La oportunidad de hacer las cosas bien

La discusión sobre el futuro de la Zona Franca de Punta Arenas ha vuelto a instalar una pregunta de fondo: ¿Cómo debe proyectarse uno de los principales instrumentos de desarrollo económico de Magallanes para las próximas décadas? La respuesta exige mirar más allá de la contingencia y resistir la tentación de privilegiar soluciones rápidas por sobre decisiones estratégicas.

Aunque la legislación privilegia un proceso de subasta pública para otorgar una nueva concesión, siempre puede surgir, en determinados sectores, la idea de explorar fórmulas que permitan extender el contrato vigente. La cercanía del vencimiento de la actual concesión, la complejidad de preparar nuevas bases y la necesidad de evitar incertidumbres podrían alimentar esa tentación, junto con la búsqueda de mecanismos que hicieran viable un camino de esa naturaleza.

Precisamente por ello adquiere especial relevancia la señal entregada por el Gobierno Regional al descartar que una renovación de la actual concesión forme parte de su hoja de ruta y reafirmar que el objetivo es avanzar hacia un nuevo proceso licitatorio. No se trata de una postura meramente administrativa, sino de una definición que fortalece la institucionalidad y reafirma principios esenciales como la transparencia, la competencia y la igualdad de oportunidades.

Una nueva licitación no sólo permite que distintos actores puedan presentar propuestas, sino que abre la posibilidad de discutir qué Zona Franca necesita hoy Magallanes. El recinto ya no puede evaluarse únicamente por su tradicional función comercial. La logística asociada al estrecho de Magallanes, el desarrollo antártico, los servicios especializados, la innovación y el encadenamiento productivo exigen un modelo distinto al concebido hace varias décadas, cuando el contexto económico era completamente diferente.

Naturalmente, esta decisión también impone responsabilidades. El tiempo corre y el propio Gobierno Regional ha advertido que el proceso ya acumula retrasos y que la definición del nuevo modelo requiere el compromiso del Ministerio de Hacienda y de diversos actores públicos y privados. No basta con rechazar atajos; es indispensable imprimir urgencia al diseño de las bases para evitar que la falta de decisiones termine generando precisamente las condiciones que algunos podrían utilizar para justificar soluciones excepcionales.

Magallanes tiene la oportunidad de convertir este proceso en una discusión amplia sobre el papel que debe desempeñar esta plataforma de desarrollo económico durante los próximos treinta o cuarenta años. Esa oportunidad no debiera desperdiciarse. Cuando están en juego instrumentos tan relevantes para el empleo, la inversión y la competitividad regional, lo prudente no es optar por el camino más fácil, sino por el que otorgue mayor legitimidad y mejores perspectivas para el futuro.