Autoridades cuestionan amenazas de sanciones económicas por apertura de ruta marítima con las Malvinas/Falkland

Un duro cuestionamiento por parte de las principales autoridades de Magallanes tuvo la propuesta de ley que la provincia de Tierra del Fuego argentina prepara para cualquier empresa que comercialice con las Islas Malvinas/Falkland, tema abordado, en conversación con El Magallanes, por el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, quien señaló que la provincia analiza herramientas legales para desincentivar estas operaciones.

“Una empresa de cualquier país del planeta que esté facilitando la presencia británica en las Islas Malvinas y que opere ilegalmente bajo lo que van a ser las normas que vamos a desarrollar de la provincia de Tierra del Fuego y que posteriormente la situación sea judicializada, no lo podría hacer”, explicó, añadiendo que estas sanciones serían de orden económico y que podrían llegar incluso a prohibir a estas empresas el uso de puertos argentinos.

Estos dichos tienen su origen en la apertura por parte de la naviera Easter Island de una ruta marítima entre Malvinas/Falkland y Punta Arenas, flujo marítimo que se suspendió en 2011 tras la suscripción por parte de Chile de un acuerdo con el Mercosur de prohibición de recaladas de embarcaciones originarias de estas islas en puertos de países que son parte de este bloque multilateral.

Uno de los primeros en salir a cuestionar este anuncio fue el gobernador Jorge Flies, recordando que “Malvinas ha estado permanentemente llevando su abastecimiento vía Uruguay”, precisando que “el estrecho de Magallanes tiene todas las facilidades para comercio internacional, al igual que la navegación de buques y abastecimiento desde las Malvinas a Punta Arenas”.

El gobernador insistió en que la postura de su administración es propender hacia la “integración, el apoyo, el trabajo entre las distintas partes, así como lo hacemos con Argentina, perfectamente se pueden hacer con las Malvinas”.

En tanto, el alcalde Claudio Radonich, uno de los impulsores de la reactivación de esta ruta, aseguró que “cada estado está en su derecho de generar la legislación que corresponde. Por tanto, no tengo mayores comentarios al respecto” y que la apertura de esta ruta es “netamente comercial”. “Hoy el comercio que generan las Islas con Montevideo genera 20 millones de dólares para Montevideo. Montevideo, capital de Uruguay. Uruguay es parte del Mercosur y adhirió a las mismas resoluciones que Chile también se sumó”, planteó.

“Hoy lo que las Islas Malvinas compran lo hacen a pocos kilómetros de Buenos Aires”, insistió el jefe comunal, recordando que hace un par de días senadores firmaron una carta para promover que “nadie pueda limitar el comercio de los puntaarenenses con el resto del mundo” y que el estrecho de Magallanes, al ser chileno en ambos lados, “todos los barcos pueden entrar y salir con libertad y Chile tiene la costumbre de respetar la palabra empeñada en tratados y en las convenciones que ha adherido, en este caso la Convención del Mar”, cerró.

El concejal Germán Flores también cuestionó la propuesta impulsada en Tierra del Fuego argentina, manifestando su rechazo a eventuales sanciones económicas o restricciones al acceso a puertos argentinos para empresas de la región que desarrollen actividades comerciales con las Islas Malvinas/Falkland. Flores sostuvo que Punta Arenas tiene derecho a desarrollar nuevas rutas comerciales y aprovechar su posición geográfica, planteando que la relación con Argentina debe sustentarse en la cooperación y el respeto mutuo.