Gran mayoría de la instituciones aún no destituye a los funcionarios implicados en el “Caso Licencias”
- Ya se han iniciado 878 investigaciones, con desvinculaciones en Enap, salud y municipios.
Marcos Sepúlveda Loyola
Exdirectores de servicios, jefes de gabinete e, incluso, una exdelegada han sido salpicados por los reiterativos informes de Contraloría, que revelan eventuales viajes de funcionarios públicos al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.
A casi cuatro meses del estallido del escándalo a nivel nacional y regional, no todas las instituciones públicas han dado término aún a los sumarios iniciados tras la publicación del primer informe consolidado, el cual cruzó datos de entradas y salidas del país con información de la Superintendencia de Seguridad Social. Posteriormente, se sumaron antecedentes con la Superintendencia de Casinos, lo que elevó la cifra de empleados públicos involucrados en este tipo de prácticas.
Hasta ahora, en la Municipalidad de Punta Arenas, la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), BancoEstado y el Servicio de Salud Magallanes se han registrado desvinculaciones relacionadas con este caso.
Según un registro elaborado por El Magallanes, sólo a partir de este informe se han instruido 878 sumarios en nuestra zona. El dato más reciente provino de Gendarmería, que reporta 80 casos en la región de funcionarios que viajaron fuera del país mientras estaban con licencia médica. A esto se suman las situaciones detectadas en Enap, que no fueron contabilizadas en el primer registro.
A nivel nacional, al 5 de septiembre, el ente contralor contabilizaba 8.301 sumarios, de los cuales 5.647 corresponden al sector municipal y 2.654 a otros sectores. De las 2.104 entidades con casos reportados, 1.214 ya han informado avances en los procedimientos.
En el sistema diseñado por Contraloría para dar cuenta de estos sumarios, relacionados específicamente con viajes al extranjero, en 969 casos ya se han aplicado medidas disciplinarias. De éstos, 52 corresponden a destituciones, 642 al término de contrato, 4 a suspensiones, 9 a multas, 120 a otras sanciones, 141 fueron sobreseídos y una persona resultó absuelta. En el listado publicado por el ente fiscalizador no figura ninguna entidad pública magallánica, pese a que en algunas ya existen resoluciones.
Según la Dirección de Presupuestos, a nivel nacional hay más de 16.435 funcionarios involucrados en casos de mal uso de licencias médicas en el Gobierno central. De éstos, 2.825 ya no trabajan en las mismas instituciones. Sin embargo, 1.636 de ellos siguen siendo objeto de sumarios administrativos, pese a estar fuera del servicio.
Hasta la fecha, 13.834 funcionarios mantienen procesos en curso, 211 casos han sido cerrados, y 180 cuentan con resolución en proceso de cierre. El 53% de los involucrados habría salido del país mientras estaba con licencia médica.
Lento avance
El Magallanes consultó a seremis, direcciones regionales, municipios y corporaciones sobre los avances a casi cuatro meses del estallido del “Caso Licencias”. Varias instituciones no respondieron debido a las celebraciones de Fiestas Patrias, en las que muchos funcionarios se encuentran con feriado legal.
Una de las instituciones con mayor número de casos, tanto a nivel nacional como regional, es la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), con 139 situaciones detectadas en Magallanes. Según un comunicado de prensa emitido por el servicio, el 35% de los casos está en etapa de revisión de legalidad, un 58% en formulación de cargos y presentación de descargos, y el 7% restante aún en investigación.
“Los tiempos actuales se encuentran dentro de lo establecido por el Estatuto Administrativo, ajustándose estrictamente al marco legal vigente”, señalaron desde Junji. A la fecha, no se ha emitido resolución final en ninguno de los casos, por lo tanto, no es posible informar sobre destituciones, multas u otras sanciones.
En la seremi de Educación, liderada por Valentín Aguilera, el pasado 12 de septiembre se iniciaron formalmente los procedimientos administrativos.
