La víctima olvidada

La liberación anticipada de un condenado por delitos sexuales contra una menor de edad ha generado a nivel regional una controversia política y administrativa que, sin embargo, corre el riesgo de dejar en segundo plano su dimensión más importante: las consecuencias que esta decisión ha tenido para la víctima.

El testimonio entregado a El Magallanes por la mujer que durante ocho años sufrió abusos de parte de quien era la pareja de su madre permite comprender el profundo impacto de una resolución que, más allá de sus fundamentos jurídicos, alteró abruptamente la tranquilidad que había logrado recuperar después de un largo y doloroso proceso.

Su relato resulta especialmente estremecedor porque no sólo habla del miedo que volvió a experimentar al saber que su agresor estaba libre, sino también de la absoluta falta de consideración hacia ella. Ninguna autoridad le informó de la rebaja de condena ni de la posterior excarcelación. Se enteró por terceros, cuando el caso ya era de conocimiento público, 49 días después de que el condenado abandonara la cárcel.

Esta omisión constituye uno de los aspectos más cuestionables del caso. Resulta difícil comprender que una decisión de semejante trascendencia pudiera adoptarse sin contemplar mecanismos para advertir y acompañar a quien sufrió directamente las consecuencias de los delitos. La víctima no podía modificar por sí misma una resolución administrativa, pero tenía derecho a no ser sorprendida de esta manera.

La controversia sobre las rebajas de condenas ha estado marcada por las interpretaciones legales, los pronunciamientos judiciales y las responsabilidades de las autoridades que suscribieron los decretos. Son aspectos que corresponde esclarecer con rigurosidad. Sin embargo, ninguna de esas discusiones debiera impedir una reflexión sobre el lugar que ocupan las víctimas dentro del sistema de justicia.

La mujer ha expresado que ni las renuncias ni los cambios de autoridades podrán reparar el daño que esta situación le provocó. Sus palabras merecen ser escuchadas, porque revelan que las consecuencias de una decisión institucional no se agotan en el ámbito político.

También recuerdan que la reparación de quienes han sufrido delitos sexuales es un proceso complejo, que puede verse seriamente afectado cuando las instituciones actúan sin considerar su situación particular.

Este caso debiera impulsar una revisión de los procedimientos de información, protección y acompañamiento a las víctimas frente a decisiones que incidan directamente en su seguridad y tranquilidad. No basta con establecer si una resolución se ajustó a derecho. También corresponde preguntarse si el Estado cumplió con su deber de consideración hacia quienes debía proteger.

Porque la justicia no puede reducirse al cumplimiento de formalidades legales ni olvidar a quienes han debido reconstruir sus vidas después de sufrir delitos de extrema gravedad. La voz de esta mujer obliga a reconocer una deuda institucional que ninguna explicación administrativa puede dar por saldada.