Plataforma “Actuar es Urgente” advierte sobre aumento de víctimas y riesgos de explotación sexual en residencias

El escenario de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes continúa siendo crítico a nivel nacional. Así lo plantea Rafael Rodríguez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, integrante de la plataforma “Actuar es Urgente”, quien sostiene que el número de víctimas sigue aumentando y que las medidas implementadas por el Estado no han sido suficientes para enfrentar esta realidad.

“El diagnóstico es dramático, porque año a año siguen aumentando las víctimas de explotación a lo largo del país. O sea, lo que haya hecho el Estado es claramente insuficiente y no está logrando controlar esta tragedia”, señaló Rodríguez.

Entre los principales puntos de preocupación se encuentra el modelo residencial. Otro elemento que ha incidido en el aumento de las denuncias es la utilización de plataformas digitales. La Fundación advierte que las denuncias por explotación sexual infantil aumentaron un 73% durante los últimos tres años a nivel nacional. Rodríguez indicó que, según la Fiscalía y las policías, este incremento “tiene mucho que ver con la explotación que ocurre en el mundo digital, en las redes sociales y en sitios de citas”.

Es precisamente en estos espacios donde, según explicó, se produce una mayor interacción entre adultos y menores con fines de explotación. A esto se suma el aumento de casos que deben abordar policías y Fiscalías con los mismos equipos disponibles, lo que tendría consecuencias en la capacidad de investigación y persecución de estos delitos.

El modelo residencial constituye otro de los focos señalados por la plataforma. Rodríguez sostuvo que existe un problema asociado al denominado efecto de contagio entre quienes viven en estos espacios, debido a que determinadas conductas pueden comenzar a reproducirse entre sus integrantes.

En este contexto, señaló que existen situaciones en que menores pueden ser invitadas a actividades con adultos que aparentan ser figuras cercanas. “Son muchas veces niñas que invitan a otras niñas a ir a fiestas con adultos que se disfrazan de amigos y pololos, pero sólo con el fin de explotarlas”, afirmó en una entrevista a La Prensa Austral.

Para Rodríguez, enfrentar esta situación requiere modificar el modelo de atención. “Esta realidad, que ocurre en muchas residencias, es incontrolable, porque para hacerlo se necesita evitar el contacto entre niñas con y sin explotación, y eso significaría cambiar el modelo de atención: pasar de uno residencial a uno familiar”.

El riesgo también se extiende al entorno digital, donde el grooming o seducción emocional puede transformarse en una vía de acceso para las redes de explotación. “Hoy la explotación entra a nuestras casas a través del celular dado que las redes de explotación operan por medio de redes sociales y sitios de citas o de transacción comercial”, advirtió.

Desde “Actuar es Urgente” también han planteado que el Estado mantiene una deuda con las víctimas de Explotación Sexual Comercial Infantil. Para Rodríguez, una de las principales tareas pendientes está relacionada con las capacidades de investigación y persecución de quienes cometen estos delitos. “Hay varias, pero creo que la primera es dar mayores facultades a policías y Fiscalías para que logren generar pruebas suficientes que permitan a los tribunales condenar a quienes abusan y explotan a niños, niñas y adolescentes”.

A ello, agregó la necesidad de abordar la situación de quienes permanecen en residencias y presentan riesgos de explotación. “También se debería separar a todas las niñas que están en residencias y que tienen riesgos de ser explotadas. Esto significa tener programas de familia de acogida profesionales y especificados en adolescencia compleja”, planteó.

En el caso de Magallanes, Rodríguez apuntó que la región presenta distintos factores que pueden aumentar el riesgo de ocurrencia de este delito. “Magallanes, como región, tiene todos los factores de riesgo que hace más probable la comisión de este delito”.

Entre estos elementos mencionó la condición de región extrema, la presencia de personas en residencias y la cercanía con puertos y empresas ubicadas en zonas extremas. “Vemos que hay mayor prevalencia en regiones en zonas extremas, con mayor cantidad de niños en residencias, con cercanía a puertos y empresas en lugares extremos”, explicó.

Ante esta realidad, planteó que uno de los desafíos para la región está en fortalecer la coordinación entre las distintas instituciones vinculadas a la protección. “Magallanes tiene el desafío de poder articular una red de protección que identifique los lugares donde ocurre la explotación para generar mecanismos de disuasión”.

Rodríguez valoró, además, las últimas condenas obtenidas por la Fiscalía en la región, considerando que pueden contribuir a generar un efecto disuasivo frente a quienes buscan cometer este tipo de delitos.