principio, también tuvo un duro revés por parte de los consejeros regionales, pero que, gracias a su talante dialogante y negociador, logró sacar adelante.

En esta oportunidad, su impronta dialogante no le sirvió para anotarse un nuevo triunfo en el Core, donde el pasado lunes nueve de los 14 consejeros rechazaron la propuesta de zonificación del borde costero, por no incluir las áreas silvestres protegidas. “Lo que está establecido en la normativa actual, y que es inherente a las atribuciones que tenemos como gobierno regional, es zonificar fuera de las áreas protegidas”, recuerda González.

“Lo que se hizo en primera instancia fue reconocer todos los usos existentes, poder, en el fondo, definir los usos preferentes y los usos compatibles en función de las actividades actuales o potenciales”, planteó González, quien ejemplificó que, en sectores destinados al uso preferente de la industria turística, también existen usos compatibles con la pesca artesanal.

Añadió que esta zonificación podría contribuir a que la Comisión de Uso del Borde Costero entregue decisiones más técnicas en temas como las superposiciones de solicitudes de concesiones, lo cual hoy queda al arbitrio del mundo político presente en dicha comisión.

Descartó que el proceso pueda compararse con el realizado en la Región de Coquimbo, como plantearon algunos consejeros de oposición en el pleno. “Son visiones que intentan homologar procesos sin considerar que las condiciones son diferentes. Además, los antecedentes que se mencionaron en el Core corresponden a procesos del año 2005, cuando la institucionalidad y la normativa ambiental eran otras”, precisó.

Enfatizó que, a diferencia de lo ocurrido en otras regiones, en Magallanes no se busca una zonificación pareja, sino una planificación ajustada a la realidad territorial y a las competencias del gobierno regional.

González explica que ahora deberán realizar una evaluación de la votación y analizar cuáles fueron las principales observaciones. “Es importante tener en consideración que este trabajo se viene realizando desde 2022, con una serie de organizaciones tanto del mundo privado como público”, precisó.

– ¿Qué significa para los distintos sectores productivos que utilizan el borde costero magallánico el no contar con este instrumento de planificación?

– “El no tener un instrumento actualizado de zonificación del borde costero es una pérdida para la región. Nosotros, como gobierno regional, hemos luchado por contar con todos los instrumentos de planificación y que estos estén al servicio de los diferentes sectores productivos. Hoy es una mala noticia para Magallanes, porque genera mayor incertidumbre respecto de las decisiones que deban tomarse en el borde costero”.

– ¿Qué asidero tienen las interpretaciones de la ley que realizaron consejeros de oposición respecto de la Ley de Bases del Medio Ambiente, que daba a entender que se podía zonificar en las áreas silvestres protegidas?

– “Hay muchas interpretaciones de la ley que puede hacer cualquier consejero en su libertad de acción, pero creo que aquí no hay que confundir interpretaciones personales con lo que realmente está establecido en la legislación ambiental vigente y en los diferentes decretos que crean las áreas silvestres protegidas”.

González aclara que el proceso fue validado por el Ministerio del Medio Ambiente, a través de una evaluación ambiental. Añadió que participaron más de 800 personas y 250 organizaciones. “Las decisiones se han tomado ajustadas a lo que la norma establece”, aseguró.

– ¿Existió un desconocimiento de la ley o una interpretación antojadiza por parte de los consejeros regionales?

– “Más que ponerle un apelativo sobre si hay conocimiento o no, o si existe una interpretación antojadiza, nosotros, como gobierno regional, hemos actuado ajustados a lo que la normativa establece. Y ese cumplimiento no ha sido sólo lo que decimos nosotros: es lo que respalda la institucionalidad ambiental”.

– ¿Es cierto que los consejeros rechazaron esta zonificación por presiones de la industria salmonera?

– “Yo no tengo antecedentes de aquello, para empezar. Pero nosotros nos reunimos con todos los sectores productivos. Incluso, posterior a la discusión de esta iniciativa al interior del Consejo Regional, se dio espacio a la industria del salmón para que expusiera sus preocupaciones, así como también se tuvo una nutrida participación con el mundo de la pesca”.

– ¿Y la industria del salmón planteó sus inquietudes?

– “Sí, la industria del salmón planteó varias inquietudes que, para ser justos, tenían que ver con temas que escapan a lo que la zonificación podía resolver”.

– ¿Cuáles son las implicancias que la zonificación podría tener en la industria acuícola?

– “Las implicancias directas, yo diría, no son mayores. Principalmente porque el instrumento consideró a la industria del salmón y a las zonas triple A, que están hoy establecidas por decreto supremo. Por lo tanto, todos los elementos que tenían que ver con la pesca artesanal también fueron considerados”.

– ¿Cómo impactaría en actividades como la acuicultura, la pesca artesanal o incluso el desarrollo de la industria del hidrógeno verde el no contar con este instrumento?

– “Es difícil establecer el alcance de los efectos de no tener una zonificación del uso del borde costero actualizada o propuesta. Pero sí puedo decir que, al no contar con una zonificación, la región no tiene una propuesta formal ante la autoridad que finalmente define en algunos casos -la Subsecretaría de Fuerzas Armadas- , la cual, de existir una zonificación regional, debe tomarla en consideración”.

Respecto a los pasos futuros, González aclaró que no existe restricción temporal para volver a presentar el instrumento al Core. “Evaluaremos los mejores caminos desde el punto de vista jurídico y técnico. Aún no está claro cuál será la decisión final”, señaló, agregando que el diálogo con las instituciones ambientales continuará para lograr un instrumento que entregue mayor certeza al desarrollo costero de la región.

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