Licitan por más de $7 mil 350 millones la operación del vertedero municipal de Leñadura por los próximos 30 meses

En medio de la incertidumbre respecto del futuro relleno sanitario Magallanes, proyecto que vendría a poner fin al funcionamiento del vertedero Leñadura y cuyo cronograma original del Gobierno Regional contemplaba que a estas alturas ya hubiese iniciado su proceso de cierre, escenario que aún se ve lejano, la Municipalidad de Punta Arenas inició un proceso de licitación pública para concesionar la administración y operación del Vertedero Municipal de Leñadura.

El contrato tendrá una vigencia de 30 meses, desde el 1 de octubre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2029, y considera un presupuesto referencial de $7.350 millones.

El adjudicatario deberá administrar una superficie aproximada de 24 hectáreas, donde se disponen los residuos domiciliarios transportados por los camiones recolectores -tanto del turno diurno como del nocturno- , residuos sólidos asimilables a domiciliarios, desechos pesqueros (crustáceos, moluscos y similares) y residuos de establecimientos de atención de salud (Reas). Cada uno de estos residuos deberá depositarse en celdas de disposición independientes, sin posibilidad de mezclarse entre sí.

Las bases establecen, además, que de la licitación quedaron excluidos los residuos peligrosos regulados por el Reglamento Sanitario.

Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el 20 de julio, mientras que la  adjudicación estimada se podría realizar el 14 de agosto próximo. La contratación se formalizará mediante Decreto Alcaldicio fundado y requerirá, además, el acuerdo del Concejo Municipal.

Actualmente la operación del Vertedero Leñadura es realizado por la empresa Ingeniería Hollemberg SpA. Para la administración de este recinto, el municipio destina más de $1.319 millones anuales. El contrato vence en septiembre de este año.

Exigencias

Cada seis meses deberá realizarse un levantamiento topográfico para medir la capacidad utilizada y la capacidad disponible del vertedero. Esa información deberá incorporarse a un informe mensual de operación junto con el listado de personal, las horas-máquina, el consumo de combustible, los registros de la balanza de pesaje y las acciones de control de vectores sanitarios, olores y material particulado.

El contrato también obliga a mantener en funcionamiento la balanza electrónica de pesaje ubicada en el acceso al recinto; los caminos interiores y el camino vecinal de acceso, que deberá permanecer transitable los 365 días del año; los cierres perimetrales; la iluminación de los frentes de trabajo mediante un generador propio; y tres letreros informativos con los datos del vertedero, la empresa operadora y las tarifas vigentes.

Al cierre de cada área que deje de recibir residuos deberá ejecutarse un programa de cierre parcial, con cobertura de material árido y una capa vegetal final de 15 centímetros.

En materia laboral, el concesionario deberá mantener la dotación de personal ofertada durante toda la vigencia del contrato, contemplando reemplazos por licencias médicas y feriados, y destinar a esos trabajadores exclusivamente a las labores del vertedero. Las remuneraciones no podrán ser inferiores a los mínimos legales y las condiciones laborales ofertadas se convertirán en obligaciones contractuales exigibles durante todo el periodo.

Las bases administrativas contemplan modificaciones contractuales -por ejemplo, debido a variaciones en el volumen de residuos o a nuevas exigencias sanitarias y ambientales-, siempre que el valor acumulado de estas no supere el 30% del monto originalmente adjudicado. También permiten prórrogas de hasta 12 meses adicionales, sujetas al mismo límite. Entre las causales de término anticipado del contrato figuran la acumulación de multas equivalentes a 20 mil UTM durante su vigencia, el agotamiento de la capacidad del vertedero, incumplimientos laborales o previsionales reiterados, la quiebra del adjudicatario y razones de interés público o seguridad nacional.