Subsecretario de Medio Ambiente califica de “crítica” la situación del vertedero: “No puede seguir esperando mucho más”

La gestión de residuos, la reforma al Sistema de Evaluación Ambiental, el futuro de los reglamentos antárticos y la situación de los vertederos fueron algunos de los temas que marcaron la visita del subsecretario del Medio Ambiente, José Ignacio Vial Barros, a la Región de Magallanes. Durante tres días, entre el jueves 25 y el sábado 27 de junio, la autoridad desarrolló una intensa agenda que incluyó actividades en Punta Arenas y reuniones con actores públicos y privados, en el marco de una gira donde el manejo de los residuos fue presentado como uno de los principales ejes de la actual administración.

El recorrido contempló el lanzamiento del proyecto FPA “Eco Jardines Comunitarios” del Consejo Vecinal Juan Pablo II, su participación en la II Cumbre Municipal del Reciclaje 2026, una visita al vertedero de Leñadura, un recorrido por el humedal urbano Laguna Pudeto y la presentación del programa Oficina Verde Zona Austral en Zona Franca.

Vial incluso extendió su permanencia en la región para participar en el tradicional Chapuzón del Estrecho, aunque antes sostuvo una reunión con representantes de Antarctic Punta Arenas Logistics (Apal), quienes solicitaron definiciones sobre los reglamentos ambientales aplicables a las operaciones antárticas, actualmente en revisión por el Ministerio.

“Estos reglamentos se habían presentado a la Contraloría, fueron retirados y hoy están siendo revisados tanto desde el punto de vista técnico como jurídico, además de las observaciones formuladas durante el proceso de consulta”, explicó el subsecretario, quien evitó comprometer plazos y afirmó que “la prioridad es hacer un trabajo bien hecho”.

En conversación con El Magallanes, la autoridad abordó además la reforma al procedimiento de evaluación ambiental contenida en la megarreforma económica, el estado de los 43 decretos ambientales retirados al inicio del Gobierno, la crítica situación de los vertederos en Magallanes y los desafíos ambientales que enfrenta la región.

Crisis de la basura

– ¿Cuál es el diagnóstico de la situación del vertedero municipal?

– “Uno de los motivos por los que estamos en Punta Arenas, y que es un eje de esta administración, es la gestión de los residuos. La situación a nivel nacional es bastante seria; hay situaciones que ya no pueden seguir siendo postergadas. Por ejemplo, hay municipios que tienen que llevar sus residuos a cientos de kilómetros porque no hay un lugar donde puedan ser dispuestos. La situación del vertedero municipal acá, en Magallanes, tampoco puede seguir esperando mucho más. A partir de un diagnóstico elaborado junto con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y con el trabajo al que se incorporará la Subsecretaría de Salud, hay sectores donde la situación de los residuos es crítica”.

– ¿Cómo se aborda desde el ministerio?

– “Desde el punto de vista regulatorio, está la implementación de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que este año cumple 10 años y que cambió el paradigma: pasar de una economía lineal a una circular, donde se busca evitar la generación de residuos, disminuirla y fomentar la reutilización, el reciclaje y la valorización (…) Sin perjuicio de eso, hay situaciones concretas que tienen que ser enfrentadas, y por eso estamos coordinándonos con la Subsecretaría de Desarrollo Regional para enfrentar las zonas críticas, y una de esas es la situación del vertedero municipal de Punta Arenas”.

– ¿Cuál es la situación de las demás comunas de la región en este ámbito?

– “La verdad es que falta poder enfrentar de buena manera la situación, sobre todo en las zonas extremas. Incluso en las comunas más pequeñas, hoy me planteaban los alcaldes que ellos no son considerados por los sistemas de gestión de residuos, y dicen: “Queremos reciclar, pero no sabemos cómo”. Una de las tareas es llevar ese diagnóstico al Ministerio para determinar qué aspectos de mejora se pueden implementar desde el punto de vista regulatorio. En Natales hay un relleno que ya cuenta con los permisos y se está implementando todo para echarlo a andar, porque el vertedero, como bien dices tú, ya sufre incendios y tiene hartas materias que deben ser abordadas. La prioridad, primero, es Punta Arenas, y a partir de eso ver cómo se pueden abordar el resto de las comunas, enfrentando la situación particular de cada una”.

