Habitantes de la toma villa Las Etnias deberán desalojar antes del 19 de octubre

Celeste Espínola tiene 30 años, desde hace más de una década vive en la toma villa Las Etnias junto a sus dos hijos adolescentes. Dejó su natal Paraguay en búsqueda de una mejor calidad de vida. Hoy es una de las más de 6 mil personas cesantes, sin embargo, este no es el mayor de sus problemas. En horas de la mañana de ayer, un equipo del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), acompañado de personal de la Policía de Investigaciones, dejó en la puerta de su casa una notificación de desalojo.

Tiene hasta el próximo 19 de octubre para hacer abandono de este predio ocupado ilegalmente durante más de una década por cientos de familias que ansían lograr el sueño de la casa propia.

“La verdad es que la noticia no impactó y nos dejó triste”, cuenta en conversación con La Prensa Austral. Asegura que desde Vivienda no han cumplido con los acuerdos dados cuando fueron catalogados como asentamiento precario durante la administración de Gabriel Boric. Acusa que la han dañado mentalmente y que ella espera saber si obtendrá alguna solución. “Es difícil juntar dinero y salir de un día para otro, buscar arriendo, que es difícil, que acá en Punta Arenas los arriendos están caros”, explica. Como ella, son un centenar las familias que recibió una carta de este tipo.

El anuncio de desalojo de dicho asentamiento irregular se viene gestando desde abril pasado, cuando el ministro Iván Poduje, en conversación con este diario y posteriormente en visita a la región, confirmó que esta toma, junto a la contigua denominada Lautaro, iban a ser desalojadas durante ese mes, periodo que se fue corriendo con el paso de los días, hasta establecerse como fecha límite fin de año.

Antes de que finalice septiembre, la contigua toma Lautaro ya se encontrará completamente erradicada. Hoy, varias casas fueron desarmadas y sus habitantes, quienes calificaron, accedieron a subsidios de arriendo. Dicho proceso se ha desarrollado en calma y sin emplear el uso de la fuerza. Se erradicarán 37 familias al finalizar esto.

Sin embargo, en villa Las Etnias, esto podría no ocurrir, ya que dirigentes consultados por La Prensa Austral exigen que las autoridades de Vivienda se hagan presentes en el campamento para negociar. La líder de la toma, Mónica Rivera, asegura que existen dos vías para destrabar el conflicto: una, que se les entregue una solución habitacional definitiva, o que puedan ser dueños de los terrenos que actualmente ocupan. La última salida tendría que venir acompañada de la llegada de servicios básicos.

Acusa desconocimiento
de existencia de
la agrupación

Mónica denuncia que las autoridades han desconocido la existencia de una agrupación de vivienda que surgió en 2023. “Nosotros tenemos nuestra libreta”, alegó, añadiendo que “es justo que nos den una solución habitacional”. “La señora del Serviu no ha querido venir a conversar con nosotros. Ella ha conversado con algunos, ha sacado así de a poco con algunos”, indicó. Mónica fue tajante en rechazar la idea de ser sacados del lugar con subsidio de arriendo, sino que quieren algo definitivo.

Jacinto Costa, quien es miembro de la directiva de la toma, señala que un 60% de los vecinos son migrantes y que existen más de 60 menores de edad. El es de origen colombiano, pero vive hace más de dos décadas en Punta Arenas. “Nosotros hemos pasado frío, hambre acá, luchando, tenemos nuestras casitas y para levantar nuestras casitas de la noche a la mañana es injusto que nos den una solución”, alega.

Los vecinos de este campamento también han debido enfrentar las críticas de los habitantes de la villa Silva Henríquez, quienes, aparte de denunciar el vertimiento de aguas servidas, acusaron que en este asentamiento se ejercía el comercio sexual, era un foco de delincuencia y de migrantes irregulares. “La mayoría de los extranjeros que están acá están documentados. Porque uno, porque como vienen de los migrantes, no puede tratar a todos como igual”, alegó Celeste.

Tras años de inacción por parte de las autoridades, en marzo, el cierre del vecino jardín infantil Juan Ruiz Mancilla, producto del vertimiento de aguas servidas provenientes de la toma Lautaro, desencadenó indignación, liderada por consejeros regionales y respaldada por el gobernador Jorge Flies, el alcalde Claudio Radonich y parlamentarios de la zona, que obtuvieron eco en el ministro de Vivienda, Iván Poduje. A este cierre le había antecedido el del Centro Comunitario de Salud Familiar Sandra Vargas.

Las Etnias se encuentra mayoritariamente sobre terrenos pertenecientes a la empresa Salfa y al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu). Salfa hace un par de meses presentó una querella por ocupación irregular.

El origen del asentamiento se remonta a abril de 2016. En ese momento, un grupo de aproximadamente diez familias, organizadas a través de redes sociales, decidió ocupar un terreno baldío ubicado en la prolongación de calle Enrique Abello. Con el paso de los días, el asentamiento creció hasta alcanzar cerca de 90 familias.