Magisterio llama a fortalecer medidas de prevención y apoyo tras debate por violencia en establecimientos

A raíz de la resolución del Tribunal Constitucional (TC), que declaró inconstitucionales distintos aspectos del proyecto de Ley de Escuelas Protegidas impulsado por el gobierno, la presidenta regional del Colegio de Profesores, Alicia Aguilante Vargas, abordó impacto del fallo en el debate sobre seguridad en colegios.

El organismo constitucional objetó normas que eran consideradas de carácter más punitivo dentro de la iniciativa, entre ellas la posibilidad de revisión de mochilas y pertenencias por parte de Carabineros o la Policía de Investigaciones, restricciones para el acceso a beneficios estatales como la gratuidad en casos de condenas en contextos escolares, además de disposiciones vinculadas al control de vestimenta y accesorios y a la eventual limitación de actividades o movilizaciones dentro de los establecimientos.

Frente a este debate, Aguilante planteó que “nadie puede estar de acuerdo con la violencia en los establecimientos” y que tanto docentes como estudiantes tienen derecho a desarrollar sus actividades en un entorno seguro.

En ese contexto, señaló que las medidas que se adopten para enfrentar esta problemática deben enmarcarse en la institucionalidad vigente. A su juicio, el fallo conocido recientemente no implica que la violencia deje de ser una preocupación, sino que obliga a buscar alternativas eficaces y jurídicamente sólidas.

Agregó que el Colegio de Profesores respeta las decisiones de las instituciones de la República, pero recalcó que el debate debe continuar con el objetivo de fortalecer la convivencia escolar. En esa línea, sostuvo que es necesario avanzar en políticas públicas que refuercen la prevención y la protección de las comunidades educativas, con equipos especializados y apoyo permanente.

Asimismo, planteó que los establecimientos requieren mayores recursos profesionales para enfrentar situaciones complejas. “Las escuelas necesitan más apoyo profesional, equipos de convivencia fortalecidas, atención oportuna de salud mental y protocolos eficaces”.

Por último, advirtió que el profesorado no puede seguir enfrentando en solitario las situaciones de violencia que afectan el proceso educativo, insistiendo en que la respuesta debe ser integral y sostenida. En ese sentido, recalcó que “la violencia escolar es un problema real” y que las soluciones deben resguardar tanto los derechos de las comunidades educativas como el marco constitucional.