Necrológicas

Causa nacional allá, abandono acá

Por Alejandro Kusanovic Domingo 22 de Noviembre del 2026

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En 1832, Diego Portales atribuyó el orden social chileno al “peso de la noche”, esa inercia institucional que sostiene al Estado más allá de quien gobierne. En Argentina, el austro y las Malvinas cumplen esa misma función bajo la forma de una verdadera causa nacional. Es un mandato que atraviesa gobiernos y obliga al Estado a poblar, subsidiar y proyectar poder.​El Tratado de Paz y Amistad de 1984 fija el límite jurídico de esa pulsión.

Sin embargo, la pretensión argentina sobre la plataforma continental magallánica y las lecturas dispares sobre la navegación en la boca oriental del estrecho tensionan su vigencia y contrarían su espíritu.

El derecho internacional colisiona hoy con la causa nacional que el país vecino erigió tras la guerra de 1982.​Cuando la emoción nubla la razón jurídica, se incuba una peligrosa cultura de la desconfianza. Al gobierno de Javier Milei y a sus asesores tras bambalinas, carentes de una mirada integral, esto parece preocuparles poco.​Conviene decirlo con serenidad: si bien en las rutas oceánicas generales hacia otras partes del mundo Chile cuenta con el respaldo indiscutible de los tratados y del derecho del mar, el destino hacia las Islas Malvinas añade una complejidad mayor. Allí pesan más de 30 décadas de apoyo y compromisos chilenos con la causa argentina, el respeto debido al espíritu patriótico y épico en torno a sus héroes forjado en las últimas décadas, el hecho de que ese destino sea asumido por Buenos Aires como un puerto nacional, y las normas que todo paso inocente exige observar dentro del mar territorial del Estado ribereño que acoge la nave. Pero la razón jurídica no se defiende sola. Necesita un Estado que la respalde con presencia, continuidad y una sola voz.​

Esa voz se ha debilitado por nuestras propias omisiones. Como he advertido antes, los problemas actuales responden a un retroceso y abandono progresivo del austro. Todo comenzó en las reuniones previas al cambio de mando entre los equipos de Aylwin y Menem. Los años noventa son el manual de lo que Chile nunca más debe hacer. Las Declaraciones Presidenciales de 1990 y 1991 reabrieron en Campo de Hielo Sur una cuestión limítrofe que el Tratado de 1881 había zanjado. Luego vinieron el Protocolo de Recursos Hídricos (1991), el fallo de Laguna del Desierto (1994), el Tratado Minero (1997) y el acuerdo de 1998. En el balance, no sumaron: debilitaron la posición de Chile en Magallanes a cambio de intereses comerciales del norte.​

A esa retirada se sumó una doctrina de fosilización del Estado en el sur. Su ejemplo más reciente es el futuro Parque Nacional Cabo Froward, con otras 183.000 hectáreas sustraídas a la posesión activa. Chile no se fortalece en el extremo austral multiplicando parques nacionales ni suscribiendo el Tratado de Alta Mar, cuyo impacto geopolítico en la zona sigue sin comprenderse.

La asimetría con Argentina es abismal. Más de la mitad del suelo magallánico está bajo alguna figura de protección, mientras que en Santa Cruz y Tierra del Fuego el registro federal apenas llegaba al 8% en 2020.​

Los números demográficos confirman el costo de este abandono. Hacia 1980, Santa Cruz y Tierra del Fuego sumaban 142.000 habitantes, frente a los 132.000 de Magallanes. Hoy esas dos provincias argentinas alcanzan los 523.000, mientras Magallanes apenas llega a 166.537. Durante demasiado tiempo, el Estado ha mirado a Magallanes como la región leprosa de Chile: un territorio que se administra a distancia, al que se le imponen restricciones antes que proyectos y que se recuerda solo cuando estalla una crisis. Chile, que acuñó el concepto del peso de la noche, lo extravió en el sur porque, como advirtió el historiador Mario Góngora, el Estado renunció a su misión histórica de construir nación para limitarse a administrar el territorio.

​Cabe aquí una palabra a la clase política, a las instituciones y a los analistas. No es el momento de debates estériles ni de ganancias de corto plazo. Llama la atención que quienes hoy levantan banderas patrioteras nada dijeron en los últimos 35 años. Fue precisamente en esos 35 años de silencio y de ambigüedades donde se incubaron las causas del problema actual. Tampoco ayuda que se polemice desde Santiago sin conocer Magallanes y que se lo trate como un laboratorio donde cierta ideología progresista busca sintonizar con agendas globalistas, y no como la frontera viva de la República.​

Tras visitar la región, el canciller Pérez Mackenna comprendió las asimetrías que separan al sur chileno del argentino. Vio el abismo entre un territorio regido por un proyecto nacional y otro sometido a una causa globalista. Él no creó estos problemas. Los heredó de casi todos los excancilleres, funcionarios y políticos que, durante 35 años, debilitaron al país en el extremo austral. Chile necesita refundar su relación con Magallanes.​

Más allá de la Argentina coyuntural, Chile ha construido con Argentina una relación que debemos cuidar, allá y acá. Los gobiernos pasan, pero las huellas quedan y habrá que repararlas. La convivencia más genuina ocurre en la Patagonia y Tierra del Fuego, y aprender de esa realidad, aunque cueste, sería lo sensato. Ningún país puede defender su soberanía si antes ha perdido la voluntad de habitar, desarrollar y proyectar su territorio.​

Basta de guerrillas declarativas por la prensa. Solo exhiben incomprensión del austro, fetichismo patriotero y un legalismo estéril que confunde tener la razón con ejercerla. Exhiben también la incapacidad del Estado para defender nuestros intereses. Frente a este escenario, nuestro canciller merece un respaldo firme para corregir el rumbo.

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