Conservación de puentes

La infraestructura vial, particularmente los puentes, representa mucho más que simples estructuras de concreto y acero, pues son las arterias vitales que permiten la integración social, el desarrollo económico y el desplazamiento de la población en un país de geografía tan discontinua como Chile.

En este contexto, la Región de Magallanes y la Antártica Chilena enfrenta desafíos únicos donde cada uno de sus 99 puentes bajo la tutela de la dirección de Vialidad es una pieza crítica para la soberanía y la conectividad austral.

Sin embargo, el reciente Informe Final N° 804 de la Contraloría General de la República (CGR) revela que este brazo estratégico de nuestra economía presenta grietas profundas, no sólo en su estructura física, sino también en su gestión administrativa.

El diagnóstico para Magallanes es preocupante y requiere un análisis objetivo. Por un lado, la seguridad de los usuarios se ve comprometida por inconsistencias críticas de información. Casos como el del Puente Kayecho, donde el sistema oficial omite una restricción de carga de 30 toneladas existente en terreno, o el Puente Penitente, con una señalética de 45 toneladas no registrada, evidencian una desconexión alarmante entre las oficinas centrales y la realidad de las rutas. Si el Estado no tiene certeza sobre la capacidad real de sus puentes, ¿cómo puede garantizar que un vehículo de alto tonelaje no provoque un desastre?

El Puente Penitente se erige hoy como el monumento a la desidia administrativa detectada por la auditoría. Con una calificación de apenas 27 puntos sobre 100, su situación es de “daño resistente medio y funcional grave”. A pesar de que su reposición total fue propuesta en 2022, los fiscalizadores comprobaron que, tres años después, las fisuras en los estribos, la armadura de acero a la vista y la alta corrosión en las vigas se mantienen “sin ser abordados”.

No obstante, es necesario reconocer que la dirección de Vialidad no ha guardado silencio ante estos hallazgos. La institución ha manifestado que se encuentra en un proceso de homologación de datos para que los sistemas de registro y control dejen de ser bases de datos aisladas y se conviertan en una herramienta de control real hacia el año 2026. Asimismo, la implementación de la “Estrategia para el Mantenimiento de Puentes 2025” busca sincerar las periodicidades de inspección, ajustándolas a la capacidad operativa real del servicio, con la meta de tener calificado el 100% del inventario nacional para 2028.

La Contraloría ha sido clara al otorgar un plazo de 60 días hábiles para implementar planes de medidas correctivas que mitiguen el riesgo de falla. Para Magallanes, la postergación de estas obras no es solo un problema de presupuesto, es una vulneración a la seguridad de quienes habitan las zonas más aisladas del territorio.

La conectividad de Magallanes no puede depender de sistemas informáticos que no se hablan entre sí ni de proyectos de reposición que duermen en carpetas desde 2022.