Desde el Servicio Local de Educación Pública (Slep) Magallanes indicaron que los sumarios se encuentran en desarrollo y en etapa de formulación de cargos. “Los plazos de tramitación se han visto afectados por el flujo de información solicitada por los funcionarios investigados a instituciones externas”, explicaron desde el organismo administrador.
En el Slep se reportaron 274 funcionarios cuestionados, de los cuales 258 provienen de las distintas corporaciones educacionales que actuaban previamente como sostenedoras.
Respecto a los sumarios en Gendarmería, señalaron que se trata de un “asunto variable”, ya que algunos casos siguen en investigación, otros están en etapa acusatoria y el resto en evaluación jurídica, de acuerdo con lo instruido por Fiscalía.
A nivel municipal se reportaron 20 funcionarios involucrados en Torres del Paine, dos en Río Verde, cuatro en Laguna Blanca, ocho en Cabo de Hornos y cinco en Porvenir.
La alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, señaló que uno de los casos ya superó la etapa indagatoria y que el otro sumó un nuevo requerimiento, ya que el funcionario estaría también implicado en la arista “casinos” del “Caso Licencias”.
Por su parte, la alcaldesa de Primavera, Karina Fernández, explicó: “Aún no entregan los informes, porque se demoraron los reportes provenientes de la PDI”. En Cerro Sombrero se han reportado dos casos.
Llevados a nivel nacional
De los 21 ministerios presentes en la región a través de sus seremis, el listado de sumariados lo lidera Obras Públicas, con 27 funcionarios. Le sigue la seremi de Salud, con 10 implicados; Vivienda, con cinco; Cultura, con dos; mientras que Desarrollo Social y Trabajo registran un caso cada uno.
“Hay algunos sumarios en Contraloría en toma de razón. Otros todavía están en investigación, pero no se pueden entregar detalles individuales porque son reservados hasta que se tome razón y se aplique la sanción”, declaró el seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández. El ente contralor aún no ha tomado razón de ninguna destitución.
Desde Salud informaron que tres casos fueron objeto de sumario. Uno fue sancionado con multa y suspensión del empleo por 30 días, y los otros dos con sanciones menores. En todos los casos, las licencias médicas fueron rechazadas y se instruyó la devolución de las remuneraciones percibidas durante esos períodos.
Los otros siete casos registrados en el Consolidado de Información Circularizada están siendo investigados por la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud.
En el resto de las seremis, los casos están siendo gestionados desde el nivel central, sin avances relevantes hasta la fecha.
Los primeros destituidos
La Empresa Nacional del Petróleo (Enap) fue una de las primeras entidades en desvincular funcionarios tras conocerse los hechos. La estatal informó del despido de 44 trabajadores, de los cuales 26 pertenecen a la filial Magallanes.
Una de las involucradas fue la exdirigenta sindical Erica Hidalgo Barahona, quien anunció acciones legales contra la empresa. Hidalgo estaba con licencia médica tras una operación de prótesis de cadera, y afirmó que su médico le recomendó comenzar a hacer vida normal durante el último mes de reposo. En ese contexto, recibió una llamada de una prima desde Río Gallegos, quien requería apoyo urgente. “Como cualquiera lo haría, fui en ayuda”, declaró. Permaneció allí nueve días asistiendo a su familiar, cuyo esposo es inválido.
A esto se sumaron cuatro funcionarios del Servicio de Salud Magallanes, número que ha ido en aumento debido a nuevos cruces de información.
En la Municipalidad de Punta Arenas se destituyeron ocho funcionarios. Además, se registraron cuatro suspensiones, nueve multas equivalentes al 20% del salario y tres sobreseimientos. De los trabajadores suspendidos, uno recibió una sanción de 60 días y tres fueron castigados con 30 días.
En los próximos días se conocerán los resultados de los 59 sumarios en la Corporación Municipal de Punta Arenas, del área salud. En un comienzo se hablaba de 76 funcionarios implicados.