Reforma al Sistema de
Evaluación Ambiental

– ¿Cuál es la incidencia en la cartera de Medio Ambiente en la reciente megarreforma aprobada en el Senado?

– “En la temática ambiental, lo que se busca es algo que se ha venido señalando desde el comienzo: agilizar procedimientos, en particular de evaluación ambiental, sin rebajar los estándares ambientales. El proyecto recoge algo que se viene discutiendo hace largo tiempo en el Senado, que tiene que ver con la reforma al procedimiento de evaluación ambiental: entregarle la rectoría técnica al Servicio de Evaluación Ambiental, solicitar mayor fundamentación de ciertos pronunciamientos y disminuir algunas etapas de iteración. El Gobierno siempre ha señalado que el desarrollo no es desarrollo si no es sustentable, si no es con cuidado al medio ambiente, pero tiene que haber desarrollo”.

– Cuando el proyecto entre a las comisiones, en particular a la de Medio Ambiente, ¿qué resguardos ambientales consideran irrenunciables?

– “Si uno ve las modificaciones, nosotros no estamos haciendo cambios respecto de los estándares ambientales. Lo que estamos haciendo es dotar de mayores atribuciones al Servicio de Evaluación Ambiental para administrar el sistema. Esto es lo que se denomina la rectoría técnica. Porque lo que hemos enfrentado en los últimos años, muchas veces, es que estos servicios buscan solicitar cosas que en ocasiones van más allá del ámbito de sus competencias, o que la ley específicamente no exige (…) Aquí se refuerza el criterio técnico de que todo esto tiene que hacerse con el deber de fundamentación. En aspectos de fondo, hay que entender que la regulación sustantiva en materia ambiental no se cambia: lo que se está haciendo es un ajuste desde el punto de vista procedimental”.

– ¿El fondo es bajar la cantidad de observaciones que llegan por proyecto?

– “Es solicitar lo que efectivamente la ley establece que se puede solicitar y no ir más allá de eso. Esto podrá, en algunos casos, redundar en un menor número de observaciones, o acotarlas o sintetizarlas, pero nosotros también podríamos aumentarlo. Va a tener distintos efectos, pero, nuevamente, desde el punto de vista procedimental, porque lo que la ley exige se tiene que cumplir y eso no se cambia”.

– ¿Y la participación ciudadana se ve afectada?

– “Los plazos de participación siguen, los estándares permanecen. Hay un tratado internacional, el Acuerdo de Escazú, y en ese sentido nosotros somos respetuosos de la institucionalidad y de las leyes; eso no se toca. Lo que sí se modifica tiene relación con la materia recursiva, es decir, la posibilidad de recurrir en contra de la resolución de calificación ambiental. Este proyecto busca hacerse cargo de un problema que se viene generando hace bastantes años: que personas que no participaron del proceso de participación ciudadana, que no hicieron observaciones, después piden la invalidación y dejan sin efecto la resolución. Este problema ha llevado a que los tres tribunales ambientales tengan cada uno una postura distinta, lo que genera incerteza”.

Retiro de 43 decretos:

“Fue un acto de responsabilidad”

El subsecretario defendió la decisión del Gobierno de retirar 43 decretos ambientales que se encontraban en trámite de toma de razón al asumir la actual administración, asegurando que la medida respondió a la necesidad de revisar su calidad técnica y jurídica antes de que entraran en vigencia.

Según explicó, el elevado número de decretos sorprendió al nuevo equipo ministerial, ya que durante el proceso de instalación se esperaba encontrar entre 15 y 20 documentos en tramitación. “Que fueran 43, y que un gran número se hubiera ingresado el día anterior, obviamente nos levantó la alerta”, sostuvo.

Vial señaló que la revisión permitió detectar errores técnicos relevantes y cuestionamientos al desarrollo de algunas consultas públicas. “Una mala regulación no solamente genera un costo económico, sino también desconfianza en la institucionalidad”, afirmó.

Respecto del avance del proceso, indicó que ocho decretos ya han sido reingresados a Contraloría, mientras otros dos o tres volverán a tramitarse en las próximas semanas. Añadió que algunos reglamentos, como el de evaluación ambiental estratégica, requieren un trabajo más complejo debido a la coordinación con otros ministerios y a la extensión de sus contenidos.