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Umag advierte ante el Senado recorte de $1.087 millones en su presupuesto para 2027

Viernes 13 de Noviembre del 2026

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Una disminución estimada de $1.087 millones en sus recursos para 2027 y la pérdida de aportes destinados a compensar las condiciones territoriales de las universidades regionales fueron los principales antecedentes expuestos por la Universidad de Magallanes ante la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado.

La institución de educación superior advirtió que las condiciones particulares de funcionamiento de las universidades estatales ubicadas en territorios extremos requieren un modelo de financiamiento que considere sus mayores costos operacionales y las dificultades derivadas de la distancia geográfica.

La exposición estuvo a cargo del vicerrector de Administración y Finanzas, Fredy Cabezas Belmar, quien participó este miércoles 11 de noviembre en una sesión destinada a analizar la situación presupuestaria de las universidades estatales de las regiones extremas del norte y sur austral. En la jornada también estuvieron presentes representantes de las universidades de Tarapacá, Arturo Prat y de Aysén, instituciones que igualmente enfrentan desafíos asociados a su ubicación territorial y a las condiciones en que desarrollan sus actividades académicas.

Durante su presentación, el representante de la Umag detalló los componentes de la disminución presupuestaria proyectada para 2027. El principal impacto correspondería al Aporte Institucional a las Universidades del Estado (AIUE), con una reducción de $455 millones. A ello se sumarían otros $108 millones asociados al Aporte Fiscal Directo (AFD), $95 millones correspondientes al excedente del Fondo Solidario y $429 millones del Plan de Fortalecimiento. La suma de estos cuatro conceptos alcanza los $1.087 millones de menores recursos estimados para la institución.

El escenario se complejiza por la ausencia de nuevas asignaciones durante 2026 para los programas de Educación Superior Regional (ESR) y Aporte para el Desarrollo de Actividades de Interés Nacional (ADAIN). Ambos instrumentos representan aportes relevantes para el funcionamiento y desarrollo de las universidades estatales fuera de la zona central, cuya falta de financiamiento implica para la Umag una pérdida anual estimada en $1.050 millones.

En ese contexto, Fredy Cabezas planteó ante los integrantes de la comisión que las instituciones de educación superior de las regiones extremas no pueden ser evaluadas bajo los mismos parámetros financieros que aquellas emplazadas en el centro del país, debido a las particularidades de sus territorios.

La intervención también permitió exponer la situación financiera que atravesó la Universidad de Magallanes durante los últimos años y las medidas adoptadas para revertir el déficit estructural. En este ámbito, el vicerrector presentó los avances del Plan de Sostenibilidad y Modernización Financiera 2025-2026, iniciativa implementada para enfrentar los resultados negativos acumulados entre 2018 y 2024, periodo en que la institución registró pérdidas por $10.982 millones.

El plan contempló una serie de medidas orientadas a mejorar la gestión financiera y recuperar el equilibrio económico de la casa de estudios. Según los antecedentes entregados ante el Senado, las acciones alcanzaron un cumplimiento global del 112% de las metas propuestas, resultado que se reflejó en una evolución favorable de los indicadores financieros de la institución.

Otro de los puntos abordados durante la sesión fue la importancia de resguardar los beneficios estudiantiles y el financiamiento de la investigación, considerando el papel que cumplen estos instrumentos en el acceso y la permanencia en la educación superior. En este ámbito, la Universidad informó que actualmente 1.189 estudiantes reciben la Beca Magallanes, beneficio que alcanza al 25,6% de la matrícula de pregrado.

 

Federación de Estudiantes de
la Umag mantiene movilización

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes (Feum) anunció que mantendrá la movilización y exteriorizó su preocupación por los ajustes contemplados en la discusión de la Ley de Presupuestos del Sector Público para 2027, advirtiendo sobre sus posibles consecuencias para las universidades estatales y, particularmente, para las instituciones que funcionan en zonas extremas como Magallanes.

Mediante una carta pública fechada el martes 10 de noviembre, la Federación de Estudiantes planteó que la universidad pública en territorios extremos e insulares constituye una herramienta fundamental para el desarrollo social, la investigación sustentable y la movilidad social de las familias patagónicas. En ese sentido, advirtió que cualquier variación en sus recursos tiene repercusiones directas en las oportunidades educativas y en el futuro de la comunidad regional.

La preocupación expuesta se sustenta en los antecedentes presupuestarios levantados por el Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch) y el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (Cuech), que han cuantificado una disminución nacional superior a los 36 mil millones de pesos en aportes basales directos para las instituciones.

A ello se suman las reducciones identificadas en distintos apartados de la Subsecretaría de Educación Superior, donde los análisis del proyecto de ley muestran contracciones que fluctúan entre un 6,4% y 15%.

Según expone la misiva, estos ajustes también tendrían consecuencias en programas y beneficios considerados relevantes para el acceso y la permanencia en la educación superior. Entre ellos se encuentran el financiamiento estudiantil mediante becas y créditos, el Programa de Acceso a la Educación Superior (Pace), las becas de mantención, las asignaciones destinadas a investigación aplicada y los programas de vinculación territorial.

La Feum hizo especial hincapié en las particularidades geográficas de Magallanes, donde el funcionamiento de una universidad enfrenta costos estructurales considerablemente más elevados debido al aislamiento y a las condiciones climáticas extremas. Por esta razón, advirtió sobre los efectos que podría tener un debilitamiento sostenido de la sustentabilidad académica, la infraestructura y el financiamiento de los beneficios estatales de mantención y residencia.

En el documento, la organización también buscó precisar el sentido de su movilización, señalando que no existe una oposición a los procesos de modernización del Estado, sino un rechazo a las disminuciones presupuestarias que, a su juicio, ponen en riesgo el funcionamiento de las universidades públicas y las oportunidades de acceso y permanencia de los estudiantes.

Al respecto, la Federación manifestó que mantendrá su postura de movilización hasta que el pleno estudiantil determine lo contrario y mientras la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos no asegure el rechazo o la corrección de los recortes a la educación superior, junto con garantizar los recursos basales necesarios para la continuidad de las instituciones.

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