Ministra Rubilar cometió “la prescindencia de los funcionarios de gobierno” por apoyar campaña de su pareja
La Contraloría General de la República dictaminó que la ministra de desarrollo Social, Karla Rubilar, vulneró la prescindencia de los funcionarios de gobierno en época electoral y que utilizó su autoridad para tratar de ayudar a la campaña de su pareja, el periodista Christian Pino, quien es candidato a diputado por el Distrito 8 en Santiago.
La situación fue revalada a mediados de octubre por una investigación periodística, que dio cuenta de acusaciones de parte de un grupo de funcionarios de la Dirección de Prensa de la cartera contra la secretaria de Estado por una presunta falta de probidad y mal uso de recursos.
Entre otras irregularidades, el personal -mediante una carta- denunció en Canal 13 que recibieron instrucciones de Rubilar, a través del chat institucional de la Dirección de Prensa y en horario laboral, para favorecer a Pino; hecho que fue acompañado por el pantallazo de un mensaje que habría escrito la ministra el lunes 23 de agosto, a las 15 horas.
“Muchachos. Hoy Christian parte su campaña: por razones más que obvias, nos pegarán mucho. A él por mí y a mí para que baje mi aprobación y no lo pueda ayudar. Deben ser extremedamente cuidadosos con todo, las actividades, publicaciones, redes, atentos a restringir o borrar comentarios mala leche, etc. Estos 3 meses serán difíciles pero creo a valen la pena. Así que por favor, los quiero de verdad todos atentos”.
Al respecto, la Contraloría en su dictamen expone que “en dichas conversaciones se advierte que aquella entrega de instrucciones a los destinatarios del grupo para que apoyen y promocionen la candidatura del señor Pino Lanata, ejerciendo de este modo su autoridad para beneficiar la campaña de su pareja”, y puntualiza que la “existencia y tenor” de las conversaciones no fueron desmentidos en el informe que envió la Subsecretaría de Evaluación Social en el marco de esta fiscalización.
Pese a ello, no da por establecido que existió falta a la probidad o mal uso de recursos públicos, no obstante que plantea que los mensajes de la ministra apuntaban en esa dirección.
El ente fiscalizador sostuvo que “si bien no está acreditado que con ocasión de los hechos denunciados hubo utilización de recursos públicos, de haberse cumplido las instrucciones que la ministra Rubilar Barahona impartió en dicho grupo de WhatsApp a funcionarios de su dependencia y de su confianza, ello habría implicado una infracción de la normativa antes reseñada sobre probidad, por haberse ocupado tiempo de la jornada de trabajo y empleo de recursos públicos”.